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Se trata de una estrategia para identificar entramados criminales que, bajo modos de encubrimiento, intervención o participación, favorecieron actividades ilícitas y de financiamiento de estructuras delincuenciales. Son los operativos “enjambre” implementados por autoridades locales y federales (participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina “Semar”, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República “FGR” y la Secretaria de Seguridad del Estado de México) en el Estado de México y que ha dado como resultado inmediato la detención de una presidenta municipal, cinco mandos de seguridad y un director del Desarrollo Integral de la Familia (DIF); vinculados con al menos tres organizaciones delictivas: la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células relacionadas a la Unión Tepito. La estrategia es buena, bienvenida y con el deseo de que se implemente en las 32 entidades de nuestro país, pues la corrupción sigue enquistada en todos lados y la inteligencia policial hace falta para desarticular células delincuenciales que pululan en todos lares. Hasta aquí todo aparentemente bien, sin embargo, estos operativos se parecen mucho a los implementados en el Estado de Michoacán hace 15 años durante el sexenio de Felipe Calderón. El llamado “michoacanazo” fue el 26 de mayo de 2009 y produjo la detención de 27 funcionarios de Michoacán, incluidos 12 presidentes municipales. Posteriormente la cifra aumentó a 36 personas detenidas, entre los que se encontraban 12 policías, ocho miembros del gobierno estatal y dos ex directores de seguridad. El problema con este último golpe policiaco es que, al cabo de dos años, los funcionarios recuperaron su libertad por falta de pruebas y falta de sustento en las denuncias. Para abril de 2011, todas las personas que habían sido detenidas en este operativo se encontraban liberadas; es decir, al final todo quedó en un golpe policial totalmente carente de inteligencia, pues no solo se trata de asestar golpes y lograr detenciones, sino de recabar y contar en el momento del operativo con las pruebas suficientes para procesar a las y los detenidos sin que existan posibilidades de que todo termine en una humillación para el Estado ante su ineficacia al poder sostener una denuncia por falta de pruebas; aunque también hay que señalar que en aquélla ocasión, el juez que liberó a los detenidos en el michoacanazo, Efraín Cázares López, fue sustituido posteriormente de su cargo, lo cual puede ser un indicio de corrupción en el poder judicial, problema que también se busca atender con la recién aprobada reforma al poder judicial y que permitirá ahora la elección popular de jueces y magistrados. Es decir, que no solo hemos tenido históricamente serias deficiencias en inteligencia policial, sino juzgadores corruptos, lo cual volvía imposible procesar criminales a pesar de las labores de seguridad pública federal y local. Este nuevo gobierno inicia con un operativo similar, pero que esperemos dé resultados diferentes al contar con un secretario de seguridad pública federal con buenos antecedentes y experiencia y bajo una reforma judicial que asegura un cambio de escenario que vuelva factible y pertinente la expansión de operativos como “enjambre” en todo nuestro país.