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En el escándalo político en que ha terminado el caso de acusación de intento de violación sobre Cuauhtémoc Blanco en detrimento de una mujer, nos obliga a reflexionar sobre dos temas que siguen siendo urgencia atender en nuestra legislación: el fuero para legisladores y las clásicas inconsistencias en el “armado” de expedientes por parte de fiscalías que termina siendo aplastados y desechados como si nada hubiera pasado. Solo para aclarar, no tengo la menor idea si el exgobernador de Morelos sea culpable o no de intentar violar a su media hermana cuando era gobernador, por eso me remito a los dos temas iniciales. En primer lugar, el fuero sigue siendo un mal que protege o puede llegar a proteger felonías de políticos del brazo de la ley y la justicia. Si bien es cierto, hubo avances en la materia el sexenio pasado en que Andrés Manuel López Obrador logró la eliminación constitucional del fuero presidencial, ya que no se podía juzgar al presidente en funciones por cualquier delito, sólo por traición a la patria, lamentablemente esto no fue secundado por los legisladores que han mantenido este privilegio y que hoy vuelve a proteger de acusaciones a un legislador federal. Al final el fuero es un privilegio que segrega a ciudadanos de primera y de segunda, que protege a unos de cualquier tipo de acusación. Desde luego que resulta difícil que los mismos legisladores se den un tiro en el pie al eliminar esta atractiva prerrogativa, pero que de no existir en estos momentos no habría división dentro de la cámara baja ni la aparente indefensión de las mujeres en este gobierno en el que la presidente afirmó que “llegamos todas” en su toma de protesta. Por otro lado, en el caso de la acusación de la media hermana del diputado Blanco, todo parece indicar que la investigación de delitos sexuales con perspectiva de género y los dictámenes periciales en psicología fueron contradictorios, al menos ese fue el argumento central por el que 291 diputadas y diputados decidieron no retirar el fuero al exfutbolista. En este tema, según datos de la organización “México Evalúa” se ha documentado que muy pocas carpetas de investigación de la Fiscalía pasan la etapa judicial, un cuello de botella que abona a la impunidad y que en total solo un 4% de las investigaciones fiscales avanzan a los tribunales y esto solo en el ámbito federal, pues en las entidades federativas las cosas se ponen peores. Dolo, ineficiencia, corrupción, contubernio, por el o los motivos que sean, hay un serio problema en la integración de expedientes y que generan contradicciones como la que ha salvado del desafuero al legislador Blanco. Habrá que esperar otra votación o a que transcurran los tres años de gestión del diputado, si es que no se reelige, para poder ver su defensa ya sin fuero y todavía esperar que haya una sólida y completa investigación para determinar si es o no culpable. Hasta entonces queda un mal sabor de boca por la existencia del fuero y la ineficiencia de nuestro sistema judicial no solo para defender a las mujeres, sino al grueso de las y los mexicanos. Hay tarea.