El miércoles 21 de agosto, inició el paro indefinido de jueces, magistrados y empleados del poder judicial a nivel nacional como medida de protesta en contra de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea, principalmente, la elección por medio del voto popular de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De tal manera, que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), informó que quedaban suspendidas todas las actividades y solo serían atendidos casos urgentes, es decir, “… las determinaciones referentes a la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva, y las determinaciones sobre extradiciones. De igual manera, solo las audiencias de juicios que hubieren iniciado antes de la suspensión deberán tramitarse hasta su conclusión”.
Además de las anteriores, “en los centros de justicia y juzgados de distrito en materia de ejecución, se considerarán urgentes: las decisiones que impliquen peligro a la vida o integridad de las personas; gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; beneficios de preliberaciones”; entre otras.
De acuerdo con el pronunciamiento hecho público JUFED, la suspensión de actividades dio inicio a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto y se mantendrá de manera indeterminada hasta que “… no se satisfaga la petición a los que se refieren los puntos 9 y 15, o así lo dispongan las mesas Directiva Nacional y Regionales de la JUFED”.
Mientras tanto, organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), manifestaron su apoyo “… a todos los trabajadores del Poder Judicial”, señalando que la justicia debe ser profesional, objetiva, independiente y justa. A través de un comunicado, el organismo añadió que eligiendo a jueces y magistrados mediante el voto popular se perderá la independencia judicial. Asimismo, la COPARMEX se pronunció a favor de una reforma judicial, pero a través de un “diálogo respetuoso, consensuado, constructivo, sin descalificaciones y en paz, como parte de un proceso democrático”.
Por su parte, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, desconoció el paro de labores por parte de los trabajadores del poder judicial, lo calificó como “ilegítimo”, y envió un documento a la Secretaría de Gobernación para que el Consejo de la Judicatura deje de pagar los salarios de quienes se están manifestando e, incluso, destituir de sus cargos a quienes continúen con el paro.
En el documento, se establece que el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, está obligado a pagar las remuneraciones de los servidores públicos a su cargo, pero, “siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones”. De igual manera, señala que el paro de los trabajadores no siguió el cauce adecuado establecido por la ley, por lo que quienes están participando del mismo incurren en una “inasistencia justificada, por tanto, “no se genera el derecho de recibir el sueldo tabular del día correspondiente”.
Por tanto, la Secretaría de Hacienda “advierte” a los trabajadores del poder judicial que, de continuar con al paro de labores, “constituye una falta grave que amerita sanciones que comprenden desde descuentos, conclusión de nombramientos, acciones de cese en diversos cargos, inicio de procedimientos disciplinarios, procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros”. Por todo lo anterior, se concluye por parte de la dependencia que el paro es “ilegal”.
Asimismo, reconoce el derecho de los trabajadores a declarare en huelga, pero añade que dicha figura está sustentada en un procedimiento específico establecido en la Ley Federal del Trabajo, que comienza con la realización de una asamblea, la elaboración de un pliego petitorio, y la presentación de una solicitud de huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. “Debe correr un plazo de 10 días para buscar la conciliación, y, después de ello, el tribunal tiene 72 horas para determinar si la huelga es legal o no”.
Finalmente, el documento señala que sin haber realizado el procedimiento que marca le ley, el paro realizado por jueces, magistrados y trabajadores del poder judicial no se considera huelga, sino suspensión de labores, por lo que los trabajadores tiene un máximo de 24 horas para regresar al trabajo, apercibidos que de no hacerlo serán cesados, situación que ya fue materializada por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, unas horas más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia mañanera del jueves 22 de agosto, que a pesar de la petición hecha por la Secretaría de Hacienda al Consejo de la Judicatura Federal, “no habría despidos ni descuentos” para ningún trabajador del Poder Judicial en paro.
