La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
La generación Z convocó una marcha el 15N en México inspirada en movimientos globales. Entre hartazgo, organización digital y dudas oficiales sobre su origen…
El 15 de noviembre marchó la llamada generación Z, jóvenes que nacieron entre 1997 y 2010. Forma parte de un fenómeno global que combina organización digital, hartazgo y un símbolo inesperado, la bandera pirata de “One Piece”.
El impacto es evidente. La generación Z ya ha derribado gobiernos o los ha obligado a corregir el rumbo.
En México, el movimiento apareció en redes a mediados de octubre. La convocatoria se aceleró tras el asesinato Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Los organizadores, de distintos espectros ideológicos, dicen ser apartidistas. Aseguran que buscan visibilizar la inseguridad y pedir justicia. Que no hay líderes definidos ni estructura formal. Se presentan como jóvenes hartos.
Sheinbaum señaló que la convocatoria era impulsada por bots. También afirmó que la marcha no era genuina y que detrás había intereses extranjeros, empresarios como Ricardo Salinas Pliego, partidos de oposición o grupos como Salvemos la Democracia. La estrategia fue investigarla y desacreditarla.
Un gobierno democrático tiene tres tareas básicas: escuchar, garantizar y responder. Escuchar el mensaje sin ridiculizarlo. Garantizar el derecho a protestar sin intimidación. Responder con políticas y no con sospechas. Investigar delitos es válido. Investigar marchas no.
El 15 de noviembre midió qué tan dispuesto está el gobierno a convivir con el disenso. Si la generación Z exige ser vista y tomada en serio, lo mínimo es atender el mensaje en vez de perseguir al mensajero.
¿Qué pide la llamada generación Z?
Salir de antro sin miedo, que en los bares no los droguen, que en los trayectos no los roben o peor, los asesinen; que los discursos de atención a la juventud se traduzcan en realidades y no en “utopías’’; que se gobierne para todos y no solo para el segmento al que van dirigidos los programas sociales.
Desde la elección presidencial del 2012, cuando surgió el movimiento “#YoSoy132’’, no se había visto que la convocatoria a una manifestación surgiera desde las juventudes.
La convocatoria a la marcha ha sido objeto de una contra campaña feroz de los voceros de la 4T, que buscan descalificarla asociándola a nombres de políticos en retiro del PRI y el PAN o poniendo en duda las legítimas demandas de los jóvenes convocantes.
En México, hay más de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, y casi la mitad está fuera de la población económicamente activa, según el INEGI. Son 14.5 millones y 63% son mujeres. Precariedad laboral, vivienda inaccesible y desempleo: pese al discurso oficial, la generación Z enfrenta problemas, tampoco ha sido escuchada.
Representan casi una cuarta parte del país. Son estudiantes, trabajadores, cuidadores, activistas y también las principales víctimas de la violencia y de un mercado laboral que no les da opciones reales.
La primera causa de muerte de los jóvenes en México son los homicidios. En un solo año más de 6 mil personas de 15 a 24 años fueron asesinadas. Es el grupo con la tasa más alta en todo el país. La segunda alerta es la salud mental. El suicidio es la cuarta causa de muerte juvenil. En 2024, se registraron 8 mil 856 suicidios y los jóvenes de 15 a 29 años concentran la tasa más alta. Los hombres jóvenes son quienes más mueren por esta causa.
El camino educativo es desigual. De cada 100 jóvenes, 37 solo estudiaron primaria o secundaria y apenas dos llegaron a la universidad. Así entran al mercado laboral. Alrededor de 8 millones de jóvenes trabajan en condiciones precarias.
Los jóvenes ya saben que difícilmente tendrán vivienda propia. El precio promedio de una casa supera 1.8 millones de pesos. El enganche ronda los 600 mil. Las mensualidades entre 13 y 15 mil. Con ingresos debajo de 10 mil pesos al mes, la ecuación no cierra. Por eso la edad promedio para comprar vivienda pasó de 28 años a más de 35.
¿Por qué si Claudia Sheinbaum tiene ese porcentaje de aprobación requiere del apoyo de algunos muy cuestionables personajes de su partido o escucha sus consejos como ese de mantener detenidos a 18 marchistas que se irán convirtiendo en presos políticos?
La maquinaria política en Coahuila volvió a encender motores esta semana. Sin reflector estridente, pero con un mensaje directo, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, entregó al Congreso del Estado el Segundo Informe de Manolo Jiménez Salinas. El documento aterrizó en manos de los legisladores como un recordatorio de que, más allá de discursos, hay una administración que se mueve, ejecuta y presume resultados medibles.
Pimentel fue claro al hacer entrega: “que la sociedad conozca todo lo que se ha hecho en cada eje del Plan Estatal”. Y ahí está el subtexto: un gobierno que busca mantener el sello ciudadano mientras afianza compromisos y cierra brechas que por años fueron postergadas. No es casual que el gobernador repita su mantra: cumplimiento, cercanía y trabajo en equipo. En política, los discursos pueden sonar huecos; en gestión, los resultados no.
La ruta del informe arrancó desde el Palacio de Coss, y entre pasillos del Legislativo, la operación ya estaba lista. La diputada Luz Elena Morales afinó el protocolo, porque este informe no será un acto más en el calendario: es el termómetro político rumbo a 2026. Los secretarios llevan días “apretando tuercas” para que cada obra, cada proyecto y cada cifra luzca con claridad quirúrgica. En Coahuila nadie quiere sorpresas de último minuto.
El mensaje ciudadano se dará en Torreón, territorio clave en el tablero político del estado. No es casual la elección. Si algo ha caracterizado a Manolo Jiménez Salinas es su estrategia milimétrica: aparece donde hay músculo económico y donde se define, sin matices, el rumbo electoral. En La Laguna podrá presumir avances, seguridad consolidada y una obra pública visible a toda la ciudadanía.
Más allá de ceremonias, el Segundo Informe será una vitrina política importante. Una demostración de que Coahuila mantiene estabilidad, orden y crecimiento en un país donde ambos se han vuelto bienes escasos. Es también un mensaje de continuidad para el empresariado, los alcaldes y la clase política que observa, analiza y se alista para un 2026 que promete ser de alto voltaje.
Porque en política, más que informar, se trata de dejar claro quién lleva el control del tablero.
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