¿SERÁ VERDAD?

La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®. A algunos se les está acabando el tiempo y lo peor es que todavía no lo saben. Esta semana el reloj del caso SIMAS dejó de ser una figura retórica y se convirtió en calendario judicial: cumplido el plazo constitucional, los detenidos del operativo del domingo 13 fueron presentados ante un juez de Control y quedaron vinculados a proceso por operación de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, con prisión preventiva mientras dure el procedimiento. La carpeta ya tiene número, FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025, y el proceso puede extenderse entre uno y dos años. Traducido del jurídico al lagunero: esto no fue un susto, es una temporada completa. El mapa carcelario quedó así, y conviene anotarlo porque cada domicilio significa algo. José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento, está en el Cefereso de Almoloya de Juárez. Martha Esther Rodríguez Romero, quien hasta principios de este mes dirigía el Centro de Justicia Municipal de Torreón, en el Cefereso 16 Femenil de Morelos. El resto de los detenidos —el chofer y escolta José Feliciano Hernández Hinojo, alias El Olimpo; Farid Ali Ibarra Nassar, y la apoderada legal Georgina Ramírez Chacón— en un penal federal de Oaxaca. Y en el Altiplano, por cuerda separada, Mario Miguel de la Fuente Zeind, exfuncionario del Registro Agrario Nacional que se hacía pasar por director general de la Unidad de Inteligencia Financiera con credencial apócrifa para ofrecer bloqueos y desbloqueos de cuentas bancarias a cambio de millones. Cuatro penales federales para un solo entramado lagunero. Que alguien le explique a esta ciudad cómo llegamos aquí. Pero la nota de la semana la puso el diputado Antonio Attolini Murra, y la puso con documento. Publicó el acta de fallo de la licitación del SIMAS y preguntó públicamente si alguien ha visto a Jesús Eduardo Balderas Soto, porque —dijo— lo anda buscando la Fiscalía General de la República para juntarlo con unos amigos suyos que andan de viaje por el Altiplano. En el papel que exhibió, el nombre de Balderas Soto aparece firmando junto a Georgina Ramírez Chacón y a Farid Ali Ibarra Nassar, los tres como representantes de Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S.A. de C.V., la empresa fantasma que cobró sin existir. De los tres firmantes, dos ya están en penales federales. Falta uno. Y si el diputado lo publica con acta en mano, es porque la pregunta no es retórica. Ahora bien, en esa misma acta hay un renglón que nadie ha querido leer en voz alta y que esta columna va a leer completo. En el apartado de firmas aparece, por la Contraloría Municipal, la C.P. Verónica Colunga Rivas. Es decir: el órgano interno de control del Ayuntamiento estuvo presente y suscribió el acto donde se le adjudicó un contrato millonario a una sociedad sin empleados, sin gastos de operación y con domicilio fiscal en una casa vacía. No estamos afirmando responsabilidad de nadie; estamos señalando un hecho documental que consta en un papel público. Pero la pregunta se cae de madura: ¿qué revisó la Contraloría antes de firmar? ¿Y si no revisó nada, para qué estaba ahí? Porque si el contralor firma, la firma vale; y si no vale, entonces sobra el contralor. El senador Luis Fernando Salazar, que fue quien destapó todo esto en junio de 2025 y lo llevó a la FGR, a la UIF y al SAT, lo dijo esta semana sin rodeos: faltan más personas, y las que faltan vienen del área de finanzas del Municipio y del SIMAS. Sus palabras: los que licitaron, los que supervisaron las obras y los que pagaban. Estimó que las próximas detenciones podrían darse en los siguientes días, y que lo que sigue es seguir la ruta completa del dinero para establecer quiénes participaron, quiénes autorizaron, quiénes supervisaron y quiénes realizaron los pagos. Recuerde el lector que el origen fue un convenio con la Comisión Nacional del Agua para rehabilitar y dar mantenimiento a 16 pozos de agua potable. Los equipos nunca se instalaron y las colonias llevaban tres años sin agua. Y aquí va el dato de pasillo que esta Comadre recibió y que vale más que cualquier declaración. Nos cuentan que cierto exgerente del organismo operador anda muy campante por las calles de esta ciudad, repartiendo saludos y diciéndole a quien se deje que él está muy tranquilo, que con él no va nada. Curioso. Exactamente eso mismo decía Pepe Ganem hace unas semanas, cuando todavía escogía restaurante y no celda. Veremos si la próxima semana sigue diciendo lo mismo con la misma soltura, porque si la palabra del senador vale —y hasta ahora ha valido cada vez— el cronómetro ya está corriendo y no lo puso esta columna. Del patrimonio, la Fiscalía aseguró la mansión de Ganem Guerrero en el exclusivo fraccionamiento Rincón del Montero, en Parras de la Fuente. Los números son de escándalo: más de 40 millones de pesos de valor, más de 4 mil metros cuadrados de terreno y al menos 1,200 construidos con materiales de alta calidad. Adentro fueron asegurados muebles, pinturas y jarrones de gran valor. A eso súmese lo que ya sabíamos: 200 mil pesos en efectivo y joyería en la residencia de Torreón, y 2 millones de pesos en efectivo al escolta. Y ahora las dos preguntas que nadie está haciendo y que esta columna sí hace: ¿de quién era antes esa propiedad y a quién se la compró? Porque una casa de 40 millones en Parras no se consigue en el periódico. Alguien la vendió, alguien la escrituró y alguien cobró. ¿Están esos nombres también en la trama? Y hay más, porque entre lo asegurado en los cateos habría documentación que apunta a algo que en su momento publicamos como trascendido y que hoy toma forma: el matrimonio preparaba su salida del país. Nos informan de manera extraofical que Ganem ya habría obtenido la ciudadanía española y que adquirió vivienda allá precisamente con esa finalidad, la de sustraerse de la justicia mexicana. Si eso se confirma, la conclusión es una sola: sabían. Y si sabían, alguien les avisó. De ahí se desprende la pregunta que debería quitarle el sueño a más de uno en el edificio de Plaza Mayor: ¿habrá otros exfuncionarios municipales en esa misma situación, con papeles en orden y maleta lista, que hoy estén bajo investigación? Porque los pasaportes no se tramitan en una tarde. Capítulo aparte merece otra denuncia que el senador Salazar presentó y que aquí seguimos con particular interés. Acudió a la FGR y también por la vía civil contra la página de Facebook llamada Unión Ciudadana contra la Delincuencia Coahuila, por publicaciones anónimas con acusaciones falsas contra empresarios, ciudadanos y actores políticos de La Laguna. Presentó la primera acción el 29 de julio y la amplió el 15 y el 18 de septiembre, y está solicitando que las autoridades requieran a Meta la identidad de quienes administran ese perfil. El propio senador señaló que los testimonios que ha recibido apuntan a personas vinculadas anteriormente con la administración municipal de Torreón, aunque prefiere esperar la información oficial antes de soltar nombres. Nosotros, que llevamos meses describiendo a ese personaje sin nombrarlo, sí nos animamos a formular las preguntas: ¿qué relación tenía el responsable de esa página con Pepe Ganem? ¿Eran socios, cómplices, empleados? ¿Quién dependía de quién y quién le pagaba a quién? Porque una operación de difamación sostenida durante años cuesta dinero, cuesta diseñadores y cuesta servidores. Alguien financiaba eso. Cuando Meta entregue los datos, La Laguna se va a llevar una sorpresa del tamaño de la que ya se llevó en septiembre. Cambiamos de expediente, al asunto que desde hace semanas venimos empujando y que cada día tiene más sustento. Napoleón Murillo Favela, encargado de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Torreón. Desde que lo publicamos, los reportes no han dejado de llegar de ciudadanos y de trabajadores del propio Municipio, y juntos dibujan una trayectoria patrimonial que ya no se explica sola. Hablan de una quinta en Ciudad Nazas. De una casa adquirida en el fraccionamiento Chapultepec. De autocompras, es decir, material que el departamento de Alumbrado adquiere a la ferretería propiedad del propio funcionario que autoriza la compra. Y ahora, de varias camionetas de lujo de modelo reciente. Pero lo verdaderamente elocuente es el arco completo, y aquí lo escribimos sin adornos: este personaje pasó de ser paracaidista, de vivir en una casa invadida, a residir hoy en un fraccionamiento de clase media alta. Con el sueldo de un empleado municipal. Así, entre signos de interrogación. Que quede claro para que nadie se confunda: el problema no es que tenga. Ojalá todos los trabajadores de este Ayuntamiento prosperaran. El problema es cómo, con qué ingreso y en qué plazo. Un encargado de área municipal cobra un sueldo público, verificable y publicado en el portal de transparencia, y esa cifra no da para quintas, ni para casas nuevas, ni para flotillas. En esta comarca existe una frase que se usa como unidad de medida cuando alguien se pasa de la raya: robó más que los Moreira. Se dice medio en broma, casi siempre exagerando, porque durante años ésa fue la vara más alta que teníamos. El problema empieza cuando uno hace las cuentas de un encargado de alumbrado público y la frase deja de sonar a exageración. Y es que ahí está el verdadero escándalo de este municipio: no en los grandes nombres que ya están en penales federales, sino en que un jefe de área haya podido construir un patrimonio en cuestión de años y que nadie, absolutamente nadie, le haya hecho una sola pregunta. Por eso volvemos a solicitarlo formalmente a la Contraloría Municipal: que se contraste la declaración patrimonial de ese funcionario contra los bienes que hoy se le atribuyen, que se revise el padrón de proveedores de Alumbrado Público frente al registro de negocios de su titular y sus familiares directos, y que se verifiquen las unidades registradas a su nombre o al de sus parientes. Un expediente, un cotejo, una semana. Y si quieren pruebas, aquí las tenemos y con mucho gusto se las hacemos llegar. Solo hay que pedirlas. En el terreno del reacomodo municipal, la lista que publicamos hace semanas sigue cumpliéndose con una puntualidad que ya raya en lo incómodo. Esta semana salieron Óscar Gerardo Luján Fernández de la Contraloría Municipal —de quien dijimos el 2 de septiembre que estaba en la mira por las observaciones de auditoría de su etapa como tesorero—, Eduardo Terrazas Ramos del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad, y Gerardo Viesca, además de relevos en Servicios Administrativos y en la Junta Municipal de Reclutamiento. Y siguen pendientes, según nos confirman, las salidas de Fernando Villarreal Cuéllar de Servicios Públicos y de Héctor Estrada Baca de Desarrollo Social, que llevan meses colgados de la brocha. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís fue claro el martes: todas las dependencias siguen bajo proceso constante de análisis y la permanencia de cualquier funcionario dependerá estrictamente de sus indicadores de desempeño. Le preguntaron específicamente por Obras Públicas y por Atención Ciudadana y prefirió no adelantarse. En el idioma del séptimo piso, no adelantarse significa exactamente lo que usted está pensando. Y cerramos con un tema que es nacional pero que se cobra aquí, en La Laguna. Esta semana Excélsior publicó una investigación sobre Alfonso Cepeda Salas, senador de Morena y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el retrato es el de un cacique de manual. No llegó a la dirigencia por elección de la base magisterial, sino por un acuerdo político entre liderazgos para cubrir un interinato que ya lleva 8 años. Profesores de distintas secciones lo acusan de venta de plazas, promociones y permisos laborales, y de recibir comisiones por convenios comerciales con empresas que le venden al magisterio a sobreprecio; un maestro con 39 años de servicio lo comparó textualmente con las tiendas de raya de las haciendas porfirianas. El sindicato dispone de un Learjet 60XR, matrícula XB-UOC, adquirido en 2015, que según denuncias públicas hizo 95 vuelos en los últimos 6 meses, con Acapulco como destino frecuente. Y el dato que debería indignar a cualquiera que haya pasado por un salón de clases: un salario bruto de 550 mil pesos mensuales, unos 400 mil netos, frente a los 15 o 18 mil que gana un profesor frente a grupo. Veintidós veces más. Ya se le atribuye el título del nuevo Jonguitud Barrios, y hay que decir que la comparación no está forzada. Carlos Jonguitud controló el SNTE de 1972 a 1989 desde Vanguardia Revolucionaria, no como representante electo sino como cacique, hasta que el poder que lo puso lo quitó. Ocho años de interinato, control sin elección de base, avión propio, red de plazas y ambición de gubernatura: cámbiele la fecha y es la misma fotografía. Súmele que el propio Cepeda ha dicho que nació y se desarrolló políticamente en el grupo de Humberto y Rubén Moreira, que creció bajo la estructura de Elba Esther Gordillo, y que hoy es senador de Morena aspirando a la candidatura al gobierno de Coahuila en 2030. Ahí tiene usted la trayectoria completa del sistema que supuestamente fue superado. Si de comparar se trata, hay quienes no cambiaron de método: solamente cambiaron de membrete. Pero lo que a esta columna le duele es el capítulo lagunero, porque las acusaciones más severas vienen precisamente de las secciones 35 y 38, donde Cepeda Salas construyó su carrera durante cuatro décadas. Profesores inconformes cuestionan la edificación de complejos recreativos, las llamadas áreas sociales, levantados en predios de hasta cuatro hectáreas y completamente bardeados, en San Pedro, Francisco I. Madero y Matamoros. Y entre ellos, una alberca con capacidad para 500 mil litros de agua en San Pedro. Medio millón de litros. En La Laguna. En plena crisis de desabasto. Deténgase el lector a pensarlo: mientras en Torreón unos se robaban el dinero destinado a rehabilitar los pozos y colonias enteras cumplían tres años sin agua, a unos kilómetros se llenaba una alberca sindical de medio millón de litros. El agua de esta comarca no se ha perdido solamente por quienes la robaron: también por quienes la usaron para hacer política. Y los maestros, que son los que menos ganan en toda esta historia, siguen esperando que ese dinero se convierta en prestaciones. Una vez más están servidos nuestros lectores… ¡Comparte esta columna! Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx