DURANGO, DGO.-
La Sala Superior del TRIFE resolvió por unanimidad, confirmar las reglas de procedimiento que deberán seguirse para imponer sanción a José Ramón Enríquez Herrera por motivo de su infracción a las Constituciones federal y local y a las leyes federales vigentes al realizar propaganda gubernamental por promoción personalizada.
Cabe destacar que desde el 2017 el servidor público con licencia fue denunciado por violentar la legislación referida, culminando la cadena impugnativa el 03 de mayo inmediato anterior, y resuelve diversos procedimientos sancionadores en materia electoral desarrollados con anterioridad al actual proceso electoral local determinándose que da lugar a imponer las sanciones que deban imponerse, habiéndose declarado por parte de las autoridades electorales que las sanciones primigenias deben ejecutarse en sus términos al revertirse la cavidad inimpugnables e irrevertibles.
La Comisión de Responsabilidades en el plazo fijado en la Sentencia acordó radicar el procedimiento sumario de imposición de sanciones en materia electoral, emplazando, este 07 de mayo de 2019 a las 11:06 horas en la sede del Congreso del Estado de Durango, a José Ramón Enríquez Herrera a comparecer a juicio, a efecto de que exprese a lo que a su derecho convenga, ofrezca pruebas de su intención y alegue en juicio, haciendo efecto su derecho de defensa y al principio del debido proceso.
En el emplazamiento se le hace saber al infractor que las sanciones motivo de procedimiento, se derivan de dos procedimientos sancionadores en materia electoral, mismos que han sido acumulados y cuya sustanciación y resolución deberá apegarse a los lineamientos y efectos determinados por la propia Sala Superior del Tribunal, máxima autoridad especializada en la materia.
En la notificación respectiva se hace saber a los emplazados que la Comisión de Responsabilidades y el propio Congreso del Estado dispone de 10 días naturales, los cuales expiran el jueves 16 de mayo del presente año, para concluir con la determinación de las sanciones que deban imponerse conforme al catálogo de las mismas, que fueron motivo de reflexión del propio órgano jurisdiccional.
