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En lo personal nunca estuve de acuerdo con la desaparición del INAI, es cierto que había motivos para hacerle modificaciones, pero en esencia su trabajo era bastante aceptable y significativo. Lo mismo sucedía con los órganos garantes en las entidades federativas, en el caso de Coahuila, el ICAI fue efectivo en su misión con datos bastantes sugestivos: más de 220 mil solicitudes de información tramitadas y resolución de 16 mil recursos de revisión en dos décadas de existencia son el legado de este instituto que ya ha dejado de existir. En lo personal el ICAI me permitió acceder a información gubernamental de diversos municipios que de otra manera nunca hubiese podido hacerlo; y con ello pude evidenciar malos manejos en los recursos públicos y malas decisiones de autoridades aunado a pésimos desempeños laborales de servidores y funcionarios públicos. Aunque ciertamente el ICAI tenía sus límites y una perniciosa cercanía al gobierno del Estado, su autonomía lo obligaba a fallar de manera ordinaria a favor de los ciudadanos. Sin embargo, la reforma que ahora ha extinguido al ICAI, transfiere la garantía del acceso a la información a los órganos de control interno de cada sujeto obligado, lo cual es una amenaza al derecho humano de acceso a la información, pues se trataría de un escenario de “juez y parte” en donde el contralor municipal resolvería los propios recursos de revisión presentados por particulares ante los municipios, por ejemplo. Y aunque la contraloría se supone es autónoma y es electa por el ayuntamiento; la realidad es que se trata de una figura que regularmente es propuesta por el mismo alcalde y recibe el visto bueno de regidores y síndicos y con ello se pierde el principio de autonomía y consecuentemente y para este caso, el principio de transparencia y acceso a la información. Además de que ahora las contralorías se encargarán de garantizar el derecho de acceso a la información, se crearán el Comité de Transparencia y el Consejo Estatal de Transparencia, encargados de supervisar y coordinar el cumplimiento de la nueva legislación, porque hay que mencionar que también se contempla la creación de dos nuevas leyes: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Se trata entonces de un subsistema que sustituirá al ICAI y quedará bajo la responsabilidad de un ente gubernamental: la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. No parecen ser buenas noticias, pero el optimismo es necesario, aunque las señales negativas ya aparecieron, pues según la diputada local, Zulmma Verenice Guerrero Cázares advirtió que, ante la inminente desaparición del ICAI, muchos municipios han relajado sus obligaciones de transparencia y no han actualizado su Información Pública de Oficio (IPO) en los portales digitales. El camino es incierto, esperemos haya luz al final del túnel.