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Convencido estoy que algunos aspectos de la legislación electoral en nuestro país suelen ser absurdos y nos ubican a los ciudadanos como si no tuviéramos la capacidad de razonar o fuésemos una especie de zombies que actúan por instinto ante ciertos estímulos previamente diseñados. Por ejemplo, la prohibición de usar determinados colores en camisas el día de la elección dentro de las casillas, porque se puede considerar propaganda y con ello influenciar a los votantes hacia una determinada fracción política, como si eso fuera posible, como si los ciudadanos estuviésemos condicionados por una programación psicológica que se activa ante ciertos detonantes como el color de una camisa. Hay países como Argentina en donde el mismo presidente puede hacer campaña a favor del candidato de su partido y esto no influye en la decisión de los votantes a la hora de sufragar. Y esto sale a colación luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentara ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial un intento para fiscalizar al partido morena la venta de los peluches de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, el tribunal fue contundente: la venta de los peluches del presidente no beneficia ni promueve a ningún candidato y no es viable atribuir a un partido la venta de estos productos, siendo la existencia de estos peluches meramente comercial. La decisión del Tribunal es acertada, para empezar, la venta de estos peluches se da durante y fuera de los procesos electorales federales, lo cual no se circunscribe exclusivamente a etapas electorales con objetivos de promoción y difusión; además son tan populares que su fabricación es China lo que supone que ni siquiera puede intentar fiscalizarse como ingreso al partido del presidente. Es cierto que la tarea del INE es evitar propaganda fuera de los tiempos electorales, también fiscalizar los ingresos propios de cada uno de los partidos políticos, pero en este caso el presidente no es un candidato en contienda ni mucho menos su partido comercializa estos peluches, por lo que la sola denuncia del árbitro electoral ante el Tribunal Electoral resulta ociosa y fuera de lugar dejando solo la idea de que el INE carece del profesionalismo que debe tener para poder investigar la comercialización de estos peluches fortaleciendo de paso la teoría de su aversión al presidente AMLO.  Al final, el magistrado Felipe Puente es contundente cuando menciona que la venta de estos peluches es un acto de comercio con fines de lucro para la obtención de una ganancia por parte del vendedor; por lo que no encuadra dentro de las finalidades de la propaganda electoral utilitaria. El INE ha sido derrotado por interpretaciones absurdas de violación de leyes electorales y queda nuevamente en tela de juicio como árbitro imparcial en lo que parece una lucha perenne entre el gobierno federal y el organismo autónomo.