Como bien dicen algunos autores la solidaridad es un bien público o colectivo indivisible producido, o al menos decidido, por quienes se benefician de su existencia, y eso es válido aún para una sociedad neoliberal como la nuestra, pues sin ese bien dejamos de ser sociedad. La forma mínima de ese pacto solidario es el pago de impuestos que, ciertamente, deberán ser progresivos, proporcionales a los ingresos.
Tan simple como reconocer que para que los servicios públicos funcionen, alguien debe pagarlos. Y si, en efecto, son públicos, pues en consecuencia será el público (los ciudadanos) quienes deben pagar la parte proporcional que a cada cual le corresponda. Trabajadores y empresarios, por ejemplo, deberán sufragar los costos de operación de los servicios necesarios para que la actividad empresarial (que no se puede realizar sin trabajadores) funcione. El problema es que el sistema tributario es reflejo fiel de la sociedad, su característica principal es su desproporción no solo en cuanto a los porcentajes a pagar respecto de los ingresos, sino también en lo que se refiere a las posibilidades de eludir, legal o ilegalmente, las obligaciones fiscales.
Así quienes pagamos impuestos por ingresos recibidos bajo la forma de sueldos y salarios estamos en la circunstancia de causantes cautivos, es decir, cuando el salario llega a nuestras manos el impuesto correspondiente ya ha sido descontado o retenido. No es el caso de quienes informan acerca de sus ingresos a través de declaraciones fiscales que pueden, o no, enterar la totalidad de los ingresos gravables. Las formas de elusión fiscal son muy variadas y existe todo un ejército de profesionales que se dedican, justamente, a buscar la manera de disminuir (y, de ser posible, a cancelar) la carga fiscal de quienes puedan pagar sus servicios.
Eso sin contar que ya de por sí, a partir de los años 70 los capitales entraron en intensos procesos de internacionalización lo que les dio un enorme poder por encima de los Estados, a los que pudieron presionar para que implementaran políticas neoliberales quedando así, obligados a competir para ofrecer las mejores condiciones que garanticen las ganancias del capital.
Por políticas neoliberales entendemos la renuncia de los Estados a la soberanía, permitiendo que sean las empresas trasnacionales las que definan las mejores políticas de “atracción de capitales” que no significan otra cosa que ponerse a malbaratar recursos naturales y mano de obra. La democratización de países como el nuestro impulsada desde los años 70 implicó, de hecho, la mercantilización de la vida social, la transformación de derechos en mercancías y, por tanto, la cesión de crecientes espacios de poder por parte del Estado en favor del mercado. Esto incluyó la generación de una mentalidad neoliberal, caracterizada por un individualismo a ultranza, incapaz de concebir la existencia de un poder que ponga límites a sus ambiciones.
Es el caso de Ricardo Salinas Pliego, tan ambicioso como prepotente, convencido de que su riqueza es producto de sus habilidades empresariales y no del usufructo de bienes nacionales, como la concesión que el Estado mexicano le otorga para sus canales de televisión. Beneficiario del remate que el otro Salinas (de Gortari) hizo de los bienes nacionales que estaban en manos del Estado, el dueño de tv Azteca se considera por encima del resto de los mexicanos y, por tanto, merecedor de un trato que lo exima de pagar impuestos.
Son más de 25 mil millones de pesos que Salinas Pliego debe al fisco. Muy pronto tendrá que pagarlos, aunque no tenga la menor idea de lo que es el bien común.