La ONU exhibe a nivel internacional al gobierno de Sheinbaum por desapariciones forzadas en México

México es, a nivel internacional, el país que encabeza las peticiones de acciones urgentes por parte del Comité de Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la búsqueda de personas con 681, hasta septiembre del 2024. Lo increíble es que nuestro país supera a otros como Irak con 608; Colombia con 203; y Cuba con 163.

De acuerdo con el organismo, una medida urgente es una petición del comité a un estado, en este cado el estado mexicano, para que tome las medidas necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona ausente e investigar su desaparición.

Asimismo, el comité dio a conocer que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 349 acciones urgentes, mientras que en el de Andrés Manuel López Obrador la cifra llegó a 332. Una medida urgente, es el último recurso para las familias que enfrentan omisión, negligencia o falta de interés en la investigación y búsqueda de sus seres queridos por parte de las autoridades.

En ese contexto, se afirmó que “el comité contra las desapariciones sabe que hay una situación generalizada de desapariciones y que no va a poder incidir en esa realidad con casos individuales, por eso activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, encaminado a que la crisis se exponga ante la asamblea general, por considerar que las desapariciones son sistemáticas o generalizadas”.

Asimismo, el informe presentado por el CED, establece que, en los casos relacionados con desapariciones en nuestro país, existen fallas en el proceso de búsqueda e investigación, incluyendo, que los agentes públicos involucrados en muchas ocasiones obstruyen la investigación. Por ello, el organismo no dudó en manifestar públicamente que México se enfrenta a una crisis de desapariciones, y atribuyó como causa principal “la respuesta del estado… y su nula efectividad para prevenir las desapariciones y reducir la impunidad”.

El reporte, por supuesto, causó ámpula en las más altas esferas del poder en México, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a lo demoledor del documento, que además de lo anterior, afirma: “la desaparición de personas constituye una de las más graves y dolorosas problemáticas que enfrenta México en materia de derechos humanos”.

Y agrega: “Es una práctica criminal presente desde hace varias décadas y una afrenta constante no solo por el hecho delictivo en sí mismo, sino también por la impunidad casi absoluta, la falta de acceso a la verdad, la ausencia de reparación, la reiteración de la conducta, la búsqueda inconclusa y los serios riesgos para quienes reclaman justicia”.

Por supuesto, la respuesta desde el gobierno federal no se hizo esperar y la misma presidente entró al ruedo para responder a la ONU, y afirmar que, si bien en México el problema de las desapariciones forzadas existe, estas no se producen desde el estado y atribuyó de manera directa las desapariciones a las bandas del crimen organizado que operan en territorio nacional.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum afirmó: “hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender a las víctimas, y prevenir y combatir este delito… pero no es desaparición forzada perpetrada desde el estado”, afirmó la jefa del estado mexicano.

Por supuesto, las afirmaciones de Sheinbaum Pardo, aparte de desafortunadas, por decir lo menos, siguen la eterna tradición de los gobernantes mexicanos de tratar de negar lo evidente, como cuando se quiere tapar el sol con un dedo, pues todos quienes vivimos en este país sabemos que no solo el crimen organizado perpetra desapariciones, pues las fuerzas de seguridad, las corporaciones policiacas, los mandos castrenses, funcionarios de alto rango, etc., están coludidos con dichas bandas, y desde las instituciones que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos son cómplices por omisión y en no pocas veces también participan de manera activa en la comisión de delitos, es una asociación que viene de décadas atrás y que es un cáncer que ningún gobierno ha logrado, ya no digamos erradicar, sino al menos disminuir, aunque la presidenta se empeñe en negarlo y afirmar todo lo contrario.