¿SERÁ VERDAD?

La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®. ¡Se los dije, se los dije, se los dije!... Y no lo escribimos por presumir —bueno, un poco sí—, sino porque en este oficio la única credencial que vale es la de haberlo dicho antes. Desde el primer día de esta administración esta columna fue enumerando, uno por uno, los nombres que iban a salir del séptimo piso y las razones por las que iban a salir. Nos leyeron con escepticismo, algunos con burla y unos cuantos con nerviosismo mal disimulado. Pues bien: esta semana el Cabildo se sentó a formalizar lo que aquí se anticipó, y la lista de relevos empezó a coincidir, con una puntualidad casi ofensiva, con la que publicamos hace semanas. A los que se rieron, ni modo. A los que se pusieron nerviosos, les decimos que hicieron bien, porque esto apenas va a la mitad. La señal más elocuente de la semana no fue un nombramiento: fue un cheque. La nómina de la Dirección de Servicios Públicos se pagó con cheque y no por transferencia, y quien conozca mínimamente el funcionamiento de un ayuntamiento sabe exactamente lo que eso significa. No es un problema bancario ni un capricho de la Tesorería: es el método más viejo y eficaz para obligar a que cada trabajador se presente físicamente a cobrar, con identificación en mano. Traducido del administrativo: se está peinando la nómina para detectar aviadores. Y nos dicen que son muchos, muchísimos, concentrados sobre todo en La Ola, esa brigada de limpieza que en los boletines aparecía barriendo bulevares y que en la práctica sirvió también para otras cosas. El que no fue a cobrar su cheque ya se retrató solo. No hay auditoría más barata ni más humillante que ésa. En la misma tanda de bajas apareció otro caso que ilustra cómo se armaron algunas plantillas en la administración anterior: la del joven Luis Guerrero, adscrito al área de Atención Ciudadana que encabeza Christian López, y cuya cercanía personal con el titular era vox pópuli dentro del edificio. No nos interesa la vida privada de nadie y no es ése el punto. El punto es que una plaza pagada con dinero de los torreonenses no es un obsequio que un director le extienda a su círculo íntimo, y que el conflicto de interés no deja de serlo por el hecho de que a todos les parezca simpático. Si el criterio para contratar era la cercanía y no el perfil, entonces el problema no es de una plaza: es de todas las que se asignaron con el mismo criterio. Y esas se cuentan por decenas. Pero la pieza más pesada del rompecabezas no la puso el Congreso local, sino la Fiscalía General de la República. Hace más de un año, el senador Luis Fernando Salazar acudió ante la FGR a denunciar el desvío de más de sesenta y seis millones de pesos del SIMAS Torreón a través de una empresa llamada Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S.A. de C.V. —el mismo nombre que esta columna puso sobre la mesa el primero de julio, para que nadie diga que nos enteramos tarde—. Los números que exhibió Salazar son de antología: trescientas sesenta y nueve facturas en el ejercicio 2024 por treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil pesos, y doscientas veintitrés facturas más en 2025 por treinta y cinco millones trescientos veintiocho mil. Casi seiscientas facturas. Y del otro lado del mostrador, nada: el domicilio fiscal de la avenida Morelos 2324 resultó estar vacío, y los registros del SAT no reportan ni gastos de operación ni nómina alguna. Es decir, una empresa fantasma cobrándole al agua de los torreonenses el equivalente a varios pozos profundos. La cereza del pastel, y esto ya es material de guion: la compra de una camioneta Suburban High Country por dos millones ciento setenta y cinco mil pesos, registrada a nombre de José Feliciano Hernández Hinojo, quien no es empresario ni contratista ni ingeniero hidráulico, sino el chofer del entonces secretario del Ayuntamiento. Cuando el chofer trae mejor camioneta que el patrón, la pregunta ya no es de dónde salió el dinero. La pregunta es a nombre de quién quedó registrada la ocurrencia. Nos aseguran que la carpeta ha avanzado de manera importante y que el desenlace para este personaje será considerablemente más complejo que una renuncia discreta. Todo apunta a que esto termina en consecuencia penal, y aquí estaremos para contarlo. Y como la factura siempre acaba llegando a domicilio, esta semana le llegó a Martha Rodríguez Romero, esposa del propio Ganem, quien deja la dirección general del Centro de Justicia Municipal en la propuesta que el alcalde presentó al Cabildo este miércoles. Rodríguez Romero llegó en 2022, cuando el organismo era todavía Tribunal de Justicia Municipal, y le tocó administrar la mudanza al edificio del antiguo Hospital General, donde se invirtieron más de cuarenta y dos millones de pesos en remodelación. Instalaciones nuevas, modelo de justicia cívica flamante, y adentro, cosas gravísimas: denuncias de tortura, señalamientos de corrupción y ciudadanos agraviados que salieron de ahí peor de como entraron. El episodio que ninguna remodelación alcanza a tapar ocurrió en enero de este año, cuando el joven Cris Hernán Pérez Rentería falleció mientras permanecía en las celdas de detención del propio Centro. Un muchacho que entró vivo a una instalación municipal y no salió. Cuarenta y dos millones en cantería y pintura no compran una respuesta para esa familia. Se va tarde la señora, muy tarde. Llega en su lugar el licenciado Carlos de Lara McGrath, exmagistrado de la Sala Regional, y el perfil habla por sí solo: es la segunda vez que este alcalde coloca a un juzgador donde antes hubo un operador político. Se le viene una limpia de fondo, y hay un pendiente que no debe quedarse en el tintero: el jefe de peritos del Centro, a quien en el edificio identifican como el comandante Palacios y a quien señalan como el operador de todas las confianzas de la directora saliente. Esa área —la que dictamina, la que valúa, la que determina responsabilidades en accidentes y detenciones— es precisamente donde se cocinan los agravios que después nadie puede probar. Aquí no vamos a dejar de preguntar qué va a pasar con él, y sugerimos respetuosamente al nuevo titular que su primer expediente sea justamente ése. Otra salida que en esta plaza se recibió con aplauso franco fue la de Arturo Novelo Gurza de la Dirección de Catastro Municipal, confirmada por el propio alcalde este martes. Novelo llegó al cargo en septiembre de 2024 y le tocó, dicen los boletines, encabezar la modernización de la oficina catastral. Lo que los boletines no dicen es que Catastro es una de las dependencias que la Fiscalía tiene bajo revisión en la investigación del cártel inmobiliario, ese esquema por el que decenas de familias laguneras pagaron de buena fe por casas y terrenos que jamás fueron suyos, y en el que ya cayó en Madrid el extitular de la Notaría 45. Aquí lo hemos escrito y lo sostenemos: un notario no altera solo un documento catastral. Necesita que del otro lado alguien tenga la clave, el sello y la disposición. Y en esa cadena, el nombre de Novelo Gurza aparece junto al de Gustavo Muñoz López —aquel que también salió de Urbanismo por la puerta de atrás y sin despedida— con una insistencia que ya no puede explicarse por casualidad. Ya era hora. Ahora falta lo importante, que es que la investigación no se detenga en la puerta de salida de la oficina. Y si de la salida se aplaude, de la entrada hay que decir con la misma claridad que fue un acierto. Llega a Catastro Evelyn Berenice Hernández Tovar, quien hasta hace unos días dirigía la Oficina del Registro Público de la Propiedad en Torreón, donde la relevó Javier Armendáriz Reyes Retana. Hablamos de una servidora pública de las que no abundan: seria, técnica, sin padrinos ruidosos y con una trayectoria construida a base de expedientes bien hechos y no de relaciones bien cultivadas. Que el alcalde la haya elegido precisamente para el área más contaminada del Ayuntamiento dice dos cosas: que sabe exactamente qué encontró en Catastro y que sabe exactamente a quién necesita para limpiarlo. Le deseamos el mayor de los éxitos, y le adelantamos que va a necesitar carácter, porque las inercias que va a desmontar tienen años de acomodadas. Certeza jurídica para el patrimonio de la gente: no se le pide otra cosa, y no hay encomienda más noble en este momento. Una vez más están servidos nuestros lectores… ¡Comparte esta columna! Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx