Mi buen amigo el jurista torreonense en Ensenada, Baja California, Alfonso García Quiñones, acaba de pedirme mi opinión acerca de que la ministra Lenia Batres Guadarrama, está esgrimiendo el argumento de protección al presupuesto Federal, para  escamotear el pago de la indemnización por la expropiación de un predio en Coahuila; opinando que dicho criterio no puede estar por encima del 27 Constitucional, que garantiza el pago de una indemnización por expropiación.

Agregué que la ministra Batres, recordara que el General Lázaro Cárdenas, expropió las empresas petroleras mediante el pago de la indemnización con base en avalúos de sus edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, herramientas, pipas y demás vehículos, ductos y todo lo que constituía  la industria petrolera en todo el país; pues el petróleo y todo lo que se encuentra debajo de la tierra, es propiedad originaria de la nación desde que se consumó su independencia.

Añadí que otro buen amigo el Licenciado José Luis Ortiz Larrañaga, torreonense avecindado en la Ciudad de México, también está sufriendo la falta del pago de la indemnización constitucional de un cliente despedido injustificadamente por el ISSSTE, ordenado por una ejecutoria concesoria de amparo por un Tribunal Colegiado, que la Junta Especial 1, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de aquella ciudad, no quiere hacer cumplir.

El argumento para que las autoridades Federales, no cumplan ni con la Constitución, ni  la ley ni las ejecutorias de amparo, es la protección del presupuesto Federal, que quieren que en su mayoría se vaya al pago de las pensiones a los de la tercera edad, a las becas estudiantiles y en una palabra a los programas sociales.

La 4T debe reflexionar en que el pago de indemnizaciones a los trabajadores despedidos injustificadamente por el gobierno de México, es también un gasto social; pues se trata de mexicanos que al igual que a los de la tercera edad y los estudiantes, debe de pagárseles lo justo, lo que les corresponde.

No es ético que la 4T, les escamotee a las clases débiles, como es la clase trabajadora, lo que les debe de pagar por indemnizaciones por despidos injustificados; pretextando que los recursos son para las becas y para las pensiones.

No es ético tampoco que la 4T, no cumpla con el mandato del 27 Constitucional de hacer las expropiaciones por causas de utilidad pública mediante el pago de una indemnización, dizque porque los recursos los necesita para los programas sociales.