¿SERÁ VERDAD?

El poder tiene dos maneras de manifestarse y esta semana el país las exhibió una junto a la otra, con una nitidez casi didáctica. En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya reapareció el viernes veintiuno tras ciento doce días de ausencia, anunció por redes sociales su reincorporación al cargo y treinta y cuatro horas después —treinta y cuatro— volvió a solicitar licencia, esta vez temporal e indefinida, que el Congreso local le aprobó en sesión extraordinaria dominical por nueve votos a cero. En medio, el deslinde de la presidenta y de su propio partido, y de fondo, los señalamientos que le penden desde Estados Unidos. En Coahuila, la misma semana, el gobernador Manolo Jiménez Salinas fue recibido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, para revisar indicadores y reforzar la coordinación de una estrategia que mantiene al estado entre los más seguros del país. Un mandatario que no puede sostenerse treinta y cuatro horas en su silla y otro que sienta a la Federación a revisar resultados. Esa es la distancia entre administrar el poder y padecerlo, y conviene que los laguneros la tengamos presente cuando alguien intente convencernos de que todos los gobiernos son iguales. Porque el dato de Coahuila no es retórica de boletín, es aritmética verificable. Tres de las cinco ciudades más seguras de México están en este estado, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI: Piedras Negras en el segundo lugar nacional, Saltillo en el tercero y Torreón en el quinto, esta última con una mejora de casi veintidós puntos porcentuales en doce meses. La coordinación con el Gobierno federal no es un gesto protocolario ni una foto de cortesía: es el mecanismo que ha permitido que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía y las policías estatal y municipales operen bajo un solo mando de facto y no como cinco corporaciones tropezándose entre sí, que es lo que ocurre en media República. Y aquí conviene subrayar algo que a Manolo Jiménez pocas veces se le reconoce: sostener esa coordinación con un gobierno federal de signo político contrario, sin estridencias y sin regatear, requiere una disciplina institucional que en otras entidades sencillamente no existe. No es casualidad que su nombre haya empezado a circular, con creciente insistencia y fuera de las fronteras del estado, en las conversaciones sobre lo que viene en 2030. Los gobernadores que entregan resultados terminan siendo mencionados; los que entregan escándalos, también, pero en otra sección del periódico. Esa estrategia, sin embargo, tiene un costo que no aparece en las gráficas y que esta semana volvió a cobrarse. En la madrugada del martes, en el municipio de Candela, en los límites con Nuevo León, elementos de la Policía Estatal detectaron una camioneta con civiles armados que abrieron fuego contra ellos. En el intercambio cayó abatido uno de los agresores y resultó herido un agente que, trasladado de urgencia, falleció minutos después. Se trata del hermano de quien en la corporación conocen como el comandante Jaguar, a quien esta casa editorial y quien esto escribe le hacen llegar el más sentido pésame, extensivo a su familia y a la corporación entera. Que quede asentado con claridad: cuando se presume que Coahuila es de los estados más tranquilos para vivir, se está hablando de una tranquilidad que alguien está pagando de madrugada, en un camino de terracería, a cuatro y media de la mañana. Los grupos criminales siguen intentando entrar por todos los flancos, y cada vez que se topan con pared es porque hubo un policía que se puso enfrente. A las cifras hay que ponerles rostro de vez en cuando, aunque duela. Y hay una pieza de esta estrategia que casi nunca se menciona porque no da fotografías espectaculares: el Poder Judicial. De poco sirve detener si después el expediente se cae, y esa es precisamente la diferencia entre un operativo lucidor y una política de seguridad. La coordinación del Gobierno del Estado con el Poder Judicial de Coahuila, que preside el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup —ratificado el año pasado por sus pares hasta 2027—, ha permitido que las carpetas lleguen a sentencia y que la efectividad en delitos de alto impacto se sostenga. Lo vimos hace unos días con la prisión preventiva dictada tras el operativo de la tienda departamental, y lo veremos pronto con el proceso de extradición del exnotario detenido en Madrid. Detener es de la Fiscalía; sentenciar es del Poder Judicial; y sin las dos manos, el aplauso no suena. Cambiamos de sección, que en esta plaza la cultura también es política y esta semana lo fue más que nunca. El gobernador anunció el relevo en la Secretaría de Cultura del Estado: sale la maestra Esther Quintana Salinas —que se incorpora al Sistema Anticorrupción de Coahuila— y entra la licenciada Leticia Aurora Rodarte Rangel, hasta ahora directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, cuyo lugar ocupará Ana Sofía García Camil, quien paradójicamente ya había sido secretaria estatal de Cultura. Un enroque en toda la regla. Y aunque el anuncio se vistió de fortalecimiento del equipo —dinamizar al gremio, dijo textualmente el mandatario—, la lectura política es otra y ya se anticipaba desde el cierre de la elección de diputados de junio: el rompimiento del PAN con el PRI tenía que traducirse, tarde o temprano, en la depuración de las cuotas que el albiazul conservaba dentro del gobierno estatal. La maestra Quintana, panista de toda la vida, era una de las más visibles. Su salida no es un despido ni una humillación —se le acomoda con dignidad en el Sistema Anticorrupción, que no es cualquier cosa—, pero es una salida. En política, a los aliados que dejan de serlo se les agradece con un cargo honroso y se les cambia de piso. Eso también es método. Ahora bien, sería ingenuo atribuirlo únicamente a la aritmética partidista, porque en el camino hubo un episodio verdaderamente penoso que le costó caro a la dependencia. Nos referimos al escándalo de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, donde dos músicos —Gabriela Aldana y Héctor Alarcón— fueron despedidos tras negarse a participar en la grabación de un video con el rapero conocido como El Millonario, un proyecto bautizado como El Millonario Sinfónico que terminó cancelado en medio del repudio. Los integrantes denunciaron que fueron convocados sin saber de qué se trataba, y que en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler hubo consumo de alcohol, vapeadores y lenguaje inapropiado por parte del equipo del rapero. Nueve músicos firmaron la queja por despido injustificado. Y el fondo del asunto es más grave que la forma: se trataba de poner a una orquesta sinfónica pagada con dinero público al servicio de contenidos que exaltan la violencia, la misoginia y el consumo de sustancias, en un estado que precisamente ha hecho de la seguridad su carta de presentación nacional. La entonces secretaria declaró desconocer la participación de la orquesta y abrió una investigación interna, lo cual, siendo generosos, no habla bien de nadie: si la titular de Cultura no sabe qué está grabando su orquesta estelar en el principal teatro del estado, el problema no es de comunicación, es de conducción. Alguien tenía que pagar ese plato roto, y ya sabemos quién lo pagó. Dicho lo anterior, aquí no somos de los que reciben a nadie con la escopeta cargada. A Leticia Rodarte le deseamos el mejor de los éxitos, y lo decimos con conocimiento de causa: viene de una trayectoria construida desde abajo y desde el escenario —el Tec de Monterrey, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Compañía Municipal de Teatro Musical, cuatro años al frente del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo—, no desde el escritorio ni desde la cuota. Sabemos de su capacidad y de su compromiso con el gremio cultural, y esta plaza tiene razones para esperar que le vaya bien, porque si a ella le va bien, a La Laguna le va bien. En particular, confiamos en que bajo su gestión la Camerata de Coahuila —que llega a sus treinta y dos años como la excelencia musical del estado y la joya cultural de esta región, hoy con un patronato presidido por el propio gobernador y con la vicepresidencia del magistrado Miguel Mery Ayup— encuentre el respaldo institucional que merece. La Comarca ha aportado a la cultura de Coahuila mucho más de lo que ha recibido, y ya es hora de que el presupuesto lo refleje. Y aquí va el consejo no solicitado, que es la especialidad de esta casa. A la nueva secretaria le conviene, desde el primer día, tomar sana distancia de doña Lucrecia Martínez de Santibáñez. Lo dijimos la semana pasada y lo sostenemos: la señora ya cumplió su ciclo y le tocaría retirarse con honores mientras todavía se los puedan dar. Su mérito fundacional está en los libros y nadie se lo disputa; lo que no le corresponde ya es seguir incidiendo, opinando, vetando y señalando sobre lo que hagan quienes vienen detrás. El campo cultural lagunero lleva tres décadas con las mismas puertas y los mismos porteros, y hay una generación de gestores, músicos, curadores y promotores formados aquí y afuera que no encuentra por dónde entrar. Si la licenciada Rodarte quiere de verdad dinamizar al gremio, como le encomendó el gobernador, tendrá que decidir pronto a quién le toma la llamada y a quién le devuelve el recado. Porque lo que ella pudo hacer en su tiempo, ya lo hizo. Lo que venga de aquí en adelante es asunto de las nuevas generaciones, y toca dejarlas trabajar sin la sombra permanente de quien cree que el campo le pertenece por derecho de fundación. En lo local, el expediente del SIMAS por fin tiene números y son peores de lo que se anticipaba. El organismo acumula pasivos por dos mil ochenta y un millones de pesos, con un adeudo cercano a los quinientos millones solo con la Comisión Federal de Electricidad —equivalente a unos veinticinco meses de facturación sin cubrir— y alrededor de seiscientos cincuenta y nueve millones si se le suma lo que se debe a la Comisión Nacional del Agua. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una auditoría especial al organismo, el consejo contratará un despacho externo para revisar los adeudos con proveedores, y el diputado Antonio Attolini acudió ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía a pedir atención expedita, advirtiendo que la deuda con la CFE compromete la operación de pozos, bombas y equipos hidráulicos. Traduzcamos del burocrático: si a esta ciudad le cortaran la luz de los pozos, el agua se acaba el mismo día. Xavier Herrera y el consejero jurídico Gerardo Márquez trabajan en los convenios con ambas dependencias federales, y ahí está la verdadera prueba de fuego del primer semestre del alcalde Riquelme. Porque una cosa es heredar un desorden y otra, bastante más difícil, es negociarlo con la Federación sin hipotecar el futuro del organismo. Tres definiciones para el cierre de semana y el arranque de la próxima. Primera, la instalación formal de Leticia Rodarte en la Secretaría de Cultura y las primeras señales sobre a quiénes conserva, a quiénes releva y qué hará con la Filarmónica del Desierto, que sigue con expediente abierto y con dos despidos por resolver. Segunda, los convenios del SIMAS con CFE y Conagua, y el arranque de la auditoría especial que aprobó el Congreso. Y tercera, el cierre del diagnóstico municipal en Tránsito, Protección Civil y el Centro de Justicia, con la última tanda de relevos, donde Héctor Estrada y Fernando Villarreal siguen sin permanencia asegurada y donde la bodega del impermeabilizante sigue, tres semanas después, tan llena y tan callada como el primer día. Para el sábado sabremos si el paso se sostiene; para el lunes, esta Comadre se los estará contando, como siempre, antes de que salga en el boletín. Una vez más están servidos nuestros lectores… ¡Comparte esta columna! Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook: PeriodicoSinCensura | Red Social “X”, antes Twitter: @_sincensura | Página web: sincensura.com.mx