Como en tiempos de la Colonia, la minería sigue siendo una fuente de enormes riquezas. Como en los años posteriores a la Conquista. México sigue enriqueciendo a extranjeros (y a algunos mexicanos), al tiempo que se empobrece a las comunidades y a su entorno natural. Enriquecimiento de unos cuantos, a cambio del empobrecimiento de los muchos, aunado a un creciente deterioro ambiental.

Las reglas que rigen la actividad minera son, esencialmente, las mismas que impusieron los colonizadores: el oro es de quien lo encuentre y extraiga y ni de quien posea la tierra donde se encuentra. Salvo las de esclavitud, las relaciones entre débiles y poderosos siguen siendo eso, relaciones de poder profundamente asimétricas.

Una de las muchas formas en que se expresa tal asimetría es en las leyes e instituciones que, en principio deberían salvaguardar las riquezas del suelo y subsuelo para beneficio de las poblaciones ahí asentadas y que, sin embargo, están diseñadas para que quien tiene el poder económico tenga la libertad, casi absoluta, para extraer oro, plata y demás minerales, a cambio de pagar impuestos ridículos y, por supuesto, dejando a las poblaciones la carga del deterioro ambiental que limita, severamente, las ya de por sí precarias condiciones de vida de las comunidades.

Para tratar de nivelar un poco la situación descrita, el presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa de ley que, a fin de cuentas, resultó en una propuesta descafeinada, un proyecto de ley muy light que muy apenas disminuye algunos de los privilegios de las compañías mineras. Así, por ejemplo, la legislación actual permite una vigencia de hasta cien años para las concesiones mineras y la iniciativa de AMLO pretendía reducirlo a 30 años, para que, finalmente, los mismísimos diputados morenistas lo dejaran en 80 años. En otras palabras, la diputación morenista torpedeó una iniciativa obradorista que pretendía devolver algo de la dignidad arrebatada a poblaciones, indígenas algunas de ellas, en lo relativo a la gestión de sus propios recursos.

Y así por el estilo se hicieron en la Cámara de Diputados (donde la mayoría de Morena es prácticamente una “aplanadora”) muchos cambios que terminaron por dejar chimuela una iniciativa de ley diseñada por AMLO con dientes lo suficientemente afilados para trozar algunas de las ventajas que actualmente tienen los inversores sobre suelo nacional.

Para decirlo en términos simples, la iniciativa que originalmente propuso López Obrador deshacía el derecho de prioridad que la legislación salinista otorgó, a quien tuviera el capital y los contactos suficientes, para la extracción y especulación de riquezas minerales por encima del derecho humano al agua potable y a un ambiente sano.

Sin embargo, la legislación salinista vigente desde 1992 era tan lesiva a los intereses nacionales que con todos los recortes que hizo la Cámara de Diputados a la iniciativa obradorista, lo que quedó sigue siendo de gran avanzada, tanto que las presiones de las compañías mineras que tan buenos frutos les dio entre los diputados, ahora se enfilan hacia los senadores. Sabiendo que en esa Cámara la mayoría es morenista, se preparan también para el siguiente campo de batalla que serán los paneles de controversias contemplados en T-MEC. Ahí las cosas no pintan bien para los intereses nacionales, una vez que ya se anunció la alianza entre gobiernos canadiense y norteamericano para defender los intereses de sus respectivas compañías mineras.

Todo esto demuestra que leyes, instituciones, y hasta tratados internacionales fueron diseñados para favorecer las condiciones en las que capitalistas nacionales y extranjeros, tengan preferencia en el acceso a los recursos minerales en detrimento de las poblaciones locales.