¿SERÁ VERDAD?

La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®. Hay una palabra que en el lenguaje judicial mexicano no significa lo que la gente cree, y esta semana les cambió la vida a 5 personas en Torreón. La palabra es vinculación. Quien la escucha en la calle supone que es un trámite; no lo es. Significa que un juez federal revisó lo que la Fiscalía puso sobre la mesa, lo consideró suficiente y abrió formalmente el juicio. El jueves 28 de septiembre se pronunció con 5 nombres: José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento; Martha Rodríguez, su esposa y extitular del Centro de Justicia Municipal; José Feliciano Hernández Hinojo, su jefe de escoltas al que en el expediente le dicen El Olimpo; Farid Ali Ibarra Nassar; y Georgina Ramírez Chacón. Los delitos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En español llano, lavado de dinero cometido no por una persona, sino por un grupo estructurado para hacerlo. El juez impuso prisión preventiva oficiosa a los 5, que quiere decir que no se discutió, no se negoció y no se ofreció garantía: la ley ordena que estos delitos se enfrenten desde dentro. Y fijó 3 meses de investigación complementaria, que son el corazón del asunto. No son una pausa: son el periodo en que la Fiscalía tiene que acreditar quién, cuándo, cómo, dónde y por qué se realizaron las operaciones. Cada transferencia con fecha, cada empresa con acta constitutiva, cada firma con nombre, cada beneficiario con rostro. Al final habrá un expediente que ya no se podrá desmentir en una rueda de prensa. Quienes hoy respiran tranquilos porque su nombre no apareció el jueves deberían entender que la lista del jueves no es la final: es la inicial. Y hay un dato que cambia la lectura del caso y que casi nadie subrayó. Esta investigación no nació de una denuncia local, ni de un pleito entre grupos, ni de una filtración de campaña: nació en noviembre de 2025 de un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera. No la abrió un enemigo político, la abrió el sistema financiero mexicano al detectar movimientos que no cuadraban. El hilo del que jalaron no fue una acusación, fue un patrón de dinero. Y el dinero no tiene lealtades ni memoria selectiva: deja huella en cada cuenta por la que pasa. Por eso este expediente es distinto a todos los que Coahuila ha visto desde el Moreirato: no se construyó hacia adelante buscando culpables, se construyó hacia atrás siguiendo depósitos. En ese mapa hay una casilla vacía que ya grita: Roberto Escalante González, exgerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. El 21 de septiembre promovió un amparo indirecto ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna contra cualquier acto que afectara su libertad, y se le admitió al día siguiente. Hasta ahí, un movimiento de manual. Lo que vino después no lo fue: le negaron la suspensión provisional y tuvo que promover una queja. Traducido para quien no vive en los juzgados, el señor pidió un paraguas antes de que empezara a llover y el juez le respondió que no había paraguas. Desde entonces en esta redacción nos preguntan lo mismo que nosotros preguntamos: ¿dónde está Roberto Escalante? A las oficinas no ha vuelto, a los actos no se le ve y en su círculo nadie contesta. Nos dicen que ese círculo anda nervioso, y se entiende: cuando alguien tramita un amparo contra una detención que oficialmente no existe, es porque sabe algo que oficialmente tampoco existe. Y aquí viene lo que mejor describe el momento político de Torreón, porque no es un hecho sino una ausencia: el silencio. Nadie del equipo cepedista se ha atrevido a hablar del tema. No en declaraciones, tampoco en reuniones oficiales, donde el asunto simplemente no se agenda, ni en las extraoficiales, donde antes se hablaba de todo. Se instaló un acuerdo tácito de no mencionar lo que todos piensan, como si pronunciar el nombre invocara la carpeta. Lo llaman prudencia. Es miedo, y de un tipo específico: no a lo que ya pasó, sino a no saber quién sigue. El silencio colectivo solamente es racional mientras todos crean que nadie va a romperlo, y la ley premia lo contrario: el primero que colabora accede a un criterio de oportunidad y negocia; los que llegan después ya no negocian, se enteran. Es una carrera donde el segundo lugar no existe, y le acaban de poner cronómetro. Mientras eso se cocina en los juzgados federales, el alcalde Miguel Ángel Riquelme sigue barriendo el gabinete sin anestesia. Esta semana salió Óscar Gerardo Luján Fernández de la Contraloría Municipal y Eduardo Terrazas Ramos del IMPLAN. No hace falta ser suspicaz para notar la coincidencia: en un municipio donde la Fiscalía federal investiga operaciones que rebasan los 66 millones de pesos ligados a recursos del SIMAS, el área que se releva es precisamente la que tenía por encargo detectarlo. Alguien debería preguntar, por escrito, qué revisó la Contraloría de Torreón entre 2022 y 2025. Y no terminan ahí los movimientos: en la lista de pendientes siguen Fernando Villarreal, en Servicios Públicos, y Héctor Estrada Vaca, en Desarrollo Social, de quien ya dimos cuenta de la bodega llena de impermeabilizante que le encontraron, ese tipo de hallazgo que nadie sabe explicar cuando le preguntan y que todos entienden cuando se los cuentan. En Protección Civil no habrá relevo definitivo: Jorge Luis Juárez Llanas tuvo un buen susto que lo mandó al hospital, ya está estable, y le mandamos un abrazo. Y hay un frente que nadie nombra en Torreón, pero del que ya se habla en Saltillo, el más delicado porque ahí se firman los cheques: en la Tesorería la lucha de poder no cesa, con dos apellidos, Barrios y Lechuga, midiendo fuerzas justo cuando la Fiscalía revisa el manejo de recursos de la administración anterior. Quién gana el pulso lo resolverá el alcalde cuando se le acabe la paciencia. Lo que no tiene explicación es que la dependencia encargada de cuidar el dinero público esté ocupada en una guerra de oficina. En la administración pasada los pleitos internos también parecían inofensivos, hasta que uno terminó en un juzgado de distrito. Del lado de las buenas noticias, el cariño entre el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Riquelme se está midiendo en el único lenguaje que en política no admite simulación: el presupuesto. Llegarán recursos estatales para agua potable y drenaje mientras el Ayuntamiento concentra su gasto en pavimentación, bacheo, cárcamos sanitarios y los brotes de aguas negras de varias colonias. Y hay un gesto que en esta ciudad no se estila: el alcalde dejó de lado el paso a desnivel de El Campesino para concentrar todo en servicios básicos. Un puente se inaugura con tijeras, moño y fotografía; un cárcamo sanitario no se inaugura nunca. Que un presidente municipal de Torreón prefiera el drenaje sobre la placa conmemorativa dice bastante del actual, y dice más de quien lo antecedió. Vamos con un asunto que en esta redacción no se ha soltado: Napoleón Murillo Favela, titular de Alumbrado Público. Quienes lo tratan de cerca nos cuentan que anda diciendo, sin discreción alguna, que a él nadie le va a hacer nada porque está bien protegido. Vale la pena detenerse en esa frase, porque dice más de lo que él cree: quien se sabe limpio no necesita protección; quien la invoca admite que hay algo de qué protegerse. En esta columna ya escribimos la misma advertencia sobre otros exfuncionarios que también se sentían blindados y que hoy la están pasando muy mal en un centro federal: el blindaje en Coahuila tiene una vida útil sorprendentemente corta. Pero lo que nos reportan es más grave que una frase envalentonada: nos dicen que se le nota nervioso y preocupado, y que anda haciendo exactamente lo que se hizo en el SIMAS, destruyendo documentos y quemando papeles para que nadie los pueda revisar. Desde que empezamos a publicar las irregularidades que nos han llegado, se le ha visto extrayendo cajas de documentación de su oficina. Qué cosa tan curiosa que un funcionario ande sacando archivo oficial del lugar donde por ley debe permanecer. El archivo de una dependencia no es propiedad de quien la encabeza: es patrimonio documental del municipio, y destruirlo no es una travesura administrativa, es una conducta con nombre en el Código Penal. Sugerencia para el nuevo contralor: antes de revisar las cuentas de Alumbrado Público, convendría revisar si todavía existen. Y las camionetas de lujo de modelo reciente siguen ahí, a la vista de todos. El problema nunca fue que las tenga. El problema sigue siendo cómo. Y algo que hay que reconocer sin reservas, porque criticar cuando se hace mal obliga a aplaudir cuando se hace bien. Las lluvias de esta semana golpearon buena parte de la ciudad, con afectaciones que incluyeron la interrupción del servicio de energía eléctrica en bulevares y zonas habitacionales completas. Fue la primera prueba de fuego real para el SIMAS de Xavier Herrera y para el alcalde Riquelme, y la superaron sin contratiempos: se restablecieron los servicios, se limpiaron las calles en tiempo récord y la ciudad volvió a la normalidad antes de que la molestia se convirtiera en reclamo. Eso no ocurre por suerte, sino porque hay cuadrillas organizadas, protocolos previos y alguien arriba que sabe qué llamada hacer a qué hora. Se nota la experiencia y se nota la capacidad de gobernar. A los torreonenses que llevamos años viendo cómo una tormenta de 40 minutos paralizaba la ciudad 3 días, la diferencia nos quedó clara. Cerramos con la foto grande. El lunes 29 de septiembre el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó el Modelo Coahuila en el Senado de la República: que el estado no cede territorio al crimen organizado, que el modelo se sostiene en 15 años de continuidad, que se invirtió de manera exponencial en ciberseguridad frente a la extorsión y el fraude digital, y que Coahuila construyó con recursos propios 10 cuarteles para la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal en la frontera. Ya confirmó que el presupuesto de seguridad se reforzará para 2027, y en paralelo le planteó a la Presidenta un traje a la medida para reactivar Altos Hornos de México. Un gobernador priista exportando su modelo de seguridad al Senado de una mayoría que no es la suya, y siendo escuchado. Eso, en la política mexicana de hoy, no es un logro menor. Ahí está el retrato de la semana, con sus dos velocidades. Mientras el estado va al Senado a explicar cómo se gobierna, el municipio recibe diligencias de la Fiscalía federal por cómo se gobernó. Mientras en Saltillo se discute el presupuesto de 2027, en Torreón se discute quién declara primero. La diferencia entre las dos Coahuilas no la marcó la ideología: la marcaron unos cuantos funcionarios que creyeron que el dinero público no dejaba huella. Faltan 3 meses de investigación complementaria. Nosotros los vamos a contar de a uno, y aquí. Por cierto, a quien ande quemando papeles: el archivo digital no arde. Si quieren pruebas, las tenemos. Una vez más están servidos nuestros lectores… ¡Comparte esta columna! Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx