Arrancamos… Cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo y Porfirio Muñoz Ledo (entre otros) fundaron la corriente democrática, su afiliación a la izquierda revolucionaria, hasta entonces mayoritariamente mestiza, ésta engrosó sus filas con la migración indígena emergente. El régimen de la revolución hasta esa época no había alcanzado a aliviar las condiciones prevalecientes de la pobreza. Por eso, en la década de 1990 era claro que los partidos de la izquierda, del centro y de la derecha, por encima de sus consideraciones ideológicas, sin explicarlo, afiliaban a clases sociales e intereses. El PAN, en este espacio, parecía ser (por su intereses y gestiones cupulares) un partido apologista de los empresarios (banqueros, financieros e industriales); el PRI, al margen de sus bases, en realidad trabajaba en favor de una camarilla, protegiendo unos cuantos intereses; y el PRD, recién creado, representaba esencialmente a los sectores populares. Por todo lo anterior, en el 2000 la prioridad del proyecto del cambio era romper el monopolio político del PRI-gobierno, posponiendo la revisión de la administración de los privilegios y pensando que esta tarea inconclusa la llevaría a cabo el nuevo presidente. En ese año, Vicente Fox tenía una agenda pendiente para revisar las desigualdades (insertas en una especie de latifundismo financiero) que también hacían urgente revisar la administración de las libertades; por ello el fracaso y el fiasco del proyecto del cambio en el 2000 son intolerables. En 2006 dos proyectos, por encima de los partidos, se enfrentaron: el primero, apologista del statu quo, y el segundo propuso poner a revisión, desde su raíz, las libertades que presuponen una reforma del Estado. En este contexto, las consideraciones tradicionales de los partidos de la izquierda, del centro y de la derecha resultaban superfluas, porque la verdad era que, en el México profundo, en pleno siglo XXI, y no obstante las guerras de Independencia y la Reforma, en México la revolución todavía no había superado la discriminación social de clase y diferencias. El propio estado de derecho (tan celebrado), a pesar del reconocimiento histórico de sus avances, en realidad no diferenciaba en su análisis medular los privilegios; así lo atestiguan las cárceles llenas de indígenas y de pobres. En el 2024, pareciera que los mexicanos no queremos enfrentar las verdades siempre incómodas de nuestra sociedad de clases, avistando con objetividad las desigualdades, a riesgo de mantener el precario sistema de asignación de privilegios que, en mi opinión, se vuelve cada vez más peligroso en nuestro país. No hacerlo traería como consecuencia poner en riesgo la paz social. En este proceso la clase media desempeña un papel definitorio porque si, como tradicionalmente lo ha hecho, no se detiene a revisar la utilidad irracional de sus lealtades con la hegemonía, el statu quo de su medianía tan apreciada podrá estar muy pronto en riesgo. MI VERDAD.- El miedo al cambio de las élites y la apologista clase media mexicana crean un fenómeno inédito de masoquismo político, difícil de entender, en el que las víctimas del sistema protegen y justifican a sus victimarios.