La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Este miércoles, Claudia Sheinbaum cumplió su primer año al frente de las instituciones nacionales. Y lo hace con un respaldo popular sólido, casi intacto. La ciudadanía ha asumido su liderazgo con naturalidad, no sólo por la votación histórica que la llevó a Palacio Nacional, sino porque, en buena medida, ha respondido a las expectativas.
El eje de su mandato ha sido la ofensiva permanente de la Casa Blanca. Washington aprieta con presiones de todo tipo. Fentanilo y migración: los dos fantasmas que cruzan la frontera todos los días. El gabinete de seguridad, contra pronóstico, ha dado resultados y eso le da a Sheinbaum cartas de negociación frente a la administración Trump. Ha podido con el paquete.
En lo interno, la oposición no existe. O, mejor dicho, sigue en terapia intensiva. Sus dolores de cabeza no vienen de ahí, sino de su propia casa. En Morena todavía hay quienes no terminan de entender la palabra austeridad y otros que, con todo y la banda presidencial ya entregada, siguen viendo hacia Palenque en busca de instrucciones.
Un año, pues, de consolidación y también de advertencia: el poder real ya no está en Macuspana, aunque algunos se resistan a aceptarlo.
La reforma a la Ley de Amparo comenzó como un rumor y terminó como realidad legislativa. Desde Palacio Nacional se envió la señal: había que acotar al ciudadano y blindar al gobierno.
El primer paso fueron las “pláticas” en el Senado. Dos días, dos sesiones. Un conversatorio que no fue tal. Morena lo presentó como ejercicio de apertura; en realidad, era un trámite para cubrir las formas. Lo mismo que en el pasado con la reforma judicial, la laboral o la energética: se escucha, se toma nota, se aplaude… y nada cambia.
El peligro estaba planteado. El amparo, ese recurso que por décadas ha sido la última defensa contra actos de gobierno, quedaría reservado solo para quienes pudieran pagarlo. No para el pueblo bueno, sino para los ciudadanos con dinero suficiente para cubrir fianzas, requisitos y obstáculos que se multiplican con la reforma.
El dictamen pasó por Comisiones con modificaciones cosméticas. Nada de fondo. Se eliminó el requisito de que el daño jurídico fuera “actual” —ahora basta con que sea “real”— y se corrigió una línea para “permitir” amparos colectivos. Pero el truco está en el candado: el interés legítimo se redujo al mínimo. Y con él, se cerró la puerta a acciones colectivas en defensa de derechos tan sensibles como medio ambiente, salud, vivienda o libertad de expresión.
Ejemplo: bajo la redacción aprobada, hubiera sido imposible interponer amparos contra la devastación de la selva en el Tren Maya. La sociedad civil, en casos similares, quedará desarmada.
La oposición reclamó. PAN, PRI y MC advirtieron que el derecho de amparo quedaba mutilado. Que ahora un juez tendrá que “ponderar” si una expropiación o confiscación daña o no a la colectividad, dejando al ciudadano a merced de criterios políticos disfrazados de jurídicos.
En un caso extremo, un imputado con prisión preventiva oficiosa no podrá recurrir a un amparo para recuperar su libertad, aunque el proceso esté plagado de irregularidades.
La narrativa es clara: de un derecho ciudadano amplio se pasa a un recurso elitista, reservado para quien pueda costearlo.
Así, el instrumento creado para proteger al débil frente al poderoso se convierte, con esta reforma, en un blindaje del poderoso contra el débil.
Una auténtica Ley de Amparo… pero contra el ciudadano.
El dilema está en Palacio Nacional: ¿Qué hacer con Adán Augusto López Hernández?
Por ahora, la presidenta Sheinbaum —por decisión propia o por línea superior— lo mantiene al frente de la bancada oficialista en el Senado. Es un cargo con título, pero sin mando real. La política, que es cruel, le ha restado autoridad interna. Muchos senadores ya no lo respetan.
Desde hace meses se buscan salidas para Adán Augusto. Llegó a la coordinación por designio directo de López Obrador, como pastor de la grey morenista, pero pronto se convirtió en un problema. El recurso clásico del priismo —el destierro diplomático— fue la primera carta. París era su sueño dorado: había estudiado en Francia con el apoyo de Arturo Núñez y se veía en la lujosa embajada mexicana. Pero Emmanuel Macron negó el placet, igual que en 1987 con Porfirio Muñoz Ledo. Lisboa se barajó como segunda opción, pero en Portugal tampoco lo quisieron: demasiada carga de cuestionamientos para un país saturado de diplomáticos.
En los pasillos se habla de otro destino: Cuba. Una salida poco gloriosa, un retiro dorado difícil de aceptar para el tabasqueño, aunque la negociación la encabezara su hermano político, Andrés Manuel López Obrador. Nada está firme. Y lo más visible, por ahora, es lo más incómodo: mantener a un coordinador con cargo, pero sin ascendencia, desgastado dentro y fuera de Morena, sin autoridad frente a opositores y con un capital político que se evapora día a día.
La presidenta Claudia Sheinbaum no se anduvo con matices: validó la expropiación de unos terrenos en Campeche propiedad de la madre de “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, y de uno de sus excolaboradores. “Fueron producto del lavado y la corrupción”, sentenció, y adelantó que ya se analizaba la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. “Alito” no se quedó callado: acusó a la mandataria de difamación, anunció demandas “aquí y en el extranjero” y volvió a presentarse como víctima de persecución política. Eso, claro, según la narrativa oficial, nunca ocurre en México.
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, anunció la medida: cuatro predios con un total de ocho hectáreas en el fraccionamiento Miramar, sobre la avenida Resurgimiento, serían destinados a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos. El decreto se sustentó en un dictamen técnico jurídico emitido el 28 de septiembre y se justificó como una medida de utilidad pública. No todo estaba a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de “Alito”; parte era de Juan José Salazar Ferrer, señalado como prestanombres.
Moreno reaccionó con furia. Denunció persecución personal y familiar, habló de autoritarismo y lanzó la bravata: “a mí me persiguen, pero no me doblan; otros ya se habrían acobardado con la centésima parte de lo que ha hecho este régimen en mi contra”. Lo cierto es que la defensa luce cuesta arriba: la reforma a la Ley de Expropiación aprobada apenas el 3 de septiembre le da solo cinco días para responder. Un plazo mínimo frente al poder del Estado.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas arrancó la semana en Texas, en una gira que combino diplomacia económica, promoción turística y acuerdos de seguridad. Desde el Capitolio de Austin anunció que su agenda se centra en tres frentes: desarrollo económico, turismo y seguridad pública. En la capital texana presentó el Gran Rodeo Saltillo 2025 y la ruta Vinos y Dinos, con la intención de atraer a vaqueros, empresarios y turistas texanos a la capital coahuilense. El día lo cerró con reuniones con inversionistas del sur de Estados Unidos, buscando nuevas puertas y más capital para el Estado. Lo acompañan en la gira el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, y el fiscal general, Federico Fernández, en una señal de coordinación institucional.
No es un viaje aislado. La estrategia de Manolo ha sido clara: convertir a Coahuila en socio confiable de Texas, su principal vecino comercial y político. Seguridad en la frontera, energía para las maquilas y turismo cultural son las tres cartas de presentación. La apuesta es que Saltillo y La Laguna sean parte de la gran ola de nearshoring que atraviesa México y que Coahuila pueda capitalizar inversiones en manufactura, automotriz y tecnologías limpias.
Al mismo tiempo, el gobernador comenzó a cumplir uno de sus compromisos más esperados: la modernización del transporte urbano en Saltillo. Una tarea pendiente desde que era alcalde y que se frenó con el colapso del servicio durante la pandemia de Covid-19. Durante la campaña lo dijo claro: ningún municipio puede por sí solo con este reto, y el Estado debía asumir liderazgo. Ahora, junto con Javier Díaz, puso en marcha el programa “Aquí Vamos Gratis”, primer paso de un modelo que busca eficiencia, accesibilidad y confianza ciudadana.
La fórmula es simple: alianzas con los ayuntamientos, subsidios estatales y una modernización gradual de las rutas y de las unidades. Pero el mensaje político es mayor: Manolo quiere presentarse como el gobernador que cumple, que transforma problemas añejos en resultados concretos. Transporte, seguridad y economía son las tres banderas con las que piensa marcar su sexenio.
La narrativa, además, le da combustible político: mientras otros estados padecen crisis de transporte y conflictos con sindicatos, Coahuila presume orden, inversión y resultados. Y en Texas, el discurso cala: estabilidad, desarrollo y un modelo de seguridad pública que lo ha colocado como el segundo estado más seguro del país. Manolo Jiménez Salinas apuesta a que esta combinación —promoción internacional y soluciones locales— lo coloque en el radar nacional más allá de Coahuila.
El Poder Judicial de Coahuila llega a 2026 con una planeación clara y ambiciosa. Bajo el liderazgo del magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup, se presentó un presupuesto de mil 420 millones de pesos, equivalente a un incremento del 9.23 por ciento. No se trata de pedir más por inercia, sino de responder a necesidades concretas: equipar y dotar de personal a la Ciudad Judicial de Saltillo, que está por entrar en funcionamiento, y avanzar con nuevas oficinas judiciales en Torreón. La propuesta cuenta con el aval de los órganos internos del Tribunal y, con ella, se busca garantizar que la justicia esté a la altura de los tiempos que vive Coahuila.
El aniversario se celebró con conferencias presenciales y virtuales, y con la participación de figuras nacionales como Hilvia Angélica Díaz Garay, del Poder Judicial de la Federación, y el magistrado en retiro Sergio Arturo Vals Esponda, primer presidente del Consejo Nacional de los MASC. También estuvieron Marcos Solís Vega, director del Centro de Justicia Integral, y Alfonso Yáñez, de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, anfitrión del evento. En el ámbito local, destaca el trabajo de Sara Guerrero, quien ha dado prestigio y continuidad al Centro en Coahuila.
No es casualidad que los temas centrales de las jornadas fueran la justicia terapéutica, la justicia restaurativa familiar y los mecanismos alternativos. Son conceptos que reflejan la apuesta por un Poder Judicial cercano a la gente, capaz de resolver conflictos de manera rápida y humana.
Consolidar la justicia alterna y, al mismo tiempo, planear la expansión de infraestructura judicial es una muestra de equilibrio político y administrativo. Mientras otros estados enfrentan crisis en sus tribunales, Coahuila presenta un Poder Judicial que se fortalece en lo material y se legitima en lo social.
El Poder Judicial de Coahuila celebra veinte años de logros y se prepara para un nuevo ciclo con más recursos, más infraestructura y más compromiso. Y al frente, un presidente que no solo administra, sino que construye.
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