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Difícil discernir o más bien separar las decisiones políticas personales cuando se labora para una fracción política determinada.  Justo en el momento en que una persona presta sus servicios profesionales a una entidad política o gubernamental, sus manifestaciones sobre aspectos políticos se ven sesgados o en cierto modo limitados en cuanto a imparcialidad por el hecho de recibir un pago que, si bien cubre acciones profesionales, denota cierto sojuzgamiento ante el patrono. Por ello el escándalo en torno a la marcha de la generación Z de la semana pasada y los dirigentes de este movimiento; sobre todo de uno de ellos en particular que ha causado revuelo en medios debido a que acusó al gobierno federal de persecución política porque la dirigente nacional de morena, Luisa María Alcalde, mostró el rostro del dirigente y el para nada pequeño detalle de que posee un contrato millonario con el Partido Acción Nacional (PAN) por más de 2 millones de pesos por servicios  de estrategia digital y gestión de redes mediante 12 pagos mensuales de más de 175 mil pesos. Se trata de Edson Andrade y quien ha sido señalado como uno de los líderes del movimiento generacional. La verdad no tiene nada malo la postura del joven, está en todo su derecho de manifestarse públicamente, sin embargo, el hecho de cobrar una considerable cantidad mensual de recursos públicos vuelve bastante cuestionable su imparcialidad en el movimiento y refuerza los argumentos del oficialismo de que el movimiento es impulsado y financiado por la oposición. Por otra parte, el aludido argumenta que se va del país por sentirse perseguido al ser expuestos sus datos personales, sin embargo, el contrato que exhibió la líder morenista es público al tratarse de recursos de nuestros impuestos que financian el jugoso estipendio de este experto en redes; por lo tanto no hay ningún intento de persecución por exhibir un documento que le pertenece al escrutinio público, más bien me parece una actitud golpista con tintes de victimización para ensuciar al gobierno actual.  Ahora bien, hay que señalar que el aludido tiene su pasado político bastante bien definido; pues fue aspirante del PRI a Concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo en junio de 2024, y entre 2021 y 2022 trabajó para el CEN del PAN como ejecutivo de área en la Secretaría de Comunicación y posteriormente, se desempeñó como ejecutivo de área en la Coordinación Nacional de Síndicos y Regidores del PAN, entre julio y diciembre de 2022. Son estos antecedentes que dejan al joven como señalado de ser impulsor pagado de un movimiento que pone en tela de juicio su objetivo apartidista de exigir más seguridad y menos corrupción, que también hay que decir, estos ideales son obligadamente exigibles en estos momentos, pero no como instrumento político golpista, sino como movimiento ciudadano que busque la solución de problemas nacionales y de exigencia de eficiencia gubernamental. No se trata para nada de demeritar el movimiento, pero estos detalles vuelven cuestionable el origen real del supuesto activismo de la generación Z.