La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
El 30 de enero de 2010, 15 jóvenes que convivían en una casa ubicada en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron asesinados por un comando armado.
Quienes ahora gobiernan, pero bajo la bandera del PRD y del PT, se le fueron, literalmente, a la yugular al gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa.
La entonces oposición, hoy gobierno, comenzó a utilizar la famosa frase de “nos faltan…’’, que se hizo viral a partir del 28 de septiembre del 2014, un día después de los hechos en los que desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos’’, en Ayotzinapa, Guerrero.
Ambos casos fueron emblemáticos y fueron utilizados por quienes hoy gobiernan como una bandera en contra del gobierno; la capitalizaron políticamente, sin ningún remordimiento ni empatía.
Hoy que están en el gobierno, y que desde distintos ámbitos se cuestiona la ineficiencia de este para prevenir o por lo menos descubrir el rancho en Teuchitlán, Jalisco, en el que supuestamente se ejecutó a un número indeterminado de personas, acusan que se trata de un “ataque al movimiento’’.
Es decir, al gobierno.
Bueno, cómo estará el tema que, hasta el propio Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, se atrevió a sugerir que pudo tratarse de un montaje.
Ni que decir de las afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que reveló una trama de lo que llamó una campaña en contra del gobierno en la que están involucrados la oposición (¿pues no que ya no tenían representación?) y grupos internos y externos que financian bots.
Sheinbaum dijo que hay mucho dinero involucrado para hacer quedar mal al gobierno, al suyo y al de López Obrador, el mismo que dijo “benditas redes sociales’’, las mismas que Sheinbaum minimizó, pero cuya narrativa es la que más les preocupa.
Sheinbaum ayer hizo seis propuestas para atender el delito de desaparición forzada, quizá la más importante equipararlo con el delito de secuestro, y si bien el anuncio es importante, el intento de desacreditar el descubrimiento o poner en duda que en el lugar se hayan registrado asesinatos, lo colocó en segundo plano.
En sí, hablar de “campos de exterminio”, es un vocablo autorizado en la ley y por los tratados internacionales, que se refiere aquellos lugares donde se asesinan y también donde se desaparecen cuerpos, son calcinados, desmembrados y se exterminan cualesquiera rastros y evidencias, pero que nos recuerdan –lamentablemente– a los tiempos del holocausto.
Recordemos que el exterminio de un grupo de personas es un crimen contra la humanidad que se considera genocidio.
De hecho, en el Código Penal Federal de México, en su artículo 149 Bis, el genocidio se considera un delito.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presentó las investigaciones realizadas en el lugar donde confirmo la existencia de restos humanos y sintetizó en dos hipótesis el desastre que fue la incautación del rancho Izaguirre, en noviembre pasado, por parte de las autoridades locales y estatales de Jalisco: negligencia o convivencia con la delincuencia organizada.
Cualquiera de las teorías, supone un grado de complicidad ya sea por obra o por omisión, lo que demuestra la penetración del narco en las estructuras de gobierno de los municipios y algunos estados en los que tiene amplia presencia.
Gertz, cuidadoso en extremo, no anunció ningún número de víctimas ni adelantó información sobre las investigaciones que la fiscalía a su cargo ha realizado en el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
De hecho, la FGR sí atrajo el caso, pero está a la espera de que la fiscalía de Jalisco entregue el expediente sobre las investigaciones que en su momento realizó, cuando fue notificada de la existencia del lugar, a finales del año pasado.
Gertz reprochó la falta de profesionalismo de los investigadores locales, que tuvieron la responsabilidad de profundizar en el análisis de los restos encontrados (huesos, mochilas, zapatos, cobijas, libretas) y de resguardar el inmueble, algo que no hicieron por alguna razón.
Las pesquisas de Gertz apuntan a las policías locales y estatales y al exfiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, responsable en su momento de las investigaciones.
Gertz, sin referirse a personajes ni partidos específicos, cuestionó el actuar de las autoridades municipales y estatales en ese caso en particular, dada la magnitud del descubrimiento.
Pero quien no se guardó nada, fue el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien responsabilizó directamente al partido Movimiento Ciudadano de estar coludido en lo que llamó un “narcogobierno”.
El también senador acusó que ni el exgobernador Enrique Alfaro, ni el actual mandatario estatal, Pablo Lemus ni el presidente del partido, Jorge Álvarez Máynez, han salido a ofrecer una explicación, ni siquiera una disculpa a las familias que han sufrido la tragedia de una desaparición forzada.
Gertz prometió la verdad, sin adjetivos.
Esperemos.
En los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma contra el nepotismo y la reelección, cuya aplicación ocurrirá a partir del 2030, por obra y gracia de la bancada de Morena en el Congreso con el apoyo de sus rémoras, el Verde y el PT.
La presidenta Claudia Sheinbaum había propuesto que la reforma entrara en vigor a partir de la elección intermedia del 2027, pero la amenaza del Verde de romper la mayoría legislativa en el Congreso y la “recomendación’’ del invisible de Macuspana pesaron más que la voluntad presidencial.
Sheinbaum podría vetar la publicación de la reforma, pero no lo hará porque, dijo, la prohibición del nepotismo se aplicará en los documentos básicos de Morena.
Eso, queridos lectores, es una tomada de pelo.
La presidenta sabe que ninguna ley, estatuto, o documento legal pueden estar por encima de la Constitución.
Morena realizará un congreso nacional entre octubre y noviembre próximos, en donde, supuestamente, se incluiría en sus documentos básicos la prohibición del nepotismo.
Si así ocurriera, cualquier morenista que se sintiera afectado podría recurrir al Tribunal Electoral para impugnar la legislación partidista, que violaría flagrantemente el derecho humano a votar y ser votado.
Si de todas maneras la dirigencia morenista decide cerrarle el paso a los “nepocandidatos’’ manipulando las encuestas que solo la dirigencia conoce, éstos tienen la oportunidad de recurrir al cambio de partido o, simplemente, de ir por la vía independiente.
No sería nuevo, ni sorpresivo.
Es una posibilidad latente que podría cristalizarse en el cuarto trimestre del 2026, cuando todos los partidos deban iniciar sus procesos de selección de sus candidatos a las 16 gubernaturas que se disputarán en 2027.
Una cosa queda clara, que lo del combate al nepotismo desde Morena debe tomarse con un tamal porque es puro atole con el dedo.
Al cierre de esta edición, nos comentaron que suman dos denuncias a la carpeta de investigación abierta por la riña registrada al exterior del antro en la que se vio involucrado el secretario del Ayuntamiento, por los hechos ampliamente conocidos.
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