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El tema de fondo es simple: la corrupción dentro del poder judicial; ahora bien, sabemos que esta existe, aunque no con certeza de hasta donde la corrupción ha invadido al sistema judicial de nuestro país. El antídoto: la ciudadanización; entendiéndose esta como que la integración de los miembros de este importante poder sea votada por los ciudadanos como el resto de los cargos de elección popular. Para empezar el diagnóstico de nuestra realidad lo describe acertadamente Miguel Carbonell: “La peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles”. En datos duros; la llamada “cifra negra” (compuesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad) alcanza al 75% del total de delitos cometidos en México. En otras palabras, 3 de 4 delitos no se denuncian. Del 25% de delitos que sí son denunciados solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55%, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6% del total de delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos, solamente el 1.6 llega ante el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan una cifra del 1.06%,1 lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra del 99%. Definitivamente nuestro sistema NO funciona. Ahora bien, el sistema actual de designación de ministros de la SCJN es a propuesta del ejecutivo en razón de tres candidatos por vacante disponible, y es la cámara alta la encargada de seleccionar al afortunado. En otras palabras, la élite política elige a los ministros, por ello el sistema de voto popular para elegir magistrados resulta ser un giro de 360 grados en la forma en que se integra la SCJN. En lo personal me parece un buen método siempre y cuando las y los postulados superen una serie de requisitos para poder ser elegibles, y que estos requisitos sean evaluados por centros académicos de prestigio. Por ejemplo; quienes aspiren deben superar un examen de conocimientos técnicos en las diversas ramas del Derecho, también deben de contar con publicaciones o aportaciones que demuestren que dominan una rama en particular de esta ciencia; desde luego un escrutinio de sus vínculos familiares y políticos hasta el grado que sea necesario para asegurar imparcialidad y honradez en su proceder; finalmente, una entrevista pública donde se pueda analizar sus posibles aportaciones hacia la construcción de un Estado de Derecho sólido en nuestro país. Todo esto construido, supervisado y evaluado por instituciones como la UNAM, el CIDE, etc., centros de estudio con prestigio y, finalmente, con una buena dosis de transparencia en todo el proceso de evaluación y selección de ministros. Si la reforma va, debe asegurar su imparcialidad, profesionalismo y voluntad de mejorar un sistema que a todas luces requiere de una intervención a profundidad para enderezar el aciago panorama que en temas de justicia padecemos en nuestro país.