Mucho trabajo, mucho esfuerzo ha costado a los trabajadores defender sus derechos. Inclusive, darse cuenta de que tienen derechos es algo que se logra, cuando se logra, muy dificultosamente. A pesar de que en este país tuvo que hacerse una Revolución para desestructurar las condiciones de explotación de que eran víctimas obreros y campesinos, pese a una Reforma que previamente le había arrebatado sendos privilegios a la iglesia, pese a todo ello, en pleno siglo XXI la desigualdad persiste y, peor aún, se ha profundizado.
No ha sido por falta de lucha o por ausencia de rebeldía. Los trabajadores han exigido, una y otra vez, el derecho a una vida digna a cambio de su esfuerzo productivo. Y una y otra vez la derrota ha sido lo que han obtenido. Se han ensayado diversas estrategias de organización, desde las mutualidades hasta los sindicatos, desde la lucha pacífica hasta la lucha armada, desde los formatos más conservadores hasta los más radicales la lucha obrera sigue teniendo en nuestro país un gran retraso en comparación con otras naciones.
Ahora, la vinculación de las tres economías norteamericanas, México, Estados Unidos y Canadá en un tratado de libre comercio ha hecho visibles las asimetrías en las condiciones de vida de las clases trabajadoras de los tres socios comerciales. Eso preocupa a los capitales norteamericano y canadiense y no por solidaridad con sus trabajadores sino porque, aducen, ello implica una ventaja para los capitales asentados en México al pagar salarios sustancialmente más baratos que los que se pagan en los otros dos países. Por ello, los gobiernos y centrales obreras de Canadá y Estados Unidos lograron incorporar un apartado dentro del T-MEC mediante el que se obliga al gobierno mexicano a mejorar sustancialmente las condiciones laborales de sus trabadores.
El apartado en cuestión es el capítulo 23, ya lo decíamos en la entrega anterior, abre enormes posibilidades para que la clase obrera mexicana pueda sacudirse tanto a líderes “charros”, como a instituciones y legislaciones diseñadas justamente para inhibir el ejercicio pleno del derecho fundamental de los trabajadores a decidir quien los representa, que condiciones de trabajo aceptar, etc.
Una abogada laboral, Susana Prieto, se dio cuenta de la oportunidad que este capítulo 23 representaba y se dio a la tarea de informar a los trabajadores, sobre todo trabajadoras, de las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas. Y así, un buen día las empresas amanecieron emplazadas a huelga por trabajadoras que decían desconocer su contrato colectivo de trabajo y, con una llamadita a las autoridades gringas, pudieron obligar a l gobierno mexicano a implementar, a través del INE, un proceso de consulta para que los trabajadores expresaran su acuerdo o descuerdo con sus condiciones de trabajo pactadas en un contrato colectivo.
El resultado fue que tales condiciones fueron pactadas a espaldas de los trabajadores, por lo que luego siguió un proceso para evidenciar que tanta legitimidad tenían los representantes sindicales. El resultado mostró que, en muchos de los casos, los “dirigentes sindicales” ni siquiera eran conocidos por aquellos a los que decían representar. De manera que, en cuestión de semanas, los trabajadores de muchas empresas de Matamoros cambiaron de representantes y, por tanto, de contrato colectivo. Si bien no tan intensa y extensamente como podría esperarse, pero ya en otras partes del país se está siguiendo el ejemplo. A la abogada Susana Prieto le costó encarcelamiento acusada de falsos cargos, y si no ha sido porque consiguió también la nacionalidad norteamericana, ahorita todavía estaría presa. Con más abogados como ella, sería menos trabajoso desplegar la reforma laboral.