La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.

Con el muy pomposo pretexto de la “supremacía constitucional’’, los legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y Senadores, se aprestan a dar un Golpe de Estado, en el que ni los partidos de oposición ni la ciudadanía en general podría impugnar ningún cambio constitucional. Ninguno, así se haya realizado con los pies.

La iniciativa que lleva la firma de Adán Augusto López y Ricardo Monreal, busca que los cambios constitucionales sean “inimpugnables’’, es decir, que no se puedan recurrir mediante amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral’’, dice el texto.

En términos prácticos, el Poder Judicial no podrá recibir controversias en contra de cualquier modificación que se haga a la Constitución, lo que desaparece la facultad de revisión de la Corte, pero también limita alarmantemente los derechos humanos de los ciudadanos.

No obstante, ocho ministros cierran filas contra la Reforma Judicial.

Primer dato: Los ocho ministros no progubernamentales han prometido en privado mantenerse firmes y votar en contra de la Reforma Judicial del régimen.

Segundo dato: Si cumplen su palabra, no habrá ningún traidor para destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la autonomía como la conocemos.

Tercer dato: El propósito no es nada más analizar la constitucionalidad o no de lo aprobado por la mayoría oficialista (Morena, Verde, PT), sino ir al fondo de la litis.

Trasfondo lógico: De la inconstitucionalidad de un hecho debe pasarse a la mayor trascendencia, respetar los artículos según la Sala Superior, es garante del Peno respeto a la Carta Magna.

Y marcar ruta: Si el análisis de los once ministros no va a quedar sólo en la declaratoria de inconstitucionalidad, estarán en posibilidad de marcar la ruta jurídica para garantizar el Estado de Derecho.

¿Rebelión a la Ley?

Aquí viene lo bueno. El oficialismo, vía la Cámara de Diputados y Senadores, tienen prisa porque disponen de información precisa: La Corte se prepara a declarar el golpe decisivo, la inconstitucionalidad.

Tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal, son doctores en derecho y conocen los fundamentos sobre los cuales pueden actuar los ocho ministros, la Constitución misma en sus artículos 135 y 136.

Sobre todo, el 136: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así lo que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta”.

La rebelión, a juicio de varios de ellos, está en la inobservancia de los amparos y otras acciones bajo el principio del expresidente Andrés Manuel López Obrador de, “no me vengan con que la ley es la ley”.

¿Quiénes se mantendrán firmes?

Anote usted a quienes han prometido mantenerse firmes: la presidenta Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar.

Si alguno falla a su palabra, estarán su conciencia y la patria para reclamárselos, porque de las otras tres gobiernistas no espere usted nada: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes simbolizan el paradigma del máximo tribunal para el régimen y quienes de antemano han declarado su disposición de competir por el voto popular.

Ya está garantizada su participación a pesar de discrepancias previas, entre ellas la de Loretta Ortiz, quien dijo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en 2023: “… el perfil para llegar a la Corte, los abogados que necesita la Corte, son abogados que necesitan tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas siendo electos”.

Lo mismo opinaba Arturo Zaldívar, hoy exégeta del gobierno, quien como presidente de la Corte dijo a John Ackerman para TV UNAM: “… me parece que si fuera por elección popular se desnaturaliza la función del juez constitucional”. Hoy trabaja por esa desnaturalización.

Por el ánimo observado entre la mayoría de los ministros, hay la intención de apresurar la decisión.

Saben la inminente salida de Luis María Aguilar por terminar su período, razón por la cual no pueden dejar la suerte a decisiones futuras del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ella mandará en diciembre una candidata, o la nombrará personalmente como hizo López Obrador con Lenia Batres, y tendrá cuatro votos para anular, sin necesidad de desaparecer, la independencia del órgano constitucional superior.

Con cuatro votos favorables –hoy tiene tres ideológicos– ya no habrá contrapeso a la Presidencia de la República y estará el camino libre para imponer cualquier ley o reforma a la Carta Magna.

Sin embargo, la estrategia no tiene pudor. Es necesario conseguir al menos un voto para anular, por improcedente o fallas en el proceso de aprobación, la Reforma Judicial aprobada con prisas y sin análisis en el Congreso de la Unión. Ya lo tienen, es lo que se rumora. Y no uno, sino dos votos.

¿De quienes se teme?

De ministros a quienes se les ofrece impunidad, pase directo a la designación, más poder e influencia en el nuevo gobierno. Dos de ellos ya analizan la oferta.

Aunque para el gobierno y los legisladores de Morena la Corte ya no existe en el tema de la Reforma Judicial, el INE ha recibido 140 notificaciones de jueces para detener la organización de la elección.

El semana pasada, la jueza Décimo Novena de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas, concedió una suspensión definitiva en contra de la reforma y ordenó que el documento fuera borrado del Diario Oficial de la Federación.

La juez en cuestión advirtió que, si no se obedecía el resolutivo, se daría vista al Ministerio Público por la comisión (de parte de los consejeros electorales) de un delito grave de acuerdo con la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo.

Al respecto, el INE había solicitado una “acción declarativa’’ del Tribunal Electoral, después de haber recibido decenas de órdenes judiciales para detener la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) avisó al INE que puede reiniciar los trabajos de organización para la elección de jueces y magistrados, a realizarse el primer domingo de junio del año que entra.

En un proceso inédito, por demás complejo, y cada día que se pierde en su organización aleja las posibilidades de llegar a buen puerto.

La autorización del Tribunal Electoral no termina la disputa jurídica en marcha, esa va para largo, pero por lo menos el INE tiene la cobertura del TEPJF para poner manos a la obra.

Se avizoran tiempos difíciles ya que el INE todavía ni siquiera sabe con qué presupuesto contará para esa elección. El tiempo apremia y varias definiciones importantes siguen en el aire.

Puede distraerse con ovnis. O con cualquiera de sus aficiones.

No por su edad, 79 años, pero Mario “N” tiene esa opción, pues parece haber llegado al final de su larga carrera como dirigente histórico del PRI en Torreón.

Incursionó en la política desde joven, a finales de los años setenta, cuando militaba en el Partido Popular Socialista (PPS); luego se cambió a las filas del PRI.

Fructífera desde cuando Humberto Moreira Valdés lo encumbró como secretario de la Confederación Nacional de Obreros Populares (CNOP) de Torreón y fue rescatado luego por Eduardo Olmos Castro, quien lo hizo legislador coahuilense, tras la separación del cargo del diputado local, Shamir Fernández Hernández.

Con el tiempo, Mario “N”, logro acumular el poder suficiente para beneficiar a sus familiares, pues prácticamente consiguió acomodar a todos los miembros de sus familias en las nóminas municipales y estatales. Incluso, consiguió una regiduría para su hija Xóchitl Cepeda Rodríguez con el priista Román Alberto Cepeda.

Según cálculos extraoficiales todo el clan Cepeda le cuestan al gobierno alrededor de dos millones de pesos mensuales.

Sin embargo, la mañana del 23 de octubre, la segunda regidora del cabildo torreonense, Xóchitl “N”, en audiencia inicial, fue imputada por los presuntos delitos de lesiones levísimas calificadas, por razón de género, amenazas y discriminación, en agravio de Silvia Garza, quien fuera en su momento funcionaria del gobierno de Coahuila.

De acuerdo algunas fuentes consultadas, Xóchilt “N”, será vinculada a proceso, igual que su padre, en la próxima audiencia a realizarse el 28 de octubre.

Como medida cautelar, el juez de control la imposibilitó temporalmente de continuar en el cargo de segunda regidora del cabildo de Torreón, durante el desarrollo de este proceso jurídico penal.

Como se sabe, aun no cuenta con localizador, por lo que la imputada entregó su pasaporte y visa, como garantía para no sustraerse de la justicia. Y una vez que está sea vinculada a proceso, también se le colocará un brazalete electrónico para su localización.

Además, tendrá que plasmar en el libro de asistencia, su firma de manera periódica como medida provisional que le imponga el juez.

Asimismo, se le impuso que no contactaría a la víctima, Silvia Garza, tanto física como tecnológicamente, ni podrá acudir a eventos públicos donde ella se encuentre.

El alcalde Román Alberto Cepeda ya fue notificado legalmente, cuyo documento fue expedido por el juez de control, donde indica que, a partir del 24 de octubre de 2024, Xóchitl “N”, quedaría suspendida temporalmente, de su cargo como integrante del cabildo torreonense.

Cabe mencionar que su padre, Mario “N”, se le vinculó a proceso y se le colocó un brazalete electrónico y se le inhabilitó temporalmente ocupar un cargo público, en este caso es regidor electo para el periodo 2025-2027 de Román Alberto Cepeda.

No pierda de vista la llegada de Xavier Herrera Arroyo a la subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaria de Gobierno de Coahuila.

Tiene mucho trasfondo esta designación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y pronto, en meses a más tardar, veremos las repercusiones.

Habrá noticias sobre futuras encomiendas determinadas desde Palacio Rosa, donde ahora se analiza el escenario político de Torreón, en especial del 2025 a 2027.

Uno de los puntos programáticos del gobierno de Manolo Jiménez Salinas es fortalecer a las familias torreonenses con infraestructura, programas sociales y servicios de salud, sobre todo para niñas, niños, mujeres y adultos mayores.

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