¿SERÁ VERDAD?

La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®. Hay preguntas que no necesitan respuesta para hacer daño. Basta con que se formulen en el lugar correcto y a la hora correcta para que media docena de personas dejen de dormir. Esta semana esa pregunta recorrió los pasillos del poder lagunero con una redacción escueta y demoledora: ¿ya hay órdenes de aprehensión libradas por el desfalco del SIMAS Torreón? Nadie la confirmó. Y lo que es mucho más elocuente: nadie la desmintió. En este oficio uno aprende pronto que el silencio tiene texturas, y que el de quien no sabe nada suena distinto al de quien sabe demasiado. El que se escuchó esta semana fue del segundo tipo. Las señales ahí están, para quien quiera leerlas. Nos cuentan que hubo consultas urgentes con despachos que normalmente no atienden asuntos municipales. Que ciertos teléfonos dejaron de contestar a partir del martes. Que hay quien de pronto descubrió compromisos familiares fuera del estado y quien, con una prudencia conmovedora, canceló su agenda pública de las próximas semanas. Y que en más de una sobremesa se plantea, en voz baja, la pregunta que verdaderamente importa: si el papel existe, ¿cuántos nombres trae? Porque un desfalco de esta escala no lo firma una persona sola: requiere quien facture, quien autorice, quien valide y quien mire hacia otro lado, y esa cadena tiene eslabones que todavía despachan con nombramiento vigente. Aquí ya publicamos las cifras, la mecánica y la razón social de la empresa fantasma que cobró sin existir. Faltaba lo único que no depende de esta pluma: la fecha. Y todo indica que la fecha ya se puso. A los que andan preguntando quién trae la lista, les decimos con cariño que dejen de buscarla: cuando esas listas circulan, el último en enterarse siempre es el que aparece en ella. Al terreno de lo verificable. La revisión de nómina que arrancó con aquel pago por cheque sigue produciendo hallazgos, y de esa criba cuelgan las salidas que ya se descuentan en Servicios Públicos. Van dos peticiones a la autoridad, y las hacemos con destinatario. A la Contraloría Municipal: que informe cuántos titulares y encargados de área ostentan un grado profesional que no esté acreditado en su expediente, y que empiece por Alumbrado Público, donde el responsable firma y se ostenta como ingeniero pese a que quienes lo conocen desde hace años aseguran que no concluyó siquiera la instrucción primaria. No es esnobismo académico: en un área que autoriza instalaciones eléctricas en la vía pública, el título de quien firma no es adorno del membrete, es responsabilidad legal con consecuencias, y el día que ocurra un accidente nadie va a preguntar por el organigrama, van a preguntar por la firma. A la Tesorería y al Órgano Interno de Control: que se cotejen los padrones de proveedores de las direcciones operativas contra los registros de negocios de sus funcionarios y de sus familiares directos, porque una ferretería y una dirección que compra material eléctrico jamás deberían coincidir en la misma agenda telefónica. Y ahí el mismo funcionario vuelve a aparecer: el encargado del alumbrado público de esta ciudad ha conseguido, a la par del servicio público, lo que la mayoría de los empleados municipales no logra en toda una vida de trabajo, pues es dueño de una ferretería y de un restaurante que en la Comarca todo mundo ubica sin necesidad de que aquí los nombremos. Uno se pregunta en qué horario se atienden dos negocios mientras se despacha una dirección municipal y, sobre todo, con qué capital se levantan. Como se dice por estos rumbos: ¿pues en qué trabaja el muchacho? Un expediente, una copia certificada, cinco minutos, y el asunto queda aclarado o queda exhibido. Aquí publicamos íntegra y sin editar la respuesta de quien quiera darla. Donde el orden ya es visible es en Catastro. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta a la nueva Junta Catastral con una instrucción que no es retórica: apego a la ley, reglas claras y certeza para propietarios e inversionistas. Ahí quedaron representados el Municipio, el Instituto Registral y Catastral, la Cámara de la Propiedad Urbana, los valuadores y los sectores agrícola y ganadero, junto a Evelyn Berenice Hernández Tovar, la nueva directora. Recuerde el lector que Catastro está bajo revisión en la investigación del cártel inmobiliario, por el que decenas de familias laguneras pagaron de buena fe casas y terrenos que nunca fueron suyos y por el que ya cayó en Madrid el extitular de la Notaría 45. Que una junta ciudadana y gremial vigile ese proceso es el seguro de que lo que se limpie no se vuelva a ensuciar. En el agua hay por fin noticias que se pueden tocar. Está por concluir la interconexión del pozo Periodistas, que atenderá al oriente de la ciudad, hoy el sector con peor abasto, y sigue en marcha el pozo de la colonia Lázaro Cárdenas que devolverá el suministro al Campestre y a Torreón Jardín, dentro de los más de ochenta millones de pesos invertidos en rehabilitar pozos, colectores y rebombeos. La perspectiva histórica lo explica todo: mientras unos vendían el agua de un sistema que funcionaba para luego repartirla en pipas, hoy se perforan pozos nuevos. Una administración entendió que el agua es un servicio; la otra la trató como mercancía. En Saltillo ocurrió algo que merece más atención de la que le dio la prensa. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, a través de su presidente, abrió las puertas de Ciudad Judicial a tres públicos distintos en días consecutivos: a los medios de comunicación, en el recorrido que encabezó junto con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez; al consejero presidente y a los consejeros del Sistema Estatal Anticorrupción, a quienes mostró el nuevo modelo de gestión judicial con énfasis en transparencia; y a la señora Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, de cuya coordinación con el Poder Judicial nació el Juzgado Especializado en Adopciones. Prensa, órganos de control y frente social en una sola semana. Deténgase el lector a pensar cuántos poderes judiciales en México están haciendo eso ahora mismo. La respuesta es incómoda: prácticamente ninguno. Y lo que hay adentro sostiene el gesto, porque abrir las puertas cuando no hay nada que mostrar es apenas una campaña. El Presidente anunció que la inteligencia artificial será el sello del Poder Judicial de Coahuila, con un programa de jueces sin rostro —avatares generados por IA para proteger la identidad de juzgadores y defensores en audiencias de alto riesgo— que no es juguete tecnológico, sino la diferencia entre que un juez resuelva conforme a derecho o resuelva pensando en su familia. Ya se emplea IA para analizar criterios de la Suprema Corte, el sesenta por ciento de los juicios se desahoga en modalidad oral y digital, y en octubre se entrega un sistema vinculado con la Fiscalía que permitirá seguir un expediente desde la carpeta de investigación hasta la causa penal: justamente el punto por donde en México se caen los casos, la costura entre quien investiga y quien juzga. Digámoslo sin timidez, porque en esta región se agradece poco lo que se hace bien: lo que está construyendo el Presidente no es la modernización de un tribunal, es un modelo de justicia que otros estados van a terminar copiando. Detener sin sentenciar es teatro; sentenciar sin transparencia es sospecha. Coahuila hace las dos cosas a la vez, y ése es el activo que explica que el gobernador Manolo Jiménez Salinas siga anunciando inversiones, con más de ciento sesenta proyectos por unos ciento cincuenta y ocho mil millones de pesos y cerca de setenta mil empleos en lo que va de la administración. Ningún capital serio se instala donde los contratos no se pueden hacer valer ante un juez. Y ya que hablamos de certezas, cerramos con la que Nuevo León quiere quitarnos. El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad un exhorto, a propuesta de la diputada Edna Dávalos, para que el gobierno de Samuel García revise las reglas del llamado pase turístico, que entra en vigor el veintiuno de octubre y limitará a treinta días acumulados al año la circulación de vehículos con placas de otras entidades. El gobernador Manolo Jiménez cuestionó abiertamente su constitucionalidad. Piense el lector en el lagunero que cruza a Monterrey a trabajar y en el estudiante que va y viene cada semana. Una frontera interior entre dos estados hermanos, cobrada en trámites y en multas, no es política pública: es ocurrencia con uniforme. Una vez más están servidos nuestros lectores… ¡Comparte esta columna! Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx