La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
El término “Generación de Cristal” ya no pertenece exclusivamente a los jóvenes, hoy se instala cómodamente en las oficinas de gobierno, los recintos legislativos y las salas de prensa de Palacio Nacional. La fragilidad emocional ha cambiado de trinchera: ahora despacha con cargo, con fuero y con presupuesto.
Lo que antes era debate público, ahora es causa de sanción electoral. Un ¡Tribunal Electoral! —sí, con signos de exclamación— dictó castigo contra un columnista y un diario porque una aspirante a magistrada se dio por aludida con un texto basado en un reporte oficial de la SEDENA. En otro caso, una diputada logró que el mismo tribunal ordenara a una ciudadana pedir disculpas públicas… ¡durante 30 días consecutivos en redes sociales! Todo por un comentario que se ha escuchado miles de veces, incluso en boca de quienes hoy se victimizan.
Y por si faltara surrealismo, en Campeche, un juez ordenó que un interventor revise con 24 horas de anticipación los textos de un periodista que tuvo el atrevimiento de cuestionar a la gobernadora. La acusación: “incitación a la violencia”. En el país “más democrático del mundo”, en el que se presume un “nuevo humanismo” y una libertad sin parangón, lo que tenemos es una clase política de cristal, alérgica a las “benditas redes sociales” y con urticaria crónica ante los medios incómodos.
Pero tampoco sorprende. Nunca han sido de resistir los placeres mundanos. Han sido —y siguen siendo— amantes de la buena vida, de la business class, de los hoteles cinco estrellas, de los paseos a Europa, Asia o cualquier paraíso fiscal con wifi. Porque si algo distingue a esta nueva aristocracia revolucionaria es su obsesión por el confort.
Desde Palacio Nacional se les exonera. Mientras no sea dinero público —dicen—, no hay contradicción alguna con la “justa medianía” que tanto predica la presidenta Sheinbaum. ¿En serio?
Y claro, poco importaba cuando José Ramón López Beltrán vivía en una casa de lujo en Houston o celebraba fiestas ostentosas en Culiacán. El presidente lo resolvía todo con un comentario que hoy parece eslogan de encubrimiento: “La señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno.”
Ahora las cosas son distintas. Ya no es solo José Ramón. Ricardo Monreal apareció en el Camino de Santiago, en chanclas, como turista penitente, mientras Zacatecas sigue siendo un infierno. Andy López Beltrán, alias “el que no quiere que le digan Andy”, fue captado en Tokio, comprando en Prada, alojado en el exclusivo Hotel Okura, acompañado nada menos que por Daniel Asaf, exoperador presidencial.
Mario Delgado se dejó ver en Portugal. “Con mis propios recursos”, aclaró en automático, justo cuando millones de estudiantes cerraban su ciclo escolar en México. Y eso sin contar a los demás diputados, senadores, gobernadores y burócratas de la 4T que se pasean como influencers con cargo.
¿Por qué este exhibicionismo no ocurría durante el sexenio de López Obrador y ahora, con Claudia Sheinbaum, se vuelve costumbre?
La respuesta aún no llega. Lo que sí se nota es el tono: no parece simple descuido. Parece desobediencia. O peor: desafío directo a la presidenta de la República.
Lo de Adán ya no es un simple escándalo mediático. Es un caso internacional. El New York Times le dedicó varias páginas para documentar la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos, no solo contra él, sino contra exfuncionarios de su administración en Tabasco, acusados de operar en secreto para el grupo delictivo La Barredora, una organización criminal con anclaje en el sureste.
Y en ese mismo contexto, se da un giro inesperado. Con Washington presionando, Trump amenazando con aranceles y las agencias de inteligencia enfocadas no en el norte, sino en el sureste mexicano, Claudia Sheinbaum no puede permitirse lealtades ambiguas ni lastres heredados.
Mientras tanto, algunos como Alejandro Moreno descansan el fin de semana… pero no duermen tranquilos. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechó su juicio de procedencia, pero la Fiscalía Anticorrupción de Campeche sigue cocinando su propio expediente. A diferencia de Adán, “Alito” sabe que no está en la lista de prioridades, pero también que su blindaje es temporal y que la presión se administra por dosis.
Cuando la presión sobre Adán Augusto López alcanzó niveles internacionales y el caso de La Barredora empezó a descomponer los cimientos del morenismo tabasqueño, apareció —como si la política tuviera sentido del timing— un milagro procesal: la detención en Arizona de Sandra Téllez Nieves, una de las copropietarias de la tristemente célebre Guardería ABC.
Desde 2009, la tragedia en Hermosillo ha sido una herida abierta para México. La muerte de 49 niños y las lesiones permanentes a otros 104 marcaron un antes y un después en la negligencia institucional. El incendio, provocado por una bodega vecina repleta de llantas y desechos industriales, reveló mucho más que fallas en protección civil: expuso una red de complicidades entre particulares y autoridades federales, encabezadas entonces por el IMSS. Pero lo que más escandalizó fue la relación directa de una de las socias —Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella— con la entonces primera dama, Margarita Zavala, hoy diputada del PAN.
Los otros copropietarios, entre ellos Sandra Téllez, habían permanecido en la sombra. Hasta ahora. Su captura no solo reactivó un expediente judicial que parecía dormido, sino que ofreció a Morena una oportunidad narrativa dorada: recuperar el control del discurso público justo cuando la oposición empezaba a afilar las lanzas por el caso Adán Augusto y los vínculos con el crimen organizado en Tabasco.
La estrategia, sin embargo, ya estaba en marcha: colocar el caso ABC en la primera fila de la agenda legislativa, llevar a Sandra Téllez al centro de los reflectores y usar esa tragedia como cortina política para desviar las miradas del colapso ético de uno de sus principales exsecretarios de Estado.
En política, los relevos no siempre son promociones ni castigos. A veces, son mensajes. Y el que acaba de enviar Claudia Sheinbaum con la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es uno que no admite dobles lecturas: el tiempo del revisionismo terminó, ahora viene la cirugía directa.
Mientras los reportes del Departamento del Tesoro estadounidense apuntaban a bancos como CIBanco, Intercam o a casas de bolsa como Vector, la UIF permanecía inmóvil. Más aún: los bancos nacionales comenzaron a quejarse, en corto, de la inutilidad del órgano encargado de detectar dinero sucio. Las señales estaban en todas partes, pero Gómez parecía más cómodo persiguiendo fantasmas del pasado —García Luna, Peña Nieto, Calderón— que enfrentando las redes actuales del narco y sus operadores financieros.
La llegada de Omar Reyes Colmenares es otra cosa. Cercano a Omar García Harfuch, con experiencia en Interpol, en el CNI y en el sistema penitenciario federal, Reyes Colmenares no entra a aprender, sino a ejecutar. Es abogado, forense, técnico, pero sobre todo, es parte del primer círculo de confianza de la presidenta.
En los pasillos de Washington ya tomaron nota. Las agencias —DEA, ATF, OFAC y el Tesoro— han comenzado a revisar quién es Reyes Colmenares, cuál fue su papel en la deportación de capos, en la pacificación de penales y en el control de los abogados que operaban para los grandes jefes del narco. Según fuentes diplomáticas, ya se trabaja sobre una segunda lista de extraditables que podrían terminar en tribunales estadounidenses muy pronto.
Las herramientas legales ya están ahí. Con la reciente reforma a la ley antilavado, la UIF tiene plenos poderes, sin necesidad de control judicial para muchas de sus decisiones. Lo que falta es voluntad… y esa, al parecer, ya no está en manos de los símbolos del pasado, sino de los operadores del presente.
Cuando a Pablo Gómez le ofrecieron coordinar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, más de uno pensó que se trataba de un retiro decoroso. Un premio de consolación después de haber sido desplazado de la UIF por ineficacia, desgaste o simple saturación política. Pero basta ver el contenido de la reforma en ciernes para entender que no es un encargo menor: es la pieza clave del rediseño del poder político en México.
La narrativa oficial dice que la Comisión parte de cero, que se trata de un esfuerzo nuevo, incluyente, abierto a voces de la sociedad civil y al consenso de todas las fuerzas. Pero la realidad es otra: el borrador ya existe, fue presentado por López Obrador el 5 de febrero de 2022 y rechazado entonces por falta de mayoría calificada. La diferencia es que hoy, Claudia Sheinbaum sí la tiene.
Esa iniciativa, reciclada casi palabra por palabra, plantea: reducir a la mitad el financiamiento público a partidos, eliminar los OPLEs para concentrar todo en un solo organismo federal (el INEC), acabar con la representación proporcional, disminuir el número de legisladores y regidores, y —el plato fuerte— establecer la elección directa de consejeros y magistrados electorales. Todo, envuelto en el celofán del “ahorro”.
En el fondo, la propuesta no busca austeridad: busca hegemonía. Sin plurinominales, sin contrapesos regionales, sin organismos autónomos ni mecanismos de representación proporcional, Morena podría garantizarse el control legislativo con el simple voto mayoritario. Una democracia sin disidencia, con apariencia de legitimidad y sustancia de autoritarismo.
(A Pablo Gómez) Se le considera un experto en la materia, es cierto. Pero su paso por la UIF dejó más dudas que certezas: convirtió un órgano de fiscalización financiera en un instrumento de persecución selectiva.
Algunos sostienen que su nombramiento responde a presiones externas. Que después de los señalamientos de lavado de dinero contra bancos mexicanos emitidos por el Tesoro de EE.UU., el gobierno de Sheinbaum decidió quitarlo discretamente de la escena financiera. Sea cierto o no, lo importante es que no fue una promoción, sino un reacomodo. Un movimiento quirúrgico para que no estorbe, pero aún sirva.
Y mientras desde Palacio Nacional se redacta el nuevo régimen electoral, desde el otro poder, el Judicial, Sheinbaum también teje sus propias alianzas. El reconocimiento público al nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, cerró de golpe cualquier especulación sobre posibles maniobras internas para alterar la sucesión. Todo en su sitio. Todos quietos.
El primero de septiembre se perfila como una fecha cargada de simbolismo: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum rinde su primer informe de gobierno, el país será testigo también de la toma de protesta del nuevo Poder Judicial Federal. El foco estará sobre el ministro presidente Hugo Aguilar, pero en los estados hay otras figuras que también están dejando huella —y preparando el terreno para lo que viene—.
Ahí estuvieron los juzgadores federales electos Jorge Trejo Veloz, Maribel Villanueva, Daniel Olvera, Lupita Carranza, Alejandro Camacho, Olga Montoya, Vanesa Revadilla, entre otros cuadros con presencia regional que, más allá del protocolo, quisieron marcar presencia. Porque en política, asistir también es un gesto. Y cuando se trata de un Poder Judicial fuerte, estable y con un aliado como el magistrado presidente con perfil político, ese gesto se vuelve mensaje.
Su papel en el Poder Judicial de Coahuila no solo lo posiciona como el puente más sólido entre Torreón y el gobierno de Manolo Jiménez, sino como una de las figuras con mayor proyección real para los próximos comicios.
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