La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
México no es país para valientes, asesinaron a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, en un contexto de violencia y ausencia del Estado en Michoacán.
Carlos Manzo tenía 40 años. Un político de origen morenista que llegó a la alcaldía como candidato independiente, después de romper con el partido en 2024. Apenas llevaba un año en el cargo y ya se había convertido en una figura nacional.
En vida, Manzo fue conocido como “el Bukele mexicano”, aunque él mismo rechazaba el apodo: “No soy el Bukele mexicano, pero sí soy cien por ciento el sombrero michoacano”, decía. Su discurso de mano dura contra la delincuencia lo hizo popular en una tierra dominada por el miedo.
Ordenó abatir a criminales armados que no se entregaban, reforzó la policía municipal, compró patrullas blindadas e incluso ofreció recompensas a los agentes que enfrentaran a sicarios.
Su estilo dividía opiniones. Para muchos en Uruapan, era un líder valiente. Para otros, un buscarreflectores. En septiembre, semanas antes de morir, declaró: “Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía. No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”.
Uruapan, capital mundial del aguacate, es también territorio del crimen organizado. Cárteles como el Jalisco Nueva Generación, Los Viagras o Pueblos Unidos se disputan las rutas, la extorsión y el control de los productores. La riqueza del oro verde se volvió un botín y la violencia un paisaje cotidiano.
El asesinato de Manzo no es aislado, la verdad. En Michoacán, la violencia ha cobrado la vida de empresarios, activistas y alcaldes. Hace poco torturaron y mataron a Bernardo Bravo, líder de los citricultores de Apatzingán, tras denunciar cobros del narco. También al sobrino de Hipólito Mora, líder fallecido de las autodefensas.
Años antes cayó Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca. En esta geografía, querer cambiar las cosas es poner tu vida en riesgo.
El 8 de octubre, Carlos Manzo denunció públicamente que el gobierno federal retiró 200 elementos de la Guardia Nacional del municipio. “Esta decisión deja a Uruapan vulnerable”, advirtió. Pidió refuerzos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Nadie respondió.
El alcalde contaba con un pequeño equipo de escoltas federales y municipales. No bastó. Fue atacado en plena plaza pública. Sus guardias abatieron a un agresor y detuvieron a dos, pero no pudieron salvarlo.
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ofreció “profundizar la cooperación” para erradicar al crimen organizado a ambos lados de la frontera.
El mensaje exhibe la fragilidad del Estado mexicano: el edil tenía resguardo con 14 elementos de la Guardia Nacional y dos vehículos de la Defensa. Aun así, lo asesinaron entre el tumulto del Festival de las Velas. Washington se dice listo, aquí, el gobierno llega tarde y responde con discursos.
Lo que comenzó como una marcha pacífica terminó en la irrupción al Palacio de Gobierno: un grupo de manifestantes entró al inmueble, rompió cristales, dañó mobiliario y pintó consignas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El cerco de seguridad falló y la protesta se desbordó sin que la autoridad contuviera a tiempo los destrozos; al cierre, el gobierno estatal no ofrecía un balance claro de daños ni explicaba su actuación.
La fiscalía de Michoacán detuvo a ocho personas por la irrupción en el Palacio de Gobierno, pero el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo sigue libre. Eficiencia para castigar la protesta, no para esclarecer el crimen que la provocó.
Después de su asesinato, las autoridades presumieron que sí tenía protección. Pero ¿de qué sirve tener guardias federales cuando el Estado se ha retirado del territorio?
De septiembre de 2024 a noviembre de 2025, diez alcaldes fueron asesinados en México. Tres de ellos en Michoacán durante la gestión de Alfredo Ramírez Bedolla. La alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, también fue secuestrada y ejecutada. Ser edil en esa región se ha vuelto una sentencia de muerte.
La tragedia de Carlos Manzo no sólo exhibe el poder del narco, sino la ausencia del Estado, de ayer y de hoy. Gobernar un municipio es una hazaña solitaria. Y en Michoacán, como en otras regiones, ser valiente te cuesta la vida.
Aunque queden el recuerdo y la protesta por la muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, no se ve mucho futuro.
Esa lucha comenzó a morir cuando la viuda del exedil, Grecia Quiroz, aceptó acudir a Palacio Nacional para entrevistarse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es un éxito para Sheinbaum, cuyos gestores lograron convencer a la viuda de asistir para escuchar promesas mil veces repetidas con otros crímenes políticos.
Hay un actor oscuro.
Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, es subsecretario de Gobierno y fue factor en la organización de la visita de la viuda Grecia Quiroz a Palacio Nacional.
No aceptó ser el heredero del legado de su hermano, argumentó depresión y mucho rechazó a la Presidencia Municipal de Uruapan y por ello impulsó a Grecia Quiroz.
A esta propuesta se allanaron tanto el débil gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Cabildo de Uruapan y por supuesto el Congreso de Michoacán.
Pero la historia del fracaso de familiares herederos de cargos tan importantes como una presidencia municipal y así se debilitan movimientos, en este caso el movimiento del sombrero ha muerto.
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, provocó la primera gran crisis interna del Gabinete Presidencial que falló en su estrategia de control de daños.
Sheinbaum presento el Plan Michoacán tras el asesinato del alcalde Manzo. Prometió seguridad, desarrollo y justicia en el estado más violento de México.
El asesinato del alcalde Carlos Manzo obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a voltear hacia uno de los estados más violentos. Ayer presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que combina presencia federal, desarrollo económico y cultura de paz.
Con ello busca decir que Michoacán no puede seguir solo. Pero en el fondo, este plan también es un reconocimiento implícito del fracaso de López Obrador en la región.
El plan de Sheinbaum parte de la idea de que la seguridad no se logra con guerras, sino con justicia y desarrollo. Se basa en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico y educación y cultura para la paz.
Anunció mayor presencia federal, la creación de una Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, reuniones quincenales del gabinete de seguridad, oficinas presidenciales en Uruapan y un sistema de alerta temprana para alcaldes. Además, prometió “cero impunidad” en el caso de Manzo y un compromiso de no usar políticamente la tragedia.
En el terreno económico, el plan plantea salarios dignos para jornaleros agrícolas, inversión en caminos y servicios básicos, y polos de bienestar que generen empleo. En el eje educativo, busca reconstruir el tejido social con escuelas de cultura de paz y programas de reinserción para jóvenes.
Suena bien, pero no se entiende sin mirar atrás.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dadas a conocer por el periodista Arturo Ángel, Michoacán vivió el sexenio más sangriento de su historia bajo López Obrador: 13 mil 405 personas asesinadas entre 2019 y 2024, más que en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto juntos. También documentó que 2021 fue el año con más homicidios registrados en el estado: 2 mil 696 víctimas.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) confirma el miedo: 82.6% de los uruapenses dice sentirse inseguro, una cifra que mantiene a la ciudad entre las diez más peligrosas del país. En contraste, Culiacán, con cifras similares, tiene despliegues federales permanentes. Uruapan no.
Sheinbaum lo sabe. Por eso su plan es, en los hechos, una corrección tardía de la estrategia de “abrazos, no balazos”.
Varios expresidentes prometieron pacificar Michoacán y todos fracasaron. Fox vio nacer a La Familia Michoacana y no actuó. Calderón inició allí su guerra contra el narco en 2006. Peña Nieto mandó al exprocurador del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes (extitular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán) con su Plan Michoacán en 2014 y terminó alimentando el caos. La gestión de Castillo fue un fracaso. López Obrador llegó con discursos de abrazos y programas sociales, pero dejó un cementerio más grande que nunca.
El dirigente del PRI, Alito Moreno, hizo un recuento del número de funcionarios públicos asesinados en los siete años que lleva Morena en el gobierno: más de 300 funcionarios asesinados, 31 alcaldes ejecutados, y el crimen organizado controlando más del 60% del país: “La violencia no para, la censura avanza y el Gobierno de Morena sigue mintiendo, protegiendo a delincuentes y reprimiendo a quien se atreve a señalar su fracaso”… “Este es un Estado fallido. Un régimen incapaz, corrupto y coludido con el crimen’’, dijo en el Senado.
Ahora Sheinbaum intenta otra fórmula: inteligencia, justicia y desarrollo. Dice que la guerra no sirve, pero tampoco la pasividad. Suena a punto medio, ¿será suficiente?
Michoacán es un tablero complejo: un puerto estratégico, sierras impenetrables y economías criminales que van del aguacate al hierro. Es un estado donde la geografía y la pobreza alimentan al narco. Cada colina puede ser un escondite, cada hectárea una fuente de extorsión.
Otros países han logrado revertir escenarios así. Colombia lo hizo con fuerza legítima, justicia y desarrollo sostenido. Sheinbaum dice buscar un camino propio. Salvador con mano dura. Si logra cambiar esa situación, habrá hecho historia. Si no, el plan por la paz será sólo otro capítulo más de la guerra eterna.
Por cierto, el anuncio de Sheinbaum del Plan Michoacán no vino acompañado de un anuncio de recursos. Y en la discusión del Presupuesto 2026, ningún diputado oficialista presentó una propuesta específica para financiarlo. El plan existe en discurso, pero no en dinero.
La propuesta de restablecer el Fondo Minero fue rechazada, dejando sin apoyo directo a los municipios mineros.
En la reciente discusión fiscal en el Senado, volvió un tema que parecía enterrado: el Fondo Minero. La senadora Geovanna Bañuelos, del PT, propuso restablecerlo para que los municipios donde se extraen los recursos naturales recuperaran una parte de esa riqueza.
Su reserva fue rechazada por apenas seis votos de diferencia. Con ese resultado, el Fondo Minero murió… otra vez.
Creado en 2014, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros surgió con la idea de que parte de los impuestos pagados por las empresas regresara a las comunidades donde se extraen los minerales.
El 80% de esos recursos se destinaba a estados y municipios mineros y se invertía en infraestructura, salud, educación y medio ambiente.
Entre 2014 y 2018 financió más de 18 mil millones de pesos en obras: pavimentación de calles, clínicas rurales, plantas de tratamiento, alumbrado público, parques y escuelas en más de 600 municipios, en estados como Zacatecas, Sonora, Durango, Chihuahua y Coahuila.
A pesar de señalamientos de corrupción, en muchas comunidades fue el primer programa que dejó beneficios visibles por la minería.
En 2019, el gobierno de López Obrador ordenó eliminar el fondo con el argumento de opacidad y corrupción. En 2020, el fideicomiso que lo administraba fue extinguido junto con otros 108.
Los recursos pasaron a la Tesorería y, desde entonces, se canalizan sobre todo al programa La Escuela es Nuestra. La intención oficial fue centralizar el dinero y evitar desvíos.
El resultado, sin embargo, fue que los municipios mineros se quedaron sin apoyo directo. Gobernadores y alcaldes de estados mineros advirtieron el golpe. Coahuila dejó de recibir más de mil 200 millones de pesos y, en Zacatecas y Sonora, decenas de obras quedaron inconclusas.
Hoy, las comunidades que antes pavimentaban o equipaban escuelas con el fondo dependen de partidas federales generales, mucho menores y más discrecionales.
Las empresas mineras siguen pagando el derecho especial sobre minería, pero el dinero ya no se queda en las regiones de origen. Del total recaudado, 85% va a la SEP, 5% a Economía y 10% a la Tesorería.
Es decir, la renta minera se diluye en programas nacionales y ya no existe un mecanismo que garantice que los municipios mineros reciban su parte. Por eso, cada año surgen intentos por revivir el Fondo.
La iniciativa de Bañuelos fue la más reciente, pero ya van varios intentos fallidos desde 2020. Senadores de oposición y legisladores de Morena de estados mineros han pedido restablecerlo. La industria también lo exige: la Cámara Minera de México (CAMIMEX) recuerda que las empresas pagan esos recursos y no saben en qué se usan.
Otros países muestran que sí se puede repartir la riqueza minera. En Perú, el Canon Minero transfiere la mitad del impuesto sobre utilidades a gobiernos regionales y municipales. En Ghana, un fondo legal destina parte de las regalías directamente a proyectos comunitarios. El principio es el mismo: que el subsuelo deje algo al suelo.
El Fondo Minero fue una política pública que funcionó, pese a sus errores, y generó beneficios sociales mediante la minería. Su eliminación dejó vacíos que ningún programa ha llenado.
Datos incomodos:
Harán recortes al Poder Judicial, pero los diputados federales dejaron intacto su aumento anual de 113 mil pesos en el dictamen del Presupuesto 2026. En el siguiente año ganarán 1.3 millones netos, más apoyo para el pago de ISR y seguro de vida.
El gobierno federal presume aumentos de hasta 7.9% para hospitales e institutos en 2026, pero expertos advierten que, comparado con 2024, el recorte real será de 26.5%. Menos dinero para Nutrición y Cancerología, justo donde más enferma México: obesidad y cáncer.
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