La noche del domingo 25 de octubre a las 11:30 de la noche aproximadamente, dos adolescentes de 17 y 13 años resultaron heridas con tijeras de manicure por Mónica de 27 años, al enfrentarse a golpes en Ciudad Acuña. El caso no puede reducirse a una riña ni resolverse con una carpeta maquillada para salir del paso. Hay preguntas urgentes sobre la actuación de la Fiscalía, la Policía Municipal y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF): ¿quién debía proteger a las menores?, ¿por qué no se activaron a tiempo las medidas correspondientes?, ¿y qué se intenta dejar fuera del expediente?
Para entender lo ocurrido hay que conocer la historia de Mónica, la mujer de 27 años detenida. De acuerdo con el testimonio de un familiar cercano de ella, Pedro, padre de la adolescente de 13 años participante en el enfrentamiento, inició una relación con Mónica hace aproximadamente tres años y le aseguró que era soltero. Unos meses después, Ivón, esposa de Pedro, llegó al domicilio de Mónica y ahí ella supo que él estaba casado. Mónica le pidió a Pedro que no volviera y terminó la relación, pero él habría regresado varias veces. Tras esos episodios, Mónica denunció y obtuvo una orden de restricción contra Pedro. Según la misma fuente, Ivón siguió presentándose en la casa de Mónica y, desde hace varios meses, llevaba allí a las adolescentes, quienes presuntamente provocaban y causaban desmanes. Son testimonios que deben verificarse, pero describen un conflicto previo que la Fiscalía no puede ignorar al reconstruir los hechos.
La detenida habría denunciado también acecho y allanamiento, y la Fiscalía presuntamente rechazó recibir denuncias contra Ivón con el argumento de que, por ser ciudadana estadounidense, no podía actuar contra ella. Si esa respuesta ocurrió, es jurídicamente inadmisible: la nacionalidad no coloca a nadie fuera de la ley mexicana por hechos presuntamente cometidos en Coahuila. La Fiscalía debe aclarar si recibió esas denuncias, qué hizo con ellas y por qué habría dado semejante explicación.
La actuación de Ivón durante los hechos también requiere esclarecerse. Según el reporte de la Policía Municipal que refiere la documentación disponible, fue Ivón quien controló las declaraciones ante las autoridades desde el domicilio de la familia, declarando que “tienen problemas con Mónica, por lo que comienzan a discutir terminando en riña, donde al intercambio de golpes al verse en desventaja, comienza a agredirlas con un arma blanca tipo tijeras” no fue la madre de las adolescentes la que respondió a las autoridades, aunque estaba presente. Además, Ivón —hermana de una de las menores y madrastra de la otra— se hizo cargo de su hermana en el hospital. La madre de ambas a quien entrevisté no entró al hospital; dijo que no sabía cómo estaba su hija porque solo a la mayor le permitían el acceso. También afirmó que las adolescentes estaban “de visita”, sin precisar a quién visitaban ni si las acompañaba un adulto, a las 11:30 de la noche. Estos datos no prueban por sí solos una responsabilidad, pero sí exigen investigar quién tomó las decisiones sobre las menores y por qué.
La protección de las adolescentes no se satisface con documentar los hechos desde la casa de éstas, porque las corporaciones de auxilio no llegaron al lugar del enfrentamiento y fue mediante entrevistas con vecinos que ubicaron el domicilio de las adolescentes, según confirmación del director operativo de seguridad pública, Iván Olivo a este medio de comunicación, tampoco se justifica con aceptar sin examen, que se negaron a ser trasladadas a un hospital por parte de paramédicos de la Cruz Roja y lo harían por sus propios medios. La Policía debía documentar sus lesiones, verificar quién quedaba a cargo de ellas y comunicar la situación a las autoridades competentes. Si las buscaron y hasta allí la acción fue correcta; pero la Fiscalía, por su parte, tenía que esclarecer los hechos y activar las medidas de protección que correspondieran. La PRONNIF debía intervenir para evaluar si las adolescentes estaban seguras y si existían indicios de omisión de cuidados, exposición al peligro o manipulación por parte de adultos.
Sin embargo, el procurador de la PRONNIF en Acuña, Lic. Ricardo Alderete Lomas, dijo el martes 27 a este medio de comunicación, que no tenía conocimiento del caso y que la Fiscalía no le había notificado.
La noticia estaba en las redes sociales desde el domingo por la noche y la procuraduría de protección a niños y adolescentes no tiene que esperar a recibir una notificación de la fiscalía o una denuncia para actuar.
Solo después del cuestionamiento periodístico anunció que giraría un oficio para investigar el entorno familiar Si dos menores habían sido heridas, ¿cómo es posible que la autoridad encargada de protegerlas no supiera del caso? ¿Por qué el aviso no llegó antes? La explicación no puede descansar en trámites internos ni en el silencio de una dependencia.
La detenida fue liberada antes de que se cumplieran las 48 horas de que dispone el ministerio público para investigar y deslindar responsabilidades y que un juez revisara el expediente, según la información recabada. La Fiscalía habría encuadrado los hechos como una riña y tomado en cuenta la declaración de las jóvenes de que “se defendieron”, es decir, aceptaron que participaron en una riña y no fueron deliberadamente y por sorpresa atacadas por Mónica. Pero esa frase no resuelve quién inició la agresión, qué ocurrió antes ni si hubo adultos que expusieron a las menores al conflicto. Tampoco borra las denuncias previas de Mónica que fueron ignoradas, de acuerdo con el testimonio de un familiar cercano. Clasificar pronto el caso puede ser una decisión legal; hacerlo sin investigar todas las líneas y sin explicar las omisiones previas alimenta una sospecha grave: que se buscó cerrar el expediente antes de que alguien examinara la actuación institucional y con eso se protegen las autoridades en la materia; pero también estarían permitiendo de ser así, que las adolescentes sigan siendo manipuladas y corrompidas.
Contexto Local en Ciudad Acuña
Aumento de pandillas: Reportes de seguridad local señalan una expansión de pandillas juveniles y actos de vandalismo, impulsados en gran medida por problemáticas de adicción como el consumo de cristal. Colonias periféricas, como el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.
Principales delitos: Las faltas y delitos más comunes cometidos por menores en la región norte del estado incluyen lesiones, robos, amenazas y delitos relacionados con el narcomenudeo, en gran medida estos jóvenes provienen de familias disfuncionales. (La estadística más precisa de seguridad pública municipal no llegó a tiempo a esta redacción)
Familiares de las adolescentes se manifestaron en las instalaciones de la fiscalía del estado el martes 27, al enterarse de que Mónica sería liberada y de acuerdo con testimonio de testigos, amenazaron a Mónica con hacerle daño; por lo que el miércoles 28, Mónica y su familia solicitarían medidas de protección de la Fiscalía. Por eso es importante conocer la verdad y la actuación de las autoridades, porque cuando son omisas y negligentes, conducen a provocar hechos trágicos.
Hay registros y testimonios que deben analizarse con garantías, incluyendo un video referido por una fuente. Ningún material aislado sustituye una investigación completa. La Fiscalía debe preservar y revisar la evidencia, escuchar a las adolescentes con personal especializado y evitar entrevistas que las intimiden o induzcan. La PRONNIF debe evaluar su entorno sin convertir una intervención de protección en un juicio anticipado contra ellas o sus familias. Sin embargo, los padres o tutores de las adolescentes deben responder ante la autoridad competente sobre las conductas de éstas y debe sancionarse a quien pudiera estarlas induciendo a cometer delitos.
La corrupción no siempre aparece como un soborno a la vista. También puede expresarse en denuncias que no se reciben, órdenes que no se hacen cumplir, avisos que no se envían y decisiones apresuradas que evitan el escrutinio judicial. No afirmamos que esas conductas estén probadas; exigimos que se investiguen. Cuando las instituciones se cubren entre sí, la negligencia deja de parecer accidental.
La Fiscalía debe informar qué denuncias recibió, qué medidas adoptó y por qué liberó a la detenida sin llevar el caso ante un juez. La Policía Municipal debe explicar cómo atendió a las adolescentes y con quién las dejó. La PRONNIF debe precisar cuándo abrió su expediente y qué medidas de protección dictó. Y los órganos de control deben investigar si hubo omisiones, abuso de autoridad o encubrimiento.
El interés superior de la niñez no puede ser un lema para los informes oficiales. Se demuestra protegiendo a las menores, investigando a los adultos involucrados y rindiendo cuentas. En Acuña, las preguntas siguen abiertas. Lo que no puede seguir abierto es la puerta a que la burocracia las cierre antes de que aparezca la verdad…
Soy Gloria Ruiz, la voz del pueblo, la válvula de escape para muchos, la politóloga del proletariado.
To be continued.
