Torreon, Coah.
Edición:
08-Abr-2024
Año
21
Número:
899
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DE ALACRANES Y ALACRANADAS / 760


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Por:
Samuya
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18-10-2020
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Edición:

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I.- DE UN TOTAL DE 175 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONTRA FUNCIONARIOS, EL 30 POR CIENTO PERTENECE A LA LAGUNA.

A la fecha, la Fiscalía Especializada Anticorrupción ha iniciado 175 carpetas de investigación contra funcionarios y ex funcionarios, de las cuales, más del 30 por ciento corresponden a la zona de la Región Lagunera. Se trata de servidores públicos estatales y municipales. Héctor García Rodríguez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en conferencia de prensa, dio a detalle parte del informe de actividades que presentaron en días pasados en el Congreso del Estado de Durango, “a nivel estatal hemos ejercido acción penal en contra de 13 servidores públicos que ya están judicializados, de los cuales, ya fue dictado un auto de vinculación a proceso en dos de ellos y una orden de aprehensión contra uno más”.

En la región laguna, son 54 carpetas de investigación las que se han abierto. En relación a los casos más importantes, el funcionario dijo que se tienen varios: “tenemos varios, judicializamos la semana pasada una denuncia en contra de una servidora pública involucrada en venta de placas, ese asunto nos lo acaban de declinar por competencia aquí a un juzgado de Gómez Palacio”. “Tenemos otras dos denuncias que estamos por judicializar también de la región lagunera, un servidor público más involucrado en una licitación irregular y tenemos varias denuncias, tenemos una orden de aprehensión que se nos obsequió desde  hace ya 15 días y que tiene que ver con la Fiscalía de Gómez Palacio relacionada al desvío de cerca de 150 millones de pesos”, apuntó.

Sin dar mayores detalles, informó que la persona a la cual ya tiene una orden de aprehensión ya está notificada y enterada, misma que ya promovió un amparo: “nosotros estamos combatiendo ese amparo, porque no es cierto que los amparos por sí mismo se defiendan solos, son mecanismos de defensa legales que tienen condicionamientos y que muchas de las veces no se cumplen y nosotros como autoridades debemos estar muy atentos para que las suspensiones que se otorgan queden sin efecto”, apuntó.

II.- EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, BUSCAN QUE LOS AGRESORES ABANDONEN “LA CASA AUNQUE SEAN LOS PROPIETARIOS”

La iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, busca establecer que cuando exista violencia familiar el agresor salga inmediatamente del domicilio común, aunque éste, fuere propietario del inmueble, explicó la diputada priista Alicia Gamboa Martínez. “Que sea el agresor en una pareja quien deba dejar la vivienda en la que ambos viven. No tiene por qué enviarse a una mujer y a sus hijos a un refugio. Debe ser en la vivienda donde vive en donde tenga la mayor seguridad y el agresor debe salir”, consideró al realizar la ampliación de motivos.

En este sentido, destacó que de todos es sabido la situación que viven miles de mujeres en México en cuanto a la violencia familiar en todos sus ámbitos, es decir, agresiones físicas, psíquicas o a su integridad sexual, amenazas, agravios, ofensas o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia. Por ello, Gamboa Martínez propuso como medida de protección ante situaciones de violencia familiar que la persona generadora de la misma salga inmediatamente del domicilio común. Además, se prevé que debe haber una debida investigación de los hechos que constituyen la violencia, así como la reparación del daño.

La legisladora recordó que han propuesto diversas iniciativas con el objetivo de mitigar este mal social, donde la última reforma propuesta y aprobada por el Pleno de Legislatura consistió en eliminar ordenamientos que disminuyeran la pena para el delito de lesiones en caso de violencia familiar.

Finalmente, comentó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará, establece que las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia, implican diversas conductas que el Estado debe de adoptar, por medio de las cuales se le garantice la seguridad a la víctima del delito de violencia familiar“.

III.- RECHAZAN CUENTASS PÚBLICAS DE CINCO MUNICIPIOS

El Pleno del Congreso del Estado duranguense rechazó las cuentas públicas de los municipios de Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, Canatlán, Poanas y Nombre de Dios, las cuales presentan diversas irregularidades; además, aprobaron las de Indé, Ocampo, Vicente Guerrero, Tamazula, Canelas, Mezquital y Simón Bolívar. Durante la sesión ordinaria, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sometió a consideración de los diputados locales el primer paquete de los estados financieros de los ayuntamientos. Entre las inconsistencias que se encontraron en los cinco municipios que fueron rechazados destacan obras pagadas y no ejecutadas, pagadas y abandonadas, falta de documentación comprobatoria, así como irregularidades en los organismos descentralizados.

En este sentido, solicitaron a la Entidad de Auditoría Superior del Estado para que durante el proceso de solventación, realice una supervisión permanente, proporcionando información de manera periódica al Poder Legislativo sobre los avances de las mismas.

En el caso de que las observaciones no sean atendidas y solventadas en los plazos y formas señalados por la ley, se inicien a la brevedad posible los procedimientos de investigación y substanciación a que haya lugar conforme a las leyes que en materia de responsabilidades administrativas aplicables o, en su caso, por los delitos en materia de actos y hechos de corrupción, ante las autoridades competentes.

En lo que se refiere a los que fueron avalados por los diputados, se determinó que con base a la evidencia física y documental examinada, los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general una seguridad razonable, donde los resultados de las operaciones efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales.

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