La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Claudia Sheinbaum Pardo recibió del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia que la acredita como la primera presidenta de México (2024-2030), puesto que ocupará a partir del primero de octubre.
Tenemos ya presidenta electa, pronto terminará un ciclo y comenzará otro, que sea por el bien de la nación.
Sheinbaum marca una nueva etapa para el país, en materia económica, representa la oportunidad para aprovechar los beneficios del nearshoring. Desde el 2015, México se perfila a ser uno de los destinos más atractivos para las empresas que buscan reubicar sus centros de producción.
Sin duda, hay retos para el nuevo gobierno. El primero, será diseñar una política industrial que permita integrar las cadenas de valor de las entidades del centro y del sur con los del norte del país.
Si bien entidades como: Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México, son de manera natural las que más se han beneficiado con este fenómeno. Hoy, el reto será integrar a las empresas de los estados del sur-sureste y a las Pymes, para que puedan participar con las grandes empresas en las cadenas de valor.
Además, la nueva administración y todos los órganos de gobierno, tanto locales como federales, tendrán que asumir compromisos reales para combatir la inseguridad; si algo se requiere para potenciar la atracción de inversión extranjera directa del nearshoring, es la seguridad.
Sheinbaum y su gabinete recién nombrado, deberán pensar en invertir en infraestructura, para garantizar la movilidad, por lo menos en las zonas geográficas donde los potenciales inversionistas estén más interesados en reubicar sus empresas.
Otro punto que no podemos dejar pasar desapercibido es la presencia acelerada que tienen los productos chinos en México. Si bien el comercio con Pekín ha mostrado aspectos positivos para la actividad económica mexicana, al incrementar la disponibilidad de insumos y bienes de consumo, también genera una mayor vulnerabilidad, tanto a nivel interno como externo.
En 2026, se revisará el T-MEC, e independientemente de que, si Donald Trump o Kamala Harris ganen las elecciones en noviembre, lo cierto es que cualquiera de ellos podrá alegar que se está incumpliendo con las reglas de origen, contempladas en este acuerdo.
Y es que, además de que los precios no son competitivos, estos productos hacen daño a los artículos 100 por ciento mexicanos como la industria del calzado, la del tapete y las manufacturas artesanales.
Sin olvidar la tensión comercial entre Estados Unidos y China, que inició el expresidente Donald Trump en 2018, cuando impuso aranceles de 50 mil millones de dólares a productos chinos, amparado en el artículo 301 de la Ley de Comercio de esa nación.
Aunque usted no lo crea: el Instituto Nacional Electoral (INE) pudo otorgar una mayor sobrerrepresentación a las bancadas oficialistas en la Cámara de Diputados.
Específicamente a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero un error de estrategia y cálculo evitó una barbaridad superior.
Los especialistas electorales de Morena han analizado varios aspectos y culpan a su dirigente nacional de haberlos privado de 12 diputados federales más.
Según sus cuentas, Morena ganó 182 diputaciones de mayoría relativa y por los resultados de la votación le corresponden 87 de representación proporcional. Es decir, 269 en total.
Pero el límite legal para un solo partido son 257, con los cuales Morena tendría mayoría absoluta en San Lázaro, suficientes para aprobar leyes y reformas cuando no comprometan cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué sucedió?
En muchos distritos Morena prestó a sus títeres, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a militantes suyos para ser candidatos y al final ganaron. Ahí están las 12 posiciones bajo cuestión.
En lugar de 87 diputaciones de representación proporcional, el INE analizó muchos cuadros y encontró a 12 candidatos morenistas postulados por el PT y el PVEM.
En consecuencia, los regresó a su partido originario y simplemente hizo las cuentas y de esa manera acreditó a Morena 75 diputados de representación proporcional en lugar de 87.
Aquí entran las omisiones del Comité de Elecciones del partido guinda: incurrieron en errores de registro y hoy pagan las consecuencias con 12 curules. ¿Para qué quieren más diputaciones?
Simplemente para aplastar más a la oposición porque con las 264 curules asignadas a la alianza les basta y sobra para manejar a su antojo la Constitución, las leyes secundarias y las reformas ordenadas desde Palacio Nacional durante los próximos tres años legislativos.
La rebelión en el Poder Judicial continúa. Muchos pensaron que los trabajadores del Poder Judicial no pasarían a la acción directa, pero lo hicieron. En un hecho insólito los trabajadores bajaron la cortina.
Los trabajadores del Poder Judicial emprendieron un paro nacional molestos porque a ellos nadie les pregunta su opinión sobre la Reforma Judicial, que les atañe directamente. A todo mundo le preguntan su opinión sobre la Reforma Judicial menos a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Por qué no les piden su opinión primero a ellos?
La reforma va y en eso no hay vuelta de hoja. No obstante, el activismo de los trabajadores puede asegurar que no se afecten sus derechos ya adquiridos, aunque su aspiración de tener una carrera judicial quede en el aire, pues tendrán que acudir a las urnas o a las tómbolas o la opción que se le ocurra a la bancada mayoritaria a partir de septiembre para elegir jueces, magistrados y ministros.
La prometida gradualidad en la aplicación de la Reforma Judicial, prometida por Morena, resultó ser un engaño; menos de un año a partir de su eventual aprobación, en septiembre, y un año más para limpiarlo en todo el país.
Morena quiere tener para el 2026 un Poder Judicial renovado, por no decir a modo, y para ello se apresta a lanzar su aplanadora legislativa.
El dictamen fue aprobado el fin de semana pasado, pero no será discutido hasta septiembre, cuando inicie formalmente la próxima Legislatura, en la que Morena tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y solo le faltarían tres senadores para tenerla en la Cámara alta.
Los foros para discutir la dichosa reforma sirvieron para nada, porque de antemano los morenistas habían advertido que se hacían “para escuchar’’ a los interesados en el tema, pero “no para hacer cambios’’ en la iniciativa.
Lo que hizo Morena al presentar el dictamen de reforma, no fue lo ofrecido, sino el ultimátum para que jueces y magistrados se cuadren, sí o sí.
Como usted sabe, al otrora partido hegemónico, el PRI, que fue gobierno en todas las entidades federativas, solo le quedan dos: Coahuila y Durango. Y Durango al parecer no por mucho más tiempo.
A juzgar por las encuestas más recientes, los del tricolor tendrán que conformarse con el tercer lugar en las principales alcaldías en las elecciones del año que entra que están reservadas para Morena y en un segundo lugar para el PAN.
A ningún observador del quehacer político en la entidad le llaman la atención estas tendencias porque el gobernador Esteban Villegas ha ido decepcionando a sus paisanos con decisiones erróneas y falta de carácter para encarar problemas como la inseguridad y la falta de agua.
En cambio, al gobernador de Coahuila algunas cosas le están saliendo bien, otras no. Hay una alianza histórica entre los estados de Texas y Coahuila, cuya interacción diaria conforma una realidad que cuesta trabajo comprender en Washington y en la Ciudad de México.
En una reunión sin precedentes los gobernadores Greg Abbot y Manolo Jiménez Salinas ratificaron esa alianza y reforzaron tareas de coordinación entre ambas entidades.
Manolo lo explicó así: “En el marco del 200 aniversario del nacimiento del Estado Coahuila Tejas, firmamos un acuerdo con el gobierno de Texas para fortalecer nuestras relaciones culturales, económicas, turísticas, de seguridad y migración. Además, tuvimos una gran convivencia donde compartimos las tradiciones gastronómicas y vitivinícolas de ambos estados”.
Al darle la bienvenida a la comitiva coahuilense, el mandatario texano señaló que Texas es amigo de Coahuila, así como él es amigo de Manolo, y auguró que vienen muchas cosas para bien de ambos estados que compartirán una historia de éxito.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues el panorama financiero de Coahuila no pinta nada favorable. Vea usted. A Manolo se le está complicando el “gobierno”, las finanzas estatales no se recuperan y siguen débiles, como menciona “Fitch Ratings” en su último reporte. Agréguele que el gobierno federal le mandó un mensajito al disminuir 500 millones de pesos de su presupuesto.
Entre los observadores del quehacer político de la entidad, se reconoce que el manejo financiero durante el sexenio riquelmista —aun con el refinanciamiento de la megadeuda moreirista— fue un éxito, pues aseguran que el exgobernador supo maniobrar los ajustes presupuestales mejor que nadie, a pesar de la embestida lopezobradorista a las finanzas coahuilenses.
Si en algo se distinguió Miguel Riquelme, como gobernador, fue en resolver necesidades entre los diferentes sectores económicos y sociales de cada municipio. La capacidad de operación, atención y respuesta de la administración riquelmista, deja un vacío de poder en el actual gobierno.
La derrota de Miguel Riquelme en el pasado proceso electoral del 2 de junio, solo tiene una respuesta lógica: fue traicionado por su propio grupo político, entre ellos, el principal, es Lauro Villarreal Navarro. Nada es casualidad.
Antes de cerrar esta columna no podemos dejar de llamar la atención en un “foco rojo” para la administración manolista.
Como se sabe, todo estaba preparado para que Lauro Villarreal rindiera protesta como diputado plurinominal en la actual Legislatura, el primero de enero. Su ambición era convertirse en presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila.
Sin embargo, desde meses atrás, Diego Rodríguez Canales, el actual subsecretario de Gobierno y señalado como principal operador político en la administración estatal, en reiteradas ocasiones, increpo a Lauro para presionarlo a ceder su curul al dirigente estatal del PRI, Don Carlos Robles Loustaunau. Dicen que los ánimos llegaron a cabrearse tanto que hubo amenazas serias.
A manera de compensación, el gobernador Manolo Jiménez Salinas designo a Lauro como director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS), cargo que está próximo a dejar —eso nos comentan—, una vez que Román Alberto Cepeda inicie su segundo mandato al frente de la alcaldía de Torreón.
La relación de amistad y negocios que tienen Lauro Villarreal y Román Alberto Cepeda, es antigua. Desde que inicio la administración cepedista, a Lauro se le ubica como el principal asesor del alcalde de Torreón, su operador político en temas electorales y su consejero de confianza en los temas de agua y drenaje.
No sería casualidad que la idea de privatizar el SIMAS de Torreón sea un negocio que trae entre manos el propio Lauro Villarreal Navarro. Ya veremos.
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