El Congreso de Coahuila, tiene 180 días a partir del pasado 16 de septiembre, para reformar la Constitución del Estado, para adecuarla a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Judicial; siendo lo más importante de ésta reforma  la elección por voto popular de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Coahuila, que siempre en sus 200 años de existencia, han sido nombrados por el Gobernador del Estado, con la aprobación de los Diputados Locales.

En el nombramiento de los magistrados  de Coahuila, el entonces Gobernador del Estado, ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís y el PAN, tuvieron un acuerdo en lo oscurito para ir a las elecciones en alianza con el PRI, a cambio de darle al primero magistrados; como algunos de los que están ahorita en la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la ciudad de Torreón, Coahuila; lo cual no decimos nosotros sino que así lo denunció el Presidente Nacional del PAN Marko Cortes.

Magistrados esos sin carrera judicial alguna, salvo los licenciados  Manuel Alberto Flores Hernández y Ulises Guadalupe Torres Hernández, quienes  iniciaron desde hace décadas como actuario y secretario de acuerdos en juzgados de primera instancia, en esta ciudad; distinguiéndose el primero como uno de los mejores litigantes de la Laguna, y el último como honesto y eficaz funcionario federal, respectivamente,; y en honor a la verdad y en justicia hay que reconocer que los otros magistrados licenciados José Ignacio Máynez Varela y Carlos de Lara McGrath, quienes se habían distinguido como buenos funcionarios públicos y excelentes litigantes, están haciendo un papel tan bien como si hubiesen tenido una carrera judicial.

Ahora que el 1° de junio de  2025, sean las primeras elecciones para magistrados de Coahuila, seguramente el pueblo elegirá a los abogados que  más se hayan distinguido en la carrera judicial o en el litigio; así como también se elegirán a jueces; debiéndose poner entre otros requisitos que vivan aquí en la Laguna, pues ha sido una querella de los abogados litigantes que habiendo en esta región excelentes licenciados en Derecho, nos impongan desde Saltillo, jueces y magistrados, que no conocen  ni estas tierras ni a su gente ni la gente los conoce a ellos. Por lo que ahora que ya no van a ser designados por  “dedazo”, si los que están de jueces quieren ser magistrados y los magistrados quieren seguir siéndolo, desde ahorita deben de impartir una justicia pronta y expedita para el bien del pueblo y no de quienes el Gobernador recomiende; toda vez que el único que podrá destituirlos será el pueblo que los designo con su voto.