¿SERÁ VERDAD?

La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®. Las 4:00 de la mañana del domingo. Convoy federal entrando a Torreón. Órdenes de cateo en domicilios del poniente. A las 7:00, en una casa de Residencial Galerías, agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Fiscalía General de la República detienen a José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento, y a su esposa, Martha Esther Rodríguez Romero, hasta principios de este mes directora general del Centro de Justicia Municipal de Torreón. Con ellos cae también José Feliciano Hernández Hinojo, alias El Olimpo, su chofer y escolta, y una abogada que fungía como representante legal de la empresa implicada. 5 detenidos. La acusación: delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Y una certeza que a esta ciudad le va a costar años digerir: el matrimonio que durante 3 años tuvo en sus manos la operación política del Ayuntamiento y la justicia municipal de Torreón amaneció ese domingo del otro lado de la ley. El caso, además, ya salió de Torreón y entró de lleno al sistema penitenciario federal. Ganem Guerrero fue trasladado al Cefereso 13 de Miahuatlán, Oaxaca, mientras que Rodríguez Romero ingresó al Cefereso 16 Femenil de Morelos. La investigación sigue abierta y los cateos practicados en Torreón dejaron aseguramientos de dinero en efectivo, joyería, documentos, teléfonos celulares y computadoras que hoy forman parte del expediente federal. Traducido para quien no hable en jurídico: no se trata de un trámite administrativo ni de un malentendido contable. Cuando la Federación traslada a dos exfuncionarios municipales a penales de máxima seguridad en dos estados distintos, es porque el expediente pesa. Vayamos al fondo, porque es de los que se estudian. Se trata de recursos federales de la Comisión Nacional del Agua destinados al mantenimiento de 16 pozos de agua de Torreón. El mecanismo fue una licitación pública a la que se registró una sola empresa —una sola—, que recibió un primer monto de 20 millones de pesos y que resultó ser exactamente lo que aquí publicamos desde el 1° de julio con razón social completa: un fantasma sin un solo empleado, sin gastos de operación y sin actividad alguna ante el SAT. La mayoría de esos recursos terminó en un sindicato de los que utilizan las empresas factureras, y una parte aterrizó, sin escalas, en la cuenta personal del chofer. Después la empresa compró una camioneta, y quien firmó la compra fue otra vez el mismo chofer. En total, más de 66 millones de pesos. Pero la cifra que debe doler no está en pesos: ese saqueo dejó 40 estaciones de rebombeo inservibles. 40. Mientras tanto —y ésta es la frase que resume 3 años de esta ciudad— las familias de Torreón no tenían agua. Que quede asentado para la memoria, porque en unos meses habrá quien pretenda reescribirlo: esto no lo descubrió una auditoría ni lo destapó la autoridad. Lo denunció el senador Luis Fernando Salazar el 9 de julio de 2025 en rueda de prensa; lo presentó el 11 de junio de ese año como punto de acuerdo en el Senado, donde durmió el sueño de los justos; y cuando entendió que ahí no iba a pasar nada, acudió a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT. Dos días después formalizó la acusación por el desvío de recursos federales de Conagua, y el 11 de julio aportó nuevos hechos que derivaron en la investigación por operación de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. 14 meses de expediente. En paralelo, el diputado Antonio Attolini documentó el esquema de contratos simulados de mantenimiento a bombas y cárcamos. Y en aquel entonces, recuérdelo el lector, el alcalde de Torreón tuvo que salir a una conferencia de prensa a defender a su secretario del Ayuntamiento. Aquella defensa fue el principio del fin. Y por eso el episodio de los ciudadanos distinguidos tiene tanto significado. El Cabildo había aprobado entregar la Medalla de Oro Post Mortem a Román Alberto Cepeda González en la ceremonia del 119 aniversario de Torreón, celebrada el martes 15 en el Centro de Convenciones. La medalla no se entregó. Nos confirman que la decisión respondió al enérgico enojo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por el caso de José Elías Ganem Guerrero, y se entiende: resulta imposible sostener un homenaje mientras los reflectores nacionales apuntan a un exsecretario del Ayuntamiento recluido en un penal federal por lo que se orquestó bajo esa misma administración. Y aquí esta pluma quiere ser justa, porque la justicia no consiste en repartir culpas a granel. A don Román Alberto nadie lo ha señalado en este expediente y su memoria merece respeto. Pero un alcalde responde por lo que ocurre bajo su techo, aunque no lo haya firmado, y ésa es la parte más triste de todo este asunto: que el homenaje del martes tendrá que convivir para siempre con el expediente abierto 2 días antes. El reconocimiento no borra el saqueo, y el saqueo tampoco cancela el duelo. Simplemente ya no caben en la misma sala. Porque para dimensionarlo hay que decirlo sin adjetivos: después del Moreirato, éste es probablemente el caso de corrupción más delicado en la historia reciente de Coahuila. Y me atrevo a señalar una diferencia que lo vuelve, en cierto sentido, más doloroso que aquél. El Moreirato fue un saqueo de deuda pública, abstracto, que el estado seguirá pagando durante décadas sin que nadie sienta exactamente en qué momento le cobraron. Éste se cobró en la llave de la casa de la gente. Uno endeudó a Coahuila; el otro dejó sin agua a las familias de Torreón durante 3 años, en una ciudad donde el termómetro pasa de los 40 grados. No sé cuál de los dos resulte más caro en la contabilidad. Sé perfectamente cuál duele más en la vida diaria. Ahora bien, esto no termina aquí y conviene ir anotando los nombres. El primero de la lista es el exgerente del SIMAS, Roberto Escalante González, sin cuya firma nada de esto pudo haber ocurrido. Pero sería una simulación quedarse solo con él: también están el área de finanzas del organismo, que procesó los pagos, la contraloría, que revisó y avaló la simulación de obras, y el consejo directivo que avaló en su momento las decisiones que terminaron perjudicando a la paramunicipal y a los recursos federales que administra. Firmar un acta también es firmar. Y queda un hilo que nadie ha jalado y que a esta columna le parece el más interesante de todos: ¿cuál es el sindicato al que fueron a dar la mayoría de esos recursos federales y que, según la propia denuncia, utilizan las empresas factureras? Ahí hay una estructura completa esperando a que alguien pregunte. Y hay otro más, del que se habla en voz baja: la abogada detenida, representante legal de la empresa fantasma, a quien en los círculos laguneros identifican como operadora de un personaje muy conocido en esta comarca precisamente por lo que factura. Si ese hilo se jala, el nerviosismo de ciertos estratos de esta ciudad va a estar plenamente justificado. Mientras tanto, el espectáculo social de la semana fue de antología. En cuestión de horas, medio Torreón se dedicó a la tarea urgente de borrar fotografías: aparecieron desaparecidas las convivencias, los eventos institucionales y los abrazos de sobremesa con el ahora detenido. Hubo quien se anticipó con notable creatividad, como el diputado Felipe González, que el sábado cerró su antigua cuenta de Facebook, abrió otra nueva y la presentó como la de un político renovado y alejado de la vieja política. Muy fresco, según él. Desde el gobierno estatal, el gobernador fijó postura señalando que la detención apunta a negocios privados y asuntos de índole personal, sin vínculo con el ejercicio de la función pública. Es una declaración prudente y jurídicamente impecable, mientras la FGR no diga otra cosa. Lo que sí podemos afirmar sin riesgo es que rara vez se había visto un deslinde tan unánime, tan veloz y tan silencioso. Hace una semana todos lo conocían; hoy nadie lo ubica. Y hay una paradoja en todo esto que merece párrafo propio, porque la política mexicana no deja de sorprender. El hombre que armó la denuncia que hoy tiene a un exsecretario del Ayuntamiento en un penal federal de Oaxaca es el mismo que esta semana tuvo que ser exhibido desde Palacio Nacional. El senador Luis Fernando Salazar publicó el 8 de septiembre un mensaje contra el periodista Enrique Acevedo, a raíz de un reportaje sobre una senadora de su propio partido, en el que escribió textualmente que iban a ir tras él por vulgar mentiroso. Después borró el mensaje. Artículo 19 condenó el hecho y exigió que se le capacite en derechos humanos, y el viernes 11 la presidenta Claudia Sheinbaum lo condenó públicamente y se solidarizó con el periodista, con una frase que debería enmarcarse: podemos no estar de acuerdo con un periodista, pero jamás debe usarse una palabra como amenaza. El senador terminó ofreciendo disculpa pública y explicando que se refería a la vía legal. Que quede claro: el expediente no vale menos porque quien lo presentó no supiera comportarse, y el mérito de 14 meses de insistencia es suyo y nadie se lo quita. Pero su carrera vale bastante menos desde ese viernes. Le entregó a Coahuila un caso histórico y se entregó a sí mismo una derrota que nadie le pidió: con 13 palabras escritas en una red social se sacó solo de la boleta de 2027 y, con toda probabilidad, también de la de 2029. Hay quienes tardan años en construir un caso y minutos en destruirse. Una vez más están servidos nuestros lectores… ¡Comparte esta columna! Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx