¿SERÁ VERDAD?

La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®. Antes de entrar en materia, hay que decir lo que esta ciudad trae atorado en la garganta. Torreón enterró a una maestra. Nery Edith Nevárez González llevaba más de 30 años dando clases de Español y murió en su escuela, en el ejido La Unión, haciendo lo que hacen todos los días miles de maestros: ponerse enfrente. Esta columna se dedica a la grilla, al trascendido y a los pecados del poder, y a eso vamos a volver en el siguiente párrafo, porque es nuestro oficio. Pero no se puede abrir una edición en esta semana sin bajar la voz primero. Descanse en paz la maestra. Y que la clase política de esta ciudad entienda que hay semanas en las que la gente no está para fotos. Hablando de agua, hay que ser justos y precisos, porque la semana pasada en este espacio aplaudimos la respuesta municipal a las lluvias y lo sostenemos, aunque con matices que la realidad nos obliga a agregar. De martes a viernes cayeron 67.3 milímetros sobre Torreón. El resultado: 31 puntos inundados, 187 árboles derribados y colonias enteras bajo el agua, entre ellas La Fuente, Roma, Provitec, Eduardo Guerra y Valle Dorado. El alcalde Miguel Ángel Riquelme supervisó el operativo en campo, no por fotografía sino con botas, y anunció inversión en cárcamos. Eso es lo correcto y así hay que reconocerlo. Pero digamos también lo que quedó exhibido: Torreón no tiene drenaje pluvial, y eso no lo resuelve una cuadrilla por más eficiente que sea. Lo resuelve obra, y obra de la que no se inaugura. El elogio es para la reacción; la exigencia es para la causa. Y conste que la causa no la construyó esta administración: la heredó completa, con todo y 4 años y medio de desatención. Y lo anotamos porque lo que sigue va dirigido precisamente a quien ocupe esa silla. Sobre Napoleón Murillo Favela, titular de Alumbrado Público, siguieron saliendo cosas y a esta redacción le siguieron llegando evidencias. Y el hallazgo de esta semana es de los que no se explican con buena voluntad: algunos de los trabajadores de su ferretería y de su restaurante resultaron ser, al mismo tiempo, parte de la famosa nómina de aviadores de la dirección que él encabeza. Léalo despacio, porque el mecanismo es elemental y por eso es tan descarado: el municipio paga un sueldo, el empleado no trabaja para el municipio, y el que recibe el beneficio del trabajo es el negocio particular del funcionario. Si eso se acredita, no estamos hablando de un desorden administrativo ni de un préstamo entre amigos: estamos hablando de que los torreonenses le pagaron la mano de obra a un negocio privado. Vaya dato. Y vaya coincidencia con todo lo que ya hemos venido publicando: las camionetas de lujo de modelo reciente, la quinta de Ciudad Nazas, la casa en el fraccionamiento Chapultepec, las autocompras, las cajas de documentación que se le han visto sacar de la oficina y la frase que él mismo anda repitiendo de que a él nadie le va a hacer nada porque está bien protegido. Pues bien, aquí está la prueba de que la protección tiene un límite, y el límite es la aritmética. Un sueldo tiene número de empleado, tiene recibo, tiene cuenta de depósito y tiene firma de recepción. Un trabajador de ferretería tiene horario, tiene compañeros y tiene vecinos que lo ven llegar todos los días al mismo mostrador. Cruzar esas 2 listas no requiere una investigación federal: requiere 2 tardes y ganas. Por eso, desde este espacio, pedimos formalmente a la Contraloría Municipal de Torreón —a quien la encabece a partir de esta semana— que revise estos hallazgos. Que se compare la nómina de la Dirección de Alumbrado Público con los registros patronales de los negocios del titular. Que se verifique asistencia, no papelito. Y que se informe el resultado, cualquiera que sea, porque si estamos equivocados lo publicaremos con la misma tinta con la que lo estamos señalando. Lo decimos sin amenaza y sin adorno: si quieren pruebas, aquí se las seguimos otorgando. Y ya que el nuevo contralor va a llegar con trabajo acumulado, le dejamos 2 expedientes más que en esta ciudad nadie ha cerrado y que esta semana volvieron a la conversación. El primero es el de Héctor Estrada Vaca, hoy en Desarrollo Social. De él ya dimos cuenta en su momento de la bodega llena de impermeabilizante que le encontraron, ese tipo de hallazgo que nadie sabe explicar cuando le preguntan y que todos entienden cuando se los cuentan. Pero lo que nos están reviviendo ahora es más viejo y más interesante: aquel asunto de la distribución de la leche de sello rojo en los tiempos en que el hoy procesado José Elías Ganem andaba repartiendo mucho más que programas sociales. En los corrillos de Torreón esa historia nunca se murió, solamente se fue a dormir, y esta semana alguien le prendió la luz. Nosotros no vamos a afirmar lo que no tenemos foliado, y así de claro lo decimos. Lo que sí vamos a preguntar, porque para eso existe esta columna, es quién distribuía, bajo qué figura, con qué padrón y a cuenta de quién. Son 4 preguntas y las 4 tienen respuesta en algún archivo. Advertencia de cortesía, don Héctor: cuando el expediente de arriba empieza a hablar, los de abajo se vuelven conversación. El segundo es el de Fernando Villarreal, en Servicios Públicos, y éste no necesita trascendido porque está publicado. El contrato de limpieza de Torreón, que incluye todo el manejo de residuos hasta el confinamiento final, se adjudicó al Consorcio Ecourbano Ambiental por 25 años. Y aquí viene el detalle que debería estar en el primer párrafo de cualquier nota sobre el tema y que casi nadie subraya: ese consorcio lo integran PASA y Contenedores en Obra, que eran las 2 únicas empresas participantes en la licitación. Léalo otra vez. Las 2 únicas competidoras se juntaron en una sola y ganaron. A eso, en cualquier manual, se le llama licitación con un solo postor disfrazado de 2. Las tarifas quedaron 19% más altas que las del contrato anterior, el Municipio ya había pagado más de 156 millones de pesos en los primeros 4 meses, la facturación mensual pasó de unos 33 a unos 39 millones, y El Siglo lo tituló con una precisión que no se puede mejorar: se paga más por lo mismo. Pero lo del confinamiento es lo que de verdad no cuadra, y es justo lo que usted preguntaba. El contrato obliga a conseguir un terreno de mínimo 100 hectáreas para una nueva disposición final, que funcionaría como Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos y no como relleno tradicional, con el compromiso de tener lista la primera celda de unas 10 hectáreas antes de que termine este año. Estamos a octubre. Mientras eso no exista, las más de 650 toneladas diarias que se recogen en Torreón siguen yendo al relleno sanitario de Matamoros, que es propiedad de PASA. Vuelva a leer el nombre del dueño del relleno y el nombre de la empresa que integra el consorcio concesionario. Dicho en lagunero: le pagamos a una empresa para que lleve nuestra basura a un terreno de la misma empresa, con tarifa 19% más alta, mientras esperamos un confinamiento que todavía no tiene ni la primera celda. Y para cerrar el cuadro, cuando el contrato estaba por entrar en vigor el 1 de abril, el Congreso de Coahuila no lo había recibido, aunque la Dirección de Servicios Públicos aseguraba que ya lo había enviado. Esas 2 cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Que quede claro de dónde viene esto, porque la justicia también es cronológica: ese contrato no lo firmó la administración actual, lo heredó. Se amarró por 25 años y con participaciones federales comprometidas en el sexenio municipal anterior, el mismo cuyos funcionarios hoy duermen en centros federales. Lo que sí le corresponde al presente es la operación, el seguimiento y la exigencia, y eso tiene nombre y dirección. Don Fernando: ¿dónde están las 100 hectáreas? ¿Va a estar la celda antes del 31 de diciembre? ¿Y cuánto llevamos pagado de más por un servicio que, según los vecinos de media ciudad, pasa igual de tarde que antes? No son preguntas retóricas. Tienen número. Mientras eso ocurre o no ocurre, el reloj del otro expediente sigue corriendo. Van 10 días de los 3 meses de investigación complementaria que el juez federal fijó tras vincular a proceso a José Elías Ganem Guerrero, a Martha Rodríguez y a 3 personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, todos con prisión preventiva oficiosa. Prometimos contarlos de a uno y los estamos contando. Y seguimos esperando, como toda la ciudad, la respuesta a la pregunta más sencilla de la temporada: ¿dónde está Roberto Escalante? El exgerente general del SIMAS se quedó sin suspensión provisional, no ha vuelto a una oficina, no aparece en un acto y en su círculo nadie contesta. Nos siguen diciendo que ese círculo anda nervioso. Con razón. Cerramos con algo que no es grilla y que por eso merece el último bloque. Lo que ocurrió en el ejido La Unión acabó de detonar una decisión de alcance nacional: la Presidenta de la República anunció que prepara un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar los contenidos que inciten a la violencia, con un grupo de trabajo que incluye a la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, Seguridad, la SEP, el Centro Nacional de Inteligencia y especialistas de la UNAM y del Politécnico. Nos parece necesario y nos parece tarde. Pero conviene que en Torreón tomemos nota de la magnitud de lo que pasó aquí: una política pública federal se está escribiendo a partir de una escuela de un ejido de esta ciudad. Ojalá que a la par de ese decreto llegue lo que de verdad hace falta en los planteles, que no es un algoritmo vigilado sino un protocolo que le diga a una maestra a quién llamarle cuando note que un muchacho cambió. Hasta hoy, nadie en esta ciudad sabe contestar eso. Por cierto, a los aviadores de Alumbrado Público: el recibo de nómina también es un documento. Y ése no se quema, porque está en la Tesorería. Si quieren pruebas, las tenemos. Una vez más están servidos nuestros lectores… ¡Comparte esta columna! Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx