La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
…“En lo que a mi corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo federal, actuaré con rectitud y con respeto, a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos, ofrezco a ustedes señoras y señores magistrados, así como al resto el Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen, el Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes”… (Fecha: 08 de agosto del 2018, Andrés Manuel López Obrador)
Andrés Manuel López Obrador prometió al asumir la Presidencia de la República que sería respetuoso del Poder Judicial y que no se metería ni con jueces ni con magistrados ni con los ministros de la Corte, pero mintió, como ocurrió con tantas otras promesas: Texcoco, Guardia Nacional, Ejército, INAI, combate a la corrupción, sus hijos fuera de los negocios políticos.
Estamos en la antesala de lo que podría ser el fin de la República y pasar a la creación de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, concedida por obra y gracia de un Instituto Nacional Electoral encabezado por Guadalupe Taddei, una morenista y amiga de López Obrador, esa es la estocada que asesinará a la democracia en México.
El destino de la nación está en peligro, pues se frena el asalto al Poder Judicial, de ahora en adelante, los Poderes de la Unión –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– se manejarán con un solo hilo.
La nación pudo haberse evitado la fulminante Reforma Judicial mediante la cual jueces, magistrados y ministros deberán pasar la criba morenista del llamado voto popular. Nadie podía entrever el futuro.
Cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió proponer como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a uno de sus compañeros académicos en la Escuela Libre de Derecho, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Fue una distinción, pero no lo suficiente para quien defendió a los bancos inconformes con las estimaciones sobre las cuales se les liquidaría el rescate bancario a través del Fondo Nacional del Ahorro Bancario, el llamado “Fobaproa”.
Zaldívar defendió los abusos de varios bancos agrupados en el amparo RA878/2004 con varios actores –BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y Bital– contra una resolución del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.
No había conflicto entre Calderón y Zaldívar y menos si el despacho del ministro en retiro cobraba en millones y en efectivo, según versiones de los litigantes de entonces.
Al presidente Calderón le gustaba el perfil profesional de su amigo y por eso lo llamó y, tras su aceptación, lo promovió ante el Poder Legislativo para llevarlo a la Sala Superior de la Corte.
A Zaldívar le pareció poco llegar a la Corte. Pidió a su amigo Felipe Calderón lo impulsara para presidente de la Sala Superior y del Consejo de la Judicatura Federal, aunque fuera uno de los ministros de reciente ingreso. La hubiera asumido en enero de 2011.
El presidente no accedió promoverlo ni Zaldívar se ganó el apoyo de sus pares y a ese desdén respondió con actitudes luego consideradas como actos de desagradecimiento.
El momento de la venganza llegó cuando cayó a sus manos el caso de la Guardería ABC, ocurrida el 5 de junio de 2009 con saldo oficial de 49 niños muertos y 106 heridos, algunos con secuelas de por vida. El caso sigue latente.
Calderón vio cómo, en lugar de una investigación imparcial de un incendio iniciado en una bodega anexa del Gobierno del Estado de Sonora, Zaldívar politizó el caso e involucró a parientes de su esposa, Margarita Zavala. Ahí está el dato porque el asalto a la Suprema Corte está en marcha.
Ahora se asfixia por todos los medios jurídicos, políticos y mediáticos, a la ministra presidenta Norma Piña para forzar su renuncia y dejar libre la posición. ¿Para quién?
Para ascender a Lenia Batres, llegada con el exclusivo voto del presidente López Obrador, y de esa manera evitar alguna decisión judicial contra las dos docenas de reformas presidenciales.
Así quedarían congeladas y, con el gobierno en manos de Claudia Sheinbaum, quizá las anularían, habría un poco de cordura y por lo menos se tardarían en aplicar las acciones de venganza personal contra quien, el 5 de febrero de 2023, no se puso de pie en el Teatro de la República al arribo del presidente.
Y quien como titular de la Corte y de la Judicatura no se ha doblado, aunque tampoco ha tenido suficiente protagonismo como para enfrentarse al Poder Ejecutivo. Nos referimos a la ministra Norma Piña y cuya salida marcaría el asalto total del Poder Judicial de la Federación.
La única novedad añadida al proyecto original de la Reforma Judicial fue la propuesta de implementar la figura de los “jueces sin rostro”, que es una figura controvertida a nivel internacional.
La propuesta es un reconocimiento de que el Estado no tiene elementos suficientes para garantizar la seguridad de los jueces en casos delicados relacionados con el crimen organizado. Los jueces puedan quedar expuestos a las venganzas.
El presidente López Obrador sostiene que el tema de la Reforma Judicial compete exclusivamente al “pueblo bueno y sabio”, es decir, a los mexicanos. Los embajadores de Estados Unidos y Canadá argumentan, por su parte, que puede impactar de manera negativa el T-MEC del que son socios, por lo que tienen derecho a opinar.
El resultado es que las relaciones del gobierno con las embajadas de esos países entraron en pausa. El presidente hizo hincapié en que la “pausa” es solo con las embajadas, quizá no sabe que esos diplomáticos no se mandan solos.
Los embajadores de nuestros principales socios comerciales se habían mantenido a la expectativa en el tema de la Reforma Judicial, pero ante la inminencia de su aprobación por la mayoría oficialista, salieron a pronunciarse en contra.
La realidad es que tanto a Estados Unidos como a Canadá les preocupa la Reforma Judicial en su conjunto. El más explícito fue Ken Salazar, quien directo dijo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México: “Cualquier reforma debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política’’.
Lo mismo ocurrió con lo que declaró, más cauto, el embajador canadiense Graeme C. Clark, después de una reunión con empresarios de su país quienes le manifestaron sus preocupaciones por la Reforma Judicial: “La reforma puede afectar ese vínculo de confianza entre los inversionistas canadienses y el gobierno de México’’, dijo.
Ambos mensajes no pueden pasar desapercibidos para el gobierno mexicano pues una corrida financiera de los inversionistas de esos países pondría de rodillas a la frágil economía nacional. El Banco de México descarto impacto por la “pausa” en relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, no obstante, ese mismo día, el tipo de cambio alcanzo los $19.75 por dólar. Ojo.
Era cuestión de tiempo, el gobierno y su partido se habían lanzado a la caza de senadores electos de la supuesta oposición para alcanzar la mayoría calificada, era objetivo clave. Diferente a la famosa sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, donde la decisión estuvo a merced de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Andrés Manuel López Obrador no presentó todas sus iniciativas durante la primera mitad de su mandato, a pesar de tener los dos tercios necesarios en San Lázaro.
No contaba con ellos en el Senado de la República y en varias ocasiones las bancadas opositoras le negaron su apoyo para sacar iniciativas de reformas constitucionales importantes.
En el segundo trienio, la Cámara de Diputados se convirtió en retén, actuaron en bloque los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Eso se acabó.
Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, voto a favor el acuerdo avalado por el Instituto Nacional Electoral que permite la sobrerrepresentación legislativa para entregar 364 curules a Morena, PT y Verde.
De entrada, la ocurrencia de “pausar’’ las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, la coloca a Claudia Sheinbaum, en una posición de debilidad ante los principales socios comerciales de México.
López Obrador también le abrió otro frente a Sheinbaum, pero esta vez con las universidades del país y ya sabemos que cuando los estudiantes salen a la calle, es muy complicado regresarlos a las aulas.
Hoy están convocadas las facultades y escuelas de derecho de las 9 universidades más importantes de la capital para protestar por la iniciativa de Reforma Judicial.
Ahí se mezclarán los alumnos de la UNAM, la Ibero, el ITAM, entre otros planteles, en un hecho que no ocurría desde aquellas marchas de mayo del 2012, cuando surgió el movimiento #Yosoy132, generado después de una presentación de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana.
El movimiento, congregó a miles de estudiantes de universidades públicas y privadas, demandaba la “democratización de los medios’’, la imposición de una sola verdad mediática y la celebración de un tercer debate entre los candidatos presidenciales.
Ahora, los universitarios se unificarán nuevamente, pero para protestar por una iniciativa del gobierno morenista de modificar, a modo, al Poder Judicial, cuyo punto central, es la elección en las urnas de jueces y magistrados.
Si a ello le sumamos las observaciones de los organismos empresariales, de barras de abogados nacionales e internacionales, el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y las preocupaciones de los principales socios comerciales de nuestro país, estamos ante un coctel molotov que le estallará a Sheinbaum, lo quiera o no, en sus primeros días de gobierno.
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