La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.

En Coahuila, sigue aumentando el distanciamiento y puede ser que, hasta la enemistad entre el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al grado que el primero ya de plano rompió la alianza en materia de seguridad con el gobierno estatal.

No quite usted su vista.

Céntrela en Lauro Villarreal, Verónica Martínez, Mario Cepeda y José Elías Ganem, para conocer la ruta municipal en los próximos tres años.

Los de Román Alberto Cepeda: su segundo mandato.

El todavía director del CEAS, quien no tarda en renunciar al cargo, da pasos encaminados a tomar el control pleno del gobierno municipal de Torreón.

La diputada federal está buscando el calor del Grupo Torreón, el que representa el alcalde reelecto, para preparar su incipiente precampaña por la gubernatura de Coahuila en 2029. Pues todo indica que tocara género femenino.

El regidor electo y cacique político del PRI Torreón, será el coordinador priista del cabildo a partir de enero en 2025. Todos conocemos a Mario Cepeda, no da brinco sin huarache, muy seguramente ya negocio las posiciones y nóminas suficientes para que él y toda su descendencia puedan seguir viviendo con privilegios a cargo del erario.

El junior busca tener el control principalmente de giros negros desde una posición flexible al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A las funciones inherentes a su próximo cargo debemos agregarle las labores de información y de prácticas poco ortodoxas que hasta hace unos días estaban a cargo del mando del Grupo de Reacción de Torreón (GRT), hoy encomendadas al secretario de Seguridad Pública Estatal, Federico Fernández, uno de los más cercanos a Manolo Jiménez Salinas.

Aquí puede haber una sorpresa: Federico Fernández tendrá mando próximamente en la Fiscalía General de Estado (FGE), aunque algunos empresarios han mostrado su inconformidad por la salida del fiscal Gerardo Márquez Guevara.

Otras lecturas apuntan a una estrategia para doblar a los principales operadores políticos de Manolo Jiménez, en complot, para romper el pacto político y de seguridad con miras a las elecciones intermedias donde se renovará el Congreso Local y a su vez propiciar adelantar la sucesión de 2029.

Falta ver las reacciones del personero y del operador del feudo estatal, Don Carlos Robles Loustaunau y Diego Rodríguez Canales, pero es la reivindicación de quien fue impedido desde Palacio Rosa de ser candidato y seguramente gobernador de Coahuila de 2023 a 2029.

Empezamos a ver hechos adelantados aquí.

El origen proviene cuando quiso alinear al GRT y como estos no le hacían caso, cumplió su amenaza en desaparecer al cuerpo elite especializado en delitos de alto impacto.

La mayoría de los policías del GRT renunció, solo 8 elementos se quedaron en las filas de la corporación municipal, el resto, 76 para ser exactos, fueron incorporados nuevamente a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Desde la campaña rumbo a la gubernatura en 2023 y después en la elección de alcaldes del 2 de junio pasado, esto ya se venía venir y no quisieron creerlo. Tanto asesores como operadores del gobierno estatal han subestimado a Román Alberto Cepeda.

La afrenta política y social es muy grave contra Manolo y todo su gobierno. Pero lo que más preocupa es que nadie salió a defenderlo, vamos, ningún diputado local ni federal mucho menos algún funcionario estatal hizo el mínimo intento de fijar un posicionamiento respecto a las decisiones del alcalde de Torreón.

Al diputado federal Jericó Abramo Masso le faltaron para ponerle nombre y apellido, solo aprovecho el silencio de sus compañeros legisladores para decir que “la seguridad no se politiza, se garantiza”, frase por demás tendenciosa.

El único que ha fijado una postura oficial y cerró filas con el gobernador de Coahuila fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el magistrado Miguel Mery Ayup, quien reprobó la decisión tomada de deshacer al GRT y que era parte fundamental de los buenos resultados en materia de seguridad derivado de la estrategia estatal de seguridad.

Pero también hay que decir esto: los operadores políticos del gobernador han pasado los primeros 10 meses del gobierno haciendo señalamientos contra el ex gobernador Miguel Riquelme, Xavier Herrera y Eduardo Olmos Castro, hoy secretario de Desarrollo Regional en La Laguna.

Se les olvida que Coahuila no todo es Saltillo, pero tampoco lo es Torreón, el equilibrio del poder público radica precisamente en ello, en generar pesos y contrapesos para tener alternativas ante escenarios como esté, donde un alcalde reelecto se revela y tantito peor, da un madruguete a todo un aparato estatal que no ha podido argumentar ninguna narrativa que permita salir bien librado a Manolo Jiménez y su gobierno.

Entonces como espera el gobernador que alguien salga a defenderlo, si han sido ellos, su equipo de colaboradores quienes se han encargado de minarle el camino, un dato, por ejemplo, de julio a la fecha, en los mítines registrados en municipios de La Laguna, las porras de “Manolo, Manolo, Manolo” ya no se han escuchado, la gente va solamente por conveniencia, ya no hay entusiasmo.

Con Lauro Villarreal pasará algo parecido. El próximo jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal de Torreón será el cancerbero de la Plaza Mayor, quien cuidará las espaldas a Román Alberto Cepeda con el manejo de agenda y por supuesto con la supervisión de todas las actividades ejecutivas, incluido el gabinete, subrayamos, “negocios aquí, allá, acullá y más acullá”, créame.

Recurramos a un dato de ilustración: en su función estará mantener supervisión permanente y control de actores, políticos, empresarios y periodistas, para completar los cambios que sean necesarios para la privatización de servicios municipales: la recolección de basura, contrato que ya no será renovado a PASA, y el SIMAS Torreón, la cereza del pastel.

Hablamos de proyectos que sembrarán más dudas que beneficios a la ciudadanía, pues la viabilidad financiera y el futuro torreonense quedarán en penumbras. El segundo mandato está destinado a entregar el poder a Morena. Veremos.

Como estaba previsto, la aplanadora morenista y sus aliados aprobaron la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, como siempre quiso que fuera el presidente López Obrador.

A partir de esta aprobación, la GN será la responsable de ejecutar la estrategia o política de seguridad pública del próximo gobierno, cuyo diseño corresponderá a la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, el cambio más significativo no tiene que ver solo con el traslado de la nómina de la Secretaría de Seguridad a la de la Defensa Nacional, sino a la facultad que se le concede a la GN para investigar delitos, bajo la conducción del ministerio público, lo que, en los hechos, implicará que los militares –porque eso son los integrantes de la GN– puedan detener a sospechosos si el ministerio público lo requiere.

Imagínese el escenario en el que las investigaciones y las detenciones las hagan los militares. Si con las policías ministeriales, tan señaladas por actos de corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la población tenía para atemorizarse, la idea de que los militares lo puedan “investigar’’ o detener es preocupante.

La oposición cuestionó, con razón, está disposición pues en las amplias zonas del país a las que han sido enviados contingentes de la GN, la delincuencia no ha disminuido, incluso en algunas, se ha incrementado. Ahí tienen el caso de Acapulco.

La urgencia de los legisladores de Morena de aprobar a toda prisa y sin cambiar una coma las iniciativas de López Obrador son su regalo de despedida. Al fin la que pagará las cuentas será Claudia Sheinbaum.

En el nuevo partido hegemónico se registró un cambio generacional drástico. Los millennials asumieron el control del partido justo en su momento de mayor poder. Acaba de ganar la elección presidencial por paliza, controla el Congreso de la Unión, logró colapsar al Poder Judicial y militantes suyos despachan en la mayoría de los gobiernos estatales.

Asumen las principales posiciones dos mujeres talentosas, pero jóvenes y sin experiencia significativa en las contiendas electorales. Luisa María Alcalde, nueva dirigente nacional, acaba de cumplir 37 años. Carolina Rangel, que será secretaria general, es todavía más joven, tiene 35 años. pero sin experiencia partidista al menos en puestos de dirección.

Algunos dirán que la posición de poder será la Secretaría de Organización, en la que está el hijo de López Obrador. Andy, de quien se dice es un eficaz operador político, tiene apenas 38 años, pero un largo recorrido al lado de su padre.

Es cierto que Morena arrancará el sexenio prácticamente sin oposición y el gran reto para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de Morena sigue siendo el mismo: seguir construyendo un partido fuerte que pueda acompañar la labor que pueda realizar la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, así como la mayoría legislativa con la que cuentan.

A diferencia de 2018, tras el arrollador resultado, en esta ocasión Luisa María Alcalde, Carolina Rangel, Andrés López Beltrán y el resto de la dirigencia recién electa, tienen un mejor panorama, con una mayoría de gobernadores en las entidades y más congresos locales afines, y ni qué decir del respaldo al presidente saliente y la mandataria entrante.

Pero, quizá lo más importante: con un movimiento que poco a poco se fue moldeando en un partido sólido y en el que se supieron sortear y mitigar los conflictos internos, que seguramente será un importante desafío cuando llegue el momento.

Veremos cómo arranca la nueva formación guinda y qué tanta distancia tomará Sheinbaum y sobre todo el presidente López Obrador.

Por cierto, a pesar de que fue una de sus primeras promesas en su plataforma política, y de la cual hizo mención desde el primer día de campaña, parece que la iniciativa de Claudia Sheinbaum para derogar la reelección en todos los cargos de elección popular no es apoyada de forma unánime por los políticos de su partido, pero sobre todo entre sus aliados.

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