La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum para sostener el cordón umbilical con Andrés Manuel López Obrador? Desde la presidencia, insiste en defenderlo con fervor, incluso a costa de su propia legitimidad como jefa de Estado.
La sombra del tabasqueño es larga. Desde 2012, el ascenso de Sheinbaum se tejió bajo su ala, y hoy esa relación se traduce en lealtad absoluta. Pero nada es eterno. En 2027 llegará la consulta de revocación de mandato, y para entonces ya no bastará ser la discípula aplicada: tendrá que definirse como líder de un país que exige rumbo propio.
El problema es evidente. La estructura de Morena sigue en manos de López Obrador. Senadores, diputados, gobernadores, mandos militares y miembros del gabinete le deben más a él que a ella. Un exabrupto del expresidente, incluso desde el retiro, bastaría para que la militancia la acuse de traición.
Pero todo tiene un límite. En el camino a 2027, la presidenta no podrá seguir culpando a “conservadores” cada vez que le incomode una crítica. Tendrá que sostener un proyecto propio sin convertir al país en rehén de la camarilla tabasqueña.
El reciente intento de reformar la Ley de Amparo es un buen ejemplo. La propuesta busca restringir la protección de derechos fundamentales y manda un mensaje de revancha política que, más que fortalecer a Morena, erosiona al Estado de derecho.
La pregunta es inevitable: ¿vale la pena desgastar la presidencia para complacer a un solo hombre y su círculo cercano? En 2027, la ciudadanía no evaluará únicamente el legado de AMLO, sino la capacidad de Claudia Sheinbaum para gobernar con autonomía… o para seguir siendo la sombra de otra sombra.
La “austeridad republicana” también se vende en el Poder Judicial. Pero el discurso de sacrificios se rompe en cuanto se revisa la chequera del nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
Al asumir el cargo en septiembre prometió un tribunal austero. La realidad apunta al exceso. Una investigación de “Eme Equis” revela que la Presidencia de la Corte tiene 97 asesores, con un costo mensual de seis millones de pesos. De ellos, 60 despachan en su ponencia, nueve en la Oficina de la Presidencia y 28 en la Coordinación General de Asesores. Para comparar: Norma Piña, presidenta saliente, tenía seis asesores en la Oficina. Seis contra 97.
El tema no para ahí. El anteproyecto de presupuesto revela otra paradoja: el Consejo de la Judicatura Federal pidió aumentar de 411 a 565 millones de pesos el gasto en “Alimentos y Utensilios”. Solo ese rubro sube 37%. Para 2026, la Judicatura solicita 508 millones para comidas de empleados, y la propia Corte plantea incrementar de 31 a 47 millones el gasto en alimentos para nueve ministros y 3 mil 500 trabajadores. Botanas y cocineros de lujo en tiempos de recorte.
¿Y dónde quedó la austeridad? Aguilar Ortiz llegó con el discurso de eliminar privilegios, pero los números cuentan otra historia: más asesores, más presupuesto, más excesos.
La pregunta va sin filtros: ¿corregirá la Cámara de Diputados, dominada por Morena, estas cuentas alegres? O, como teme el escepticismo ciudadano, ¿aprobarán sin chistar lo que pida “el equipo”?
Septiembre trajo un expediente incómodo. Medios documentaron que los hijos del expresidente aparecieron en amparos colectivos contra posibles órdenes de aprehensión por huachicol fiscal en la Secretaría de Marina. En esa lista había contralmirantes y empresarios del contrabando de combustible. Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán negaron todo y hablaron de suplantación de identidad. Puede ser. Pero lo cierto es que sus nombres estaban ahí, en investigaciones oficiales. No en un panfleto de la oposición.
Las polémicas siguieron fuera de tribunales. Andy fue exhibido en Tokio: facturas filtradas reportan 178 mil pesos en hotel de lujo y boutiques Prada. Su respuesta fue un chiste involuntario: “apenas 7 mil 500 diarios”. José Ramón, por su parte, pasó dos semanas en Vidanta Riviera Maya, donde las noches cuestan entre 9 y 30 mil pesos. La cuenta mínima: 137 mil. El dueño del resort, Daniel Chávez, no es ajeno al poder: concesiones playeras lo acompañan.
La discusión sobre seguridad exhibe otra grieta en Morena: los viejos caciques y sus pactos. El caso más reciente es Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto jefe de La Barredora, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Policías de día, criminales de noche.
Su carrera se forjó bajo el amparo de Adán Augusto López. Y según las investigaciones, sirvió lo mismo a priistas, perredistas que, a morenistas, extendiendo operaciones de Tabasco hasta Guatemala. Renunció en 2021, pero nunca se fue: siguió ligado a la 4T.
El caso no es aislado. En Tamaulipas, la senadora Olga Sosa acusa a su propio gobernador de vínculos con el huachicol. En Baja California, una diputada morenista fue señalada por el Departamento del Tesoro como parte de una red ligada al narco. La lista crece. Y la “unidad” de Morena parece sostenerse tanto en banderas de cambio como en pactos de sangre.
La pregunta final: ¿veremos justicia real o solo un nuevo episodio de justicia selectiva? Porque en este tablero, caen peones… pero los alfiles y reyes siguen en pie.
El 18 de septiembre, Morena decidió arrebatarle a Alejandro “Alito” Moreno la presidencia de la Comisión de Marina. La explicación fue técnica: la bancada del PRI se redujo a 13 escaños tras la fuga del senador poblano Néstor Camarillo a Movimiento Ciudadano. La proporcionalidad cambió y Morena reclamó el puesto.
Pero detrás de la aritmética hay vendetta. “Alito” lo leyó como represalia por sus críticas al gobierno y respondió a la altura de su estilo: llamó “narcosenador” a Adán Augusto López. Palabras que incendian más un Senado que ya arde por dentro.
El relevo es Carlos Lomelí Bolaños, senador de Jalisco y empresario farmacéutico con pasado turbulento. Fue superdelegado de AMLO en 2018 y, según investigaciones, dos de sus empresas —Lomedic y Servicios Educativos y de Negocios— aparecieron en listas del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero. Una vinculada a los Amezcua Contreras; la otra, a Raúl Flores Hernández. Aunque Lomelí niega todo y una de las compañías salió después de la lista, la sombra persiste.
La crisis interna en Morena se profundiza. Senadores cercanos a Ricardo Monreal evitan respaldar a Adán Augusto; PT y PVEM acompañan, pero advierten en corto que no quieren cargar con todas las ocurrencias de la 4T. Y Movimiento Ciudadano gana peso con la llegada de Camarillo. La consecuencia: reformas judiciales, cambios electorales y nombramientos de ministros penden de un hilo.
En los pasillos se habla de causalidades. Lomelí llega justo cuando estallan casos de corrupción en la Secretaría de Marina. Camarillo se mueve cuando arrancan las negociaciones de 2027. Y la defensa férrea a los “junior” López contrasta con la frialdad hacia senadores incómodos. Todo suma a la percepción de un Senado fracturado, donde las lealtades se negocian al mejor postor.
En síntesis: el “senado que arde” no es metáfora, es diagnóstico. Y mientras los legisladores se entretienen en vendettas y cuotas de poder, el país queda sin contrapesos efectivos y con un Congreso convertido en mercado persa.
El contraste no tiene comparaciones. Mientras en el Senado arden los pleitos, en Coahuila la narrativa oficial presume estabilidad. Manolo Jiménez Salinas ha levantado un discurso de gobernabilidad sustentado en seguridad y Estado de derecho. Y, de momento, los números lo acompañan.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, seis de cada diez coahuilenses se sienten seguros. El estado ocupa el segundo lugar nacional en percepción de tranquilidad. No es casual: desde que Manolo llegó a Palacio Rosa se han invertido más de seis mil millones en el modelo de seguridad. Este año se entregarán 15 nuevos cuarteles a la policía estatal y al Ejército, se modernizaron arcos carreteros y cámaras de vigilancia. La fórmula es clara: seguridad más desarrollo igual a calidad de vida.
Pero el blindaje no solo es policiaco. Coahuila enfrentó de raíz lo que en Durango es un dolor de cabeza: las extorsiones de la CATEM. En la Comarca lagunera del vecino estado los empresarios denunciaron “cobro de piso” y tráfico de influencias. Del lado coahuilense, el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Torreón bloquearon la entrada de ese sindicato. El alcalde Román Alberto Cepeda lo llamó “blindaje laboral”. Traducido: aquí no pasa la CATEM.
La estrategia va acompañada de eventos masivos que apuntalan la identidad regional. El 28 de septiembre, Torreón buscará romper dos Récord Guinness con la discada más grande del mundo: más de tres toneladas en un disco de nueve metros y 80 mil tacos gratuitos. Gastronomía como herramienta de cohesión social y vitrina para un estado que quiere vender seguridad… también a los turistas.
El motor detrás del Centro de Convenciones es Rodrigo González Fernández, su director. Carismático, mediático y cercano al gobernador. En rueda de prensa presumió que solo en 2025 ya van 208 eventos, con 150 más agendados y la meta de superar los 400 antes de fin de año. El crecimiento es exponencial y el agradecimiento público a Manolo Jiménez muestra la sintonía entre gobierno y sector privado.
No sorprende que su nombre ya circulé en los corrillos políticos. La eficiencia organizativa, la proyección mediática y la confianza del gobernador lo perfilan como posible candidato a diputado local en 2026. Todavía no hay anuncio formal, pero la señal es clara: en Coahuila, la gobernabilidad no solo se mide en cuarteles o encuestas… también en los nuevos rostros que empiezan a sonar… ¡Ánimo tocayo!
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