POR: SAMUEL CEPEDA TOVAR
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Ayotzinapa sigue doliendo, y dolía más por la impunidad de la “verdad histórica” fabricada por el gobierno de Peña Nieto y el entonces fiscal de la república Jesús Murillo Karam, a reserva de la ilusa autonomía de la fiscalía. El caso se ha volcado significativamente para poder aclarar lo sucedido y castigar a los responsables por acción y por omisión al ser ya tipificado como “crimen de Estado”, lo cual tiene una significancia simple, pero más grave, pues quien debe protegernos termina siendo el agresor. Lo sucedido esa fatídica noche no dejaba dudas sobre el crimen de Estado, pues la policía federal estuvo enterada de lo sucedido y no hizo nada al respecto; después el celular de uno de los normalistas fue ubicado satelitalmente en un cuartel militar; y el solo hecho de no encontrarlos en ningún lado, como si la tierra se los hubiese tragado, denotaba acciones por encima del crimen organizado, sobre todo de su “modus operandi”. La tipificación por sí sola no significa que los jueces vayan a proceder como todos quisiéramos, pero nuestro país es signatario de acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos que desde luego deben obligar a los jueces a proceder. La tipificación es importante en dos sentidos, la primera es un precedente temprano, porque históricamente como crimen de Estado fueron calificados los sucesos relativos a la guerra sucia de los 70s y 80s, demasiados años tuvieron que pasar y una sensación de impunidad no dejó de cubrir la tardía tipificación; por ello, el caso Ayotzinapa con sus ocho años resulta un precedente histórico que genera un alud de esperanza y la sensación de que habrá responsables y serán sancionados. En segundo lugar, la temprana detención del exfiscal nos deja ver las dimensione de la implicación del Estado en lo sucedido y desechar el tradicional señalamiento de que fueron “los malos” los que perpetraron el crimen cuando muchos sabíamos que el Estado no estaba exento de responsabilidad, sobre todo por las mentiras del basurero de Cocula que indignó a la sociedad pensante mexicana. Tres implicados que generan temor: el exfiscal Murillo Karam, Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Federal y el excoordinador de la Policía Federal, Omar García Harfuch han sido señalados como los encargados de encubrir el crimen y fabricar una verdad a modo, con la intención de que el crimen quedara sepultado y el Estado exento de responsabilidad. En lo personal me parece que lo que está sucediendo es histórico, mi único temor es que termine politizado, y en este sentido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de atestar un golpe contundente contra la impunidad y enviar el mensaje a Estados y autoridades de seguridad pública para que no olviden que su misión es protegernos y en caso contrario deberán pagar por sus faltas ante la sociedad civil. Bienvenido el halo de esperanza que representa una punta de lanza contra la impunidad, que el Estado les cumpla a las familias con la verdad y que se sancione a quienes tuvieron responsabilidad sin importar que llegue hasta el mismo expresidente Peña Nieto.