Torreon, Coah.
Edición:
17-Jun-2024
Año
21
Número:
909

¿SERÁ VERDAD?

Por:
La Comadre
|
28-10-2023
|
Edición:

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La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura.

En 2009, Andrés Manuel López Obrador lanzó a “Juanito” (Rafael Acosta) en Iztapalapa con la instrucción de entregar la delegación a Clara Brugada, hoy tiene otra marioneta.

En su afán de ser entrometido nacional, primero impulsó a Xóchitl Gálvez para sacarla de su espacio natural, la Ciudad de México, para 2024.

Luego, en aras de evitar la polarización del voto, con él o contra él, postuló a Samuel García, al gobernador de Nuevo León, quien había prometido estar los seis años y no distraerse como “El Bronco”, le infló el ego y solicitó licencia para ir en busca de la Presidencia de la República.

Dante Delgado lo cobijó de inmediato: Samuel podría ser la opción interna y el excanciller Marcelo Ebrard la externa de MC.

Con ese juego de palabras y acciones Dante lanzó al aire así las negociaciones de varios meses con Marcelo para llevarlo de abanderado presidencial.

Enterado en Italia, Ebrard decidió mantener silencio por ahora y ya hablará luego: o se respeta el compromiso de MC o se quedará en espera de la expulsión por Mario Delgado. Así comienza este capítulo.

Había dicho que no lo iba a hacer y el Congreso Local había dicho que si presentaba la solicitud de licencia la rechazaría. Ambos mintieron, o lo pensaron mejor, pues ya se sabe que las circunstancias son cruciales en política.

El Congreso Local mostró reflejos rapidísimos y en un pestañeo no solo la licencia estaba extendida, sino que, hasta nombró un gobernador sustituto.

El Congreso de Nuevo León, de mayoría panista y priista, 27 de los 42 diputados, autorizó la licencia de seis meses que solicitó Samuel García para separarse del cargo de gobernador para buscar la candidatura presidencial de MC.

Lo hicieron, pero no le cumplieron el “capricho” por el desacuerdo que se tiene entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, se necesitaba una persona intermedia.

Samuel quería dejar de interino a su compadre y amigo, Javier Navarro, secretario general de Gobierno, pero el Congreso votó a favor de Arturo Salinas Garza, quien es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y quien rendirá protesta a partir del 2 de diciembre próximo.

Obviamente, la decisión no le gustó nada a Samuel, que ya amenazó con recurrir al INE para defender sus derechos.

Ante la rápida sucesión de jugadas Samuel comenzó a dudar. Incluso su esposa Mariana intervino para hacer precisiones. Según Samuel el nombramiento de Salinas es inconstitucional y que no lo dejará pasar.

Samuel García quiere seis meses para regresar al poder porque no puede engañarse: como su antecesor Jaime Rodríguez “El Bronco”.

Eso sí, cumpliría su misión de ser esquirol de la oposición y daría buenas cuentas de su encomienda: fraccionar el voto del Frente Amplio por México y de Xóchitl Gálvez.

Convertido en el nuevo “Juanito”, quién sabe si ni siquiera pudiera vencer internamente a Marcelo Ebrard, aunque para eso existe la manipulación de encuestas como recurrentemente nos han demostrado el gobierno federal y Morena.

Al final de cuentas MC, Dante y Palacio Nacional van por el rendimiento político electoral: será postulado quien garantice más votos, prerrogativas, cargos y espacios de poder.

Con otra consideración, por ahora Samuel es un gobernante en ejercicio y con presupuesto, Marcelo es un político en precipicio y sin erario. Cualquiera sería Juanito.

¿Quién es Arturo Salinas Garza, gobernador interino de NL tras licencia de Samuel García? Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho Mercantil por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de que cuenta con varios diplomados.

En su trayectoria pública ha fungido como Delegado Federal de la Secretaría de Economía de Nuevo León; director Jurídico del Ayuntamiento de Los Herrera. Además, también fue dos veces diputado local en los periodos 2000-2005 y 2015-2018; además de diputado federal de la LXII Legislatura.

Se vienen días de definiciones para 2024. Marcelo alista su renuncia a Morena y Dante la candidatura presidencial.

Estas son las tendencias: Marcelo Ebrard ya tiene lista su salida del partido guinda, donde fue humillado, para convertirse en noviembre en candidato presidencial de MC.

Amén de generar tres polos electorales, es previsible verlo como catalizador de los decepcionados del oficialismo, pero sobre todo esquirol de Xóchitl Gálvez y del Frente Amplio por México.

Significa también la renuncia a la promesa del dirigente Dante Delgado de llevar un cuadro propio como abanderado dada la imposibilidad de levantar a Samuel García, como quiere López Obrador.

Pero todavía hay temas pendientes para Dante y Marcelo, quien desde el fin de semana vacaciona en su hábitat natural, Europa, y específicamente en la “dolce vita” de Italia.

En Guadalajara a principios de mes Mario Delgado anunció a los consejeros morenistas de Jalisco la insostenible permanencia de Ebrard. Además, por instrucción presidencial no se aceptaría su reclamo de reponer el proceso interno de Morena, con el cual se consagró a Claudia Sheinbaum a través de encuestas amañadas.

Hoy todo pareciera depender del calendario. Dante desea desenredar su madeja emecista los primeros días de noviembre, pero Marcelo Ebrard prevé regresar entre el 6 y el 7, lo cual pospondría el proceso de selección.

Los tiempos son claves, pues por sus indefiniciones el excanciller cada día pierde operadores y se ve en las votaciones de la Cámara de Diputados, donde sus seguidores avalaron la Ley de Ingresos.

A ese paso, no habrá disidencia para el Presupuesto y pasará con la aplanadora morenista como lo quieren López Obrador y Rogelio Ramírez de la O, sin cambiar ni una coma.

Es decir, la oposición se quedará con su chifladura en la loma y los marcelistas con su falso reclamo de reorientar 50 mil millones de pesos en el gasto. Aun le faltan muchos capítulos a la saga. Veremos.

El presidente López Obrador mantiene una intensa actividad en contra del Poder Judicial de la Federación en busca de ganar la narrativa y la percepción de que está haciendo lo correcto.

El domingo 22 de octubre, en 22 ciudades del país se realizó una marcha con el nombre “En defensa del Poder Judicial”, por la aprobación en el Congreso de la reforma que elimina 13 de los 14 fideicomisos para prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector.

La tensión está en un momento álgido entre el gobierno federal y los trabajadores del Poder Judicial, quienes están en medio de un paro de labores que inició el 16 de octubre y se mantendrá hasta el 29, en protesta por la eliminación de una bolsa global de más de 15 mil millones de pesos.

La guerra contra el Poder Judicial emprendida por el gobierno federal con pretexto de la opulencia insultante y la austeridad conveniente se origina en una mentira, como las anteriores. Su final tendrá rumbos judiciales y la Suprema Corte deberá decidir su destino y el del resto de la Judicatura. Serán “juez y parte” porque no hay otros jueces, ni otras partes. No es la primera vez que sucede en la Corte.

Esta semana mucha información ha permeado respecto al tema. En distintos estados ha habido paros labores, pero es sumamente importante hacer un análisis de cuáles son sus derechos y quiénes serán los más afectados con este recorte de fideicomisos que propone el presidente López Obrador.

De los 13 fideicomisos que se pretenden eliminar, al menos seis están directamente vinculados con la prestación de derechos laborales como seguridad social, pensiones, vivienda o servicios de salud, particularmente para el personal operativo del Poder Judicial, que representa más del 60 por ciento de su plantilla.

Pero la polémica más grande es en los otros siete fideicomisos que le pegan más a los ministros y a los jueces, los cuales, hay que decirlo, tienen sueldos irreales de 400 mil pesos, pero que pueden llegar hasta los 700 mil mensuales.

Por ejemplo, hay algunos que son básicamente apoyos para mantenimiento, construcción y hasta ampliación de casas de los magistrados; el uso de vehículos blindados e incluso algunos utilizaban el recurso para cirugías plásticas. Ahí no hay mucho que debatir, esa vida faraónica tiene que terminar, pero también, no por unos la llevan todos, y menos la base laboral.

De hecho, voceros gubernamentales han puesto sobre la mesa opciones diversas para usar el dinero de los fideicomisos, cada uno con su ocurrencia. Expertos sostienen que el dinero no tendría un destino específico, sino que terminará en la panza de Hacienda.

En redes sociales circuló una frase que pide a López Obrador no desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial, que mejor recupere el dinero que se pierde en algunas dependencias de acuerdo con las auditorías a la Cuenta Pública, como por ejemplo los 15 mil millones de Segalmex.

En la actualidad, el Poder Judicial es una organización enorme y compleja. Hay 931 tribunales federales en todo el país que reciben y resuelven cerca de un millón de juicios cada año, según datos del INEGI.

Su función central es resolver con imparcialidad esos conflictos. Llevamos décadas de construcción institucional, de profesionalizarlo y consolidar sus garantías de independencia y eficacia. Ciertamente no es perfecto y tiene problemas que requieren atención. Sin embargo, es una de las instituciones más robustas que tenemos.

Pero el Poder Judicial ha sido un obstáculo al proyecto del presidente López Obrador. Muchas sentencias han encontrado que las decisiones gubernamentales vulneran derechos o contravienen el arreglo constitucional. Y éstas han irritado al poder. El Presidente lo ha dicho claramente.

En su visión, jueces, magistrados y ministros pertenecen a una casta privilegiada que está en contra del pueblo y que son representantes de una oligarquía. Pensó que podía reformarlo con sus aliados internos, pero se equivocó. Por eso sentenció: “Yo no veo más que una renovación tajante, que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto en las urnas”.

El ataque para debilitarlo con miras a las elecciones ya inició. Es falso que se trate de un problema de recursos. La decisión es política. Los fideicomisos del Poder Judicial han estado ahí desde hace mucho tiempo. No es casualidad que aparecieron en la agenda presidencial este año.

El fideicomiso judicial más grande, dedicado a construir infraestructura tiene, en números redondos, 4 mil 300 millones. El fideicomiso para administración y pago de equipo militar de la Sedena reporta una disponibilidad de 34 mil 700 millones. Es casi ocho veces más grande.

Lo que sigue es una crónica de decisiones anunciadas. Los fideicomisos desaparecerán. Luego vendrá una reducción significativa del presupuesto. Seguirán los amparos y las acciones de inconstitucionalidad, que necesariamente tendrán que ser resueltas por jueces y ministros. Vendrán las elecciones y se consumará la politización de la justicia.

Jesús Silva Herzog lo ha dicho claramente. Se busca someter al Poder Judicial al principio de representación y con ello destruir el cimiento de su autonomía constitucional. En la lógica populista no hay espacio para la división de poderes. Frente al acto del poder popular la razón se apaga.

Desmantelar al Poder Judicial será un grave retroceso. Muchas carreras judiciales se pondrán en riesgo. Se afectará la ya mermada capacidad del Estado de garantizar la paz social. Además, será una señal para que los gobernadores incidan en la endeble independencia de los poderes judiciales estatales. Los controles al poder se diluirán. El asunto es extremadamente delicado. Ojalá seamos capaces de resistir.

La intención del presidente López Obrador también es clara: sigue con sus intenciones de democratizar el Poder Judicial para que el pueblo sea quien elija a los ministros, pero no hay nada más engañoso que eso, porque, siendo sinceros y sin raspar muebles, no todos le saben al tema, y es obvio que quien los propondría sería el mismo Poder Ejecutivo a su conveniencia para tener un Poder Judicial servil a las intenciones del presidente o del próximo presidente, y si eso llega a pasar, amigo lector, Dios nos ampare, porque estaremos un paso más cerca de Venezuela.

El poder judicial como garante de la Constitución debe hacer un llamado a todos y cada uno de los sectores agraviados por el poder Ejecutivo y Legislativo, y ser un factor de unidad nacional.

A las y los litigantes, también afecta la extinción de los fideicomisos: los diplomados, cursos, las publicaciones de criterios, las Casas de Cultura Jurídica, entre otros, vienen de un fideicomiso.

Acrecentar una protesta dirigida por abogados y abogadas garantizará una defensa a los derechos de la población, y entre más sean más los tomarán en cuenta, y si no, serán más ciudadanos quienes ya organizados votaran en las siguientes elecciones el contra de quienes agravian a la Constitución.

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