El 4 de abril de 2024, los diputados Moisés Ignacio Mier Velazco y Angélica Ivonne Cisneros Luján presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para la creación de un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, el cual tiene como objetivo complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual a 16 mil 361 pesos. Este fideicomiso es similar al fondo del mismo nombre que fue propuesto por el ejecutivo federal, el 5 de febrero de este mismo año, a través de una iniciativa que busca reformar el artículo 123 de la Constitución.
El objetivo principal del mencionado fondo, sería complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual al salario promedio mensual de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual fue de 16 mil 361 pesos en 2023.
La iniciativa contempla diversas fuentes de financiamiento para que el Fondo pueda cumplir su propósito. Entre estas, destacan los recursos ahorrados por algunos trabajadores a lo largo de su trayectoria laboral –tanto en el sector privado formal como en el sector público– y que son gestionados por las Afores y el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Para los trabajadores que cotizan en el IMSS, se establece que tanto las Afores como el Infonavit deberán transferir al Fondo los recursos disponibles en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como en la subcuenta de vivienda, al momento en que los trabajadores alcancen la edad de 70 años, siempre y cuando no tengan una relación laboral activa. En el caso de los trabajadores afiliados al ISSSTE, la transferencia de los recursos de la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de la subcuenta de vivienda, se realizará una vez que dichos empleados cumplan 75 años y no mantengan una relación laboral.
Sin embargo, de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones, el gasto presupuestal en este rubro de elevaría de 5.8 por ciento del PIB, que es lo que se destina actualmente al pago de pensiones, y aumentaría hasta llegar al 7.8 por ciento del PIB para el 2030, de acuerdo con especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El CIEP, a través de un informe sobre la propuesta presidencial, afirmó que el aumento acelerado en el gasto de pensiones puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, y el financiamiento de otros derechos como la salud y la educación. Asimismo, advirtió que de aprobarse las iniciativas de reformas constitucionales y se dan los aumentos progresivos a la Pensión para el Bienestar de las Adultos Mayores de 15 por ciento anual, en seis años el gasto para pago de pensiones sería del 7.8 por ciento del PIB, insostenible en el mediano y largo plazo.
Por su parte, el Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que existe el riesgo de que los trabajadores obtengan rendimientos inferiores a los que podrían recibir si sus recursos siguieran siendo administrados por las Afores y el Infonavit. Por otro lado, la creación de un Fondo como el que se propone podría beneficiar a algunos trabajadores que reciban un apoyo que complemente sus pensiones (pensiones del Bienestar, por ejemplo).
Para las finanzas públicas
De acuerdo con la valoración de impacto presupuestario de la iniciativa realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el Fondo podría disponer de alrededor de 35.4 mil millones de pesos a partir de sus fuentes de financiamiento, las cuales no incluyen los ahorros de los trabajadores.
Si se considera que un porcentaje de los recursos del Fondo provendría de ingresos no recurrentes (la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la venta de propiedades del ISSSTE) o que no necesariamente se materialicen en tiempo y cantidad (las utilidades de paraestatales como el Tren Maya y el AIFA), existe la posibilidad que los recursos del Fondo no sean suficientes para cumplir con su objetivo. Frente a este escenario, es posible que el Gobierno Federal realice aportaciones adicionales al Fondo, las cuales distraerían recursos de otras áreas, como educación, salud, seguridad o inversión pública. Lo anterior, significa que los ingresos obtenidos por el gobierno para el pago de las pensiones que plantea la iniciativa de reforma constitucional pueden no ser suficientes para el pago de los compromisos adquiridos, lo que equivale a decir que se están construyendo castillos en el aire, lo que puede derivar en un estrepitoso fracaso que pondría en jaque las finanzas públicas. Al tiempo.
