El decomiso de vehículos texanos irregulares en el país se detuvo cuando el gobierno federal emitió el decreto para su nacionalización en 2022 bajo ciertos lineamientos; sin embargo, el actual gobierno de Coahuila reanudó los operativos para detectar y decomisar este tipo de vehículos o mercancías de procedencia extranjera en transporte, amparado en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas, firmado y con entrada en vigor en el 2015. En 2025 el gobierno de Coahuila elevó de rango la Administración Fiscal General para convertirla en Administración General de Comercio Exterior, dicha dependencia quedó a cargo del L.C.I. Luis Alfonso Rodríguez Garza, quien anteriormente fungió como titular del programa Mejora y en el gobierno de Rubén Moreira Valdez, como secretario de Turismo.
Sin embargo, los auditores de esta recién creada Administración General de Comercio Exterior, están decomisando vehículos texanos irregulares en México, con procedimientos que carecen de los requisitos mínimos legales en materia aduanera, dejando en total estado de indefensión a los propietarios o tenedores de estas mercancías en transporte.
El pasado 16 de julio, Giselle GR, se dirigía a su casa después de realizar algunas actividades en la ciudad en compañía de su esposo Jonathan Abimael Salazar Martínez, quien conducía un automóvil Chevrolet Impala, modelo 2014, sobre el libramiento Jesús Ma. Ramón Valdés, a unos 300 metros del puente internacional fueron detenidos en un operativo de revisión por supuestos auditores adscritos a la recién creada Administración General de Comercio Exterior, recalcamos “supuestos auditores” ya que nunca se identificaron y sus gafetes los portaban del lado en que no se veía su nombre, además uno de ellos traía la cara cubierta; solicitaron la documentación del vehículo que no portaba placas debido a que es un vehículo de procedencia extranjera sin regularizar en México, recientemente la pareja lo había adquirido a un particular en Ciudad Acuña, pagando solo el enganche por lo que únicamente pudieron mostrar copia del título y comprobantes de pago; los auditores detuvieron a la pareja por espacio de dos horas, lapso en el que además de obligar a Jonathan a firmar la orden de revisión de mercancía (su vehículo) le advirtieron que si no la firmaba “Le iría peor”, también le solicitaron la credencial de elector y no se la regresaron, estuvieron discutiendo sobre quien llevaría el vehículo al corralón, primero les dijeron que podía llevarlo Jonathan y luego que no, que le hablarían a la grúa, misma que finalmente llegó pero también los auditores solicitaron la presencia de agentes de la policía Estatal, quienes llegaron en la patrulla No. 5637 y escoltaron a la grúa en el traslado del vehículo.
Los auditores procedieron al embargo del vehículo sin llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente tal y como lo indica al final la orden de revisión (el único documento que Jonathan firmó y obligado) ya que debieron elaborar el acta de embargo precautorio ante la presencia de al menos dos testigos, el acta como la orden de revisión debieron contar con el sello de la dependencia y las firmas de los auditores, debieron elaborar el inventario del vehículo en presencia del propietario o tenedor del mismo; así como indicar en el acta la dirección, número de teléfono y horarios de atención del recinto fiscal autorizado por el gobierno estatal y con conocimiento de la SAT para el depósito de las mercancías en transporte sujetas al embargo precautorio, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con las entidades federativas en muy claro en el procedimiento de actuación y facultades otorgadas a los Estados, lo detalla el anexo 8 de este convenio: https://drive.google.com/.../1lXl1BSFTJJ2.../view...
Estos auditores también estuvieron deteniendo para revisión a camiones de carga que acababan de entrar a esta frontera procedentes de Texas y pasaron revisión en aduana, desacreditaron con esto el trabajo de los elementos federales que operan en la aduana de Ciudad Acuña. No era el caso de Giselle y su esposo, ellos no provenían de los Estados Unidos, los vehículos extranjeros sin placas no pueden cruzar hacia México por la Aduana porque deben mostrar su pedimento de importación y su respectiva baja en los Estados Unidos para iniciar su trámite de regularización, caso contrario son embargados en los carriles de revisión aduanera con el procedimiento legal.
Jonathan y Giselle han recorrido instancias gubernamentales estatales y federales incluyendo Aduana y la SAT y han llamado a otras, pero nadie sabe nada de estos operativos ni de los decomisos, intentaron interponer una denuncia por robo de vehículo en la Fiscalía Estatal y no se las aceptaron.
Todas estas omisiones en el procedimiento de embargo precautorio convierten la actuación de los supuestos auditores estatales en una falta administrativa grave avalada con la firma del administrador general de comercio exterior en Coahuila Luis Alfonso Rodríguez Garza ; dejaron en total estado de indefensión al propietario del vehículo, sin credencial de elector, sin saber a dónde llevaron su automóvil, sin conocimiento de que cuenta con 10 días hábiles para el reclamo del mismo según lo estipula el artículo 153 de la ley aduanera, de no ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga en ese periodo, la mercancía se declara en abandono ante la SAT y allí entra el beneficio que el gobierno federal otorga a las entidades federativas a través de la Secretaria de Hacienda; les adjudica el 100% de los ingresos por multas y de los vehículos decomisados (incluso los de lujo) y en estado de abandono para uso oficial o bien para su enajenación si estos son declarados inutilizados permanentemente para la circulación, así mismo el acuerdo establece que las entidades federativas podrán otorgar un 20% de las mercancías e ingresos por multas recuperadas, a los municipios en los que se hayan efectuado los procedimientos.
Posteriormente en seguimiento a este caso, con la colaboración de la periodista Camelia Muñoz Alvarado, se hicieron cuestionamientos al gobierno estatal; la respuesta fue escrita en una nota de Camelia Muñoz: (El gobierno de Manolo Jiménez Salinas reconoció que lleva a cabo el aseguramiento de vehículos extranjeros que se encuentran ilegalmente en territorio mexicano, pero asegura que la dependencia que lo lleva a cabo existe desde el 2004, pese a que en febrero de este año se publicó el decreto en el que se eleva de rango a Administración General de Comercio Exterior, la instancia que realiza los retenes a escasos metros de los puentes internacionales de Ciudad Acuña y Piedras Negras.
En un breve mensaje de texto el gobierno de pretendió simular que estas acciones se realizan desde tiempo atrás porque la dependencia existe desde el 2004, cuando ni siquiera existía la Administración Fiscal General que sustituyó al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila como órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas.
Las mentiras del gobierno del estado se le señalaron al personal de Comunicación Social del gobierno estatal, en particular a Maribel Sánchez, titular de Información e Imagen, quien hizo llegar el mensaje de texto y quien no se preocupó por hacer las modificaciones en torno a las fechas de creación de la dependencia con las que pretendieron evadir la responsabilidad de Jiménez Salinas).
Días después Gissel volvió a indagar el paradero de su vehículo y le respondieron que se encuentra en el C4 en Piedras Negras, a donde debía dirigirse para que le elaboraran el PAMA (Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera) mismo que debieron elaborar al momento del decomiso. La historia continua.
Este es el punto de inflexión, la pregunta en el aire de la razón por la que el gobierno estatal crea la Administración de Comercio Exterior: ¿Coadyuvar con la Secretaría de Hacienda en la detección de mercancías ilegales en transporte, sus medios de transporte y su decomiso precautorio o despojar ilegalmente a los ciudadanos de una parte de su patrimonio sin otorgarles su derecho a la defensa o reclamo que otorga la ley? Soy Gloria Ruiz, la voz del pueblo, la válvula de escape para muchos, la politóloga del proletariado…To be continued.