La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
El futuro de México se decidió en dos eventos: la sesión del pleno de la Corte y las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
En ambos casos, se resolvieron incógnitas que han impactado recientemente el tipo de cambio, la inversión extranjera y, en general, a la vida social y económica del país.
Finalmente, la Corte analizó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que proponía declarar inconstitucional parte de la reforma Judicial: se anulara la elección de jueces y magistrados, pero se mantuviera la elección de las 9 personas que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación o como quieran llamarle en la 4T.
La propuesta, en principio, parecía una salida a la crisis (“problema”, le llamó la presidenta Claudia Sheinbaum) constitucional que habían confrontado al Legislativo y el Ejecutivo con el Poder Judicial.
La presidenta ya había cuestionado la decisión de la Corte para seguir con el análisis del proyecto, luego de que fuera declarada constitucional, valga la redundancia, la reforma de “supremacía constitucional”, que impide que cualquier reforma a la Constitución se pueda controvertir o impugnar a través del amparo, la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad.
La traición es parte del oficio de la política. Eso se sabe y no espanta a nadie. Hay quienes la ejercen alegremente y sin pudor; hay otros que lo hacen con algún tipo de rubor.
Somos el México de las traiciones, del chantaje, en el que sus personajes clave despliegan colas que permiten validar la extorsión.
A la mayoría oficialista en el Congreso le faltaba un voto de la oposición para alcanzar la mayoría calificada, y lo consiguió.
Ocurrió con la traición de los Yunes en el Senado cuando ese voto que le dio la espalda a su partido, el PAN, acabó por legitimar la mayoría calificada de Morena que le permitió abrir el paso para instaurar la autocracia legislativa.
A la minoría afín a la 4T en la Corte le faltaba un voto para impedir que transitara la acción de inconstitucionalidad contra reforma Judicial y lo consiguió con el ministro Alberto Pérez Dayán.
Su voto fu decisivo para que no se declarara la invalidez de la reforma y, con ello, se convirtió en el blanco de los reproches.
En la sesión del pleno de la Corte, el martes, se cerró el círculo de las traiciones cuando el ministro Alberto Pérez Dayán se deslindó del bloque de los ocho y dio su voto en contra para sumarse a las tres ministras de Morena que dejaron el camino libre para aprobar esas reformas constitucionales, suficiente para boicotear los dos tercios de los votos exigidos para declarar no viable la reforma Judicial, a pesar de que las renuncias de los ocho ministros de la Corte despertaron la esperanza de la creación de un bloque para impedir las reformas propuestas del Legislativo.
Aunque siempre existió el temor de que uno de esos ocho ministros fuera “convencido” de votar en contra del dictamen presentado por el ministro González Alcántara Carrancá.
En apariencia, la traición del ministro Pérez Dayán se daría ante la presunta amenaza de dar a conocer dos carpetas por presuntos abusos de índole sexual por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que, de ser cierto, significaba una potencial infracción penal suficiente para hacerlo cambiar su voto para romper la mayoría de los dos tercios.
Lo visto en la Corte fue la claudicación de un ministro quien habría interpuesto su interés personal por sobre la justicia.
Tras conocer la decisión del ministro Pérez Dayán, los siete ministros restantes que apoyaban el rechazo de la propuesta de reformas al Poder Judicial, se limitaron a desacreditar los argumentos sin entrar a debatir el fondo de la propuesta, con lo que se dejó abierta la puerta para que continúe el debate sobre las docenas de amparos otorgados por jueces en contra de la reforma Judicial.
Por cierto, ya fue lanzada la convocatoria para quienes quieran competir por un puesto de juez, magistrado o ministro de la Corte y el registro de aspirantes comenzó esta semana.
Lo que sigue en el horizonte es el jaloneo con el INE por el presupuesto para la elección del primero de junio del año que entra. La cifra original son 13,200 millones de pesos, cantidad que no aceptó el gobierno que pide que se reduzcan los costos del ejercicio democrático.
La reforma ya está vigente, pero la elección por voto popular de jueces y magistrados sigue siendo una suma de insensateces. Por ejemplo, según la reforma, para junio próximo tendremos que elegir nueve ministros para la Suprema Corte, de entre unos 90 candidatos; cinco magistrados del tribunal de disciplina entre 45 candidatos; para dos plazas del Tribunal Electoral contendrán 18 candidaturas, todas esas elecciones son federales, o sea, de todo el país: son 145 candidaturas para 17 cargos.
Pero, además, en cada circunscripción electoral se tendrán que elegir nueve candidatos para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y serán entre otros 150 candidatos. En otra elección simultánea se elegirán seis candidatos para las 464 plazas de magistrados de circuito, lo que implica unas tres mil 200 candidaturas, y también habrá seis candidatos para cada una de las 386 plazas de jueces de distrito, unos dos mil 700 candidatos en total. Estas dos últimas elecciones se realizarán por cada distrito judicial. Estamos hablando, en total, de unas 6 mil 200 candidaturas individuales.
El elector contará con seis boletas electorales distintas donde tendrá que elegir unos 40 nombres en promedio, en su enorme mayoría de personajes desconocidos, pero, además, tendremos que elegir con selección de género, cinco mujeres y cuatro hombres para la Suprema Corte; tres mujeres y dos hombres para la Sala Superior del Tribunal de Disciplina Judicial; dos mujeres y hasta dos hombres para el Tribunal Electoral; dos mujeres y un hombre para las salas regionales, y hasta cinco hombres y cinco mujeres para magistrados de circuito y jueces de distrito.
Respecto a las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump simplemente le ganó a Kamala Harris, convirtiéndose en el presidente número 47.
No hubo dudas, el discurso ultranacionalista de Trump les pareció mejor a los ciudadanos estadounidenses, a quienes les urge una reivindicación de su país como potencia mundial.
Y México pierde porque Trump tiene la intención dirigida a cuanto sucede al sur de su frontera.
Trump ya sabe cómo doblegar al gobierno mexicano y revivió la estrategia nuevamente: imponer aranceles impagables a todos los productos que México exporta a los Estados Unidos.
Trump ha enfocado animadversiones directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular, pero al país y a su economía en general.
Pero tampoco hay manera de prometerle el control de las corrientes humanas de centro, Sudamérica, Asía, Medio Oriente o de donde sea.
Vaya, ni siquiera se puede ofrecer una mínima vigilancia de los nacionales porque en sus lugares de residencia no tienen nada: ni recursos, ni seguridad, ni ingresos, ni dignidad, ni un futuro promisorio.
El sexenio anterior, Marcelo Ebrard negoció endurecer la política migratoria mexicana, enviando un pequeño Ejército a las fronteras, a cambio de que no se impusieran dichos aranceles.
El gobierno federal ya dio línea para incrementar solamente 12 por ciento al salario mínimo para el año próximo. Será el menor aumento en la 4T.
Ahora van los datos: desde Palacio Nacional se ha mandado una propuesta a los sectores de la producción, patrones y obreros.
El adelanto se dio verbalmente en reunión informal el 31 de octubre, a patrones y sindicatos para su estudio y recibir sus peticiones y comentarios… aunque la decisión ya esté tomada.
De acuerdo a ésta, quienes viven de los mini salarios recibirían 278.8 pesos diarios –unos $8,364 pesos al mes– a partir del primero de enero del próximo año en el interior del país con un incremento superior en las entidades fronterizas.
Dicho de otra manera, la decisión de ofrecer 12 por ciento de alza a la masa trabajadora parte del supuesto de incrementar el control inflacionario aun ante un panorama incierto para el 2025.
El recorrido de ese porcentaje es simple, los asesores de Claudia Sheinbaum proponen, ella acepta los razonamientos y da su aprobación.
No hay comunicado oficial, pero se ha convocado verbalmente a sesiones para analizar, discutir y, no lo dude usted, aprobarlo a más tardar en diciembre.
La Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 123 constitucional, con el que se crea un fondo de aportaciones patronales para la construcción de vivienda de interés social.
Aunque faltan, desde luego, las leyes secundarias para reglamentar esta modificación constitucional, no queda muy claro sí dicho fondo será el sustituto del Infonavit o convivirán los dos, lo que implicaría, para los empleadores de todo el país, independiente del tamaño, una doble tributación.
No se especifica en la reforma si dicho fondo nacional sólo se constituirá con las aportaciones de los patrones, si el gobierno también le entrará y si los trabajadores también podrán o deberán integrarse.
Se trata, dijeron los legisladores de Morena, de una reforma que permite la creación de un sistema de vivienda con “orientación social para los trabajadores’’.
No se sabe quién administrará dicho fondo, de cuánto serán las aportaciones de los empleadores ni si dicho instrumento suplantará al Infonavit, que se supone para eso está.
Lo que también contempla la reforma es que los recursos de dicho fondo sirvan para la compra de tierras –terrenos–, en donde se construirán viviendas “adecuadas’’ que serán rentadas a los trabajadores.
El pago de la renta no deberá ser superior al 30% del salario del trabajador y, pasados diez años, quien renta tendrá prioridad para comprar la vivienda teniendo como anticipo las rentas pagadas en la década.
Suena muy bonito, hasta utópico, pero de entrada que el gobierno compre tierras con dinero ajeno ya huele a probable corrupción.
Sólo imagínese los negocios que se podrían hacer si usted se entera en dónde se construirá una mega unidad habitacional y puede comprar esos terrenos.
Eso mismo pasó con los trenes Maya y Transístmico; con el AIFA también.
La promesa es, desde luego, que toooooodo se hará transparente y se evitarán actos de corrupción. Aja.
Por lo pronto, extraña el silencio de las organizaciones representantes del sector empresarial y patronal, sobre esta nueva reforma que sí o sí, les significará un nuevo impuesto.
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