En la Independencia, la Reforma y la Revolución, las leyes que habían hecho los regímenes desplazados para proteger sus intereses, tuvieron que ser derogadas o abrogadas para que estas transformaciones pudieran alcanzar sus objetivos de mejorar las condiciones de la vida colectiva.

La Independencia acabó con el Virreinato de la Nueva España, que  justificaba su existencia en el derecho de conquista y de colonización, contenido en las leyes impuestas desde la metrópoli para favorecer al gobierno monárquico, al alto clero, a las clases aristocráticas españolas, al ejército y a pocos criollos, en perjuicio de los indios, los mulatos y los mestizos, que eran las grandes mayorías; por lo que era necesario hacer nuevas leyes que las protegieran; destacando los Sentimientos de la Nación, de Morelos, que se  incluyeron en las primeras constituciones del México Independiente.

Las Leyes de Reforma (1855-1863), obra de los liberales encabezados por Juárez, tuvieron que ser incorporadas en la Constitución de 1857, para protegerlas de los conservadores y de la Iglesia que se oponían a perder el poder acumulado en 300 años de la colonia.  

Las leyes del trabajo de algunos estados del país (entre ellos Coahulia, que ya empezaba su industrialización), y la ley agraria de 1915, y otras, tuvieron que ser elevadas a rango constitucional en la Carta Magna, de 1917, que contiene los anhelos por los que fue la Revolución de 1910; para darles mayor fuerza para ayudar a elevar las condiciones de vida de los obreros, los campesinos y las grandes mayorías.

Este nuevo movimiento social y político al que anticipadamente en la historia se le ha dado el nombre de Cuarta Transformación 4T, también se está encontrando con  leyes que le estorban para realizarse; por lo que el Poder Legislativo federal ha tenido que reformarlas; solo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora está defendiendo como nunca en la historia de México, las leyes que impiden esa realización, está echando abajo las reformas con el argumento de que el procedimiento, la manera de hacer esas reformas, es desaseado, contrario a la Constitución; por lo que no queda más que reformar ésta con el Plan C, que es la participación de los Ciudadanos en las urnas, en las próximas elecciones, para reformarla.