Después de varios episodios un tanto extraños, por decir lo menos, en la relación entre López Obrador y el gobernador de Nuevo León en torno a la inversión de Tesla, finalmente se de decidió que la gigafábrica de autos eléctricos se construirá en Santa Catarina, municipio conurbado a Monterrey. De esa manera Elon Musk dejó en claro que la lógica del capital, los máximos beneficios a los menores costos, no siempre se corresponde con la lógica de la política, y menos cuando se trata de un capital tan poderoso, por un lado, y de un país tan necesitado de capital, por el otro.
Es cierto que el gobierno federal pudo haber negado los permisos correspondientes, tal como amagó López Obrador, pero el costo político para el presidente hubiera sido altísimo, y más en vísperas de elecciones estatales. Al final el multimillonario mostró que es el capital el que puede elegir donde instalarse, y a los gobiernos solo les queda competir entre ellos ofertando las mejores condiciones para ser los elegidos.
Cómo olvidar las escenas de apenas hace unos meses en los que se veía a regiomontanos pelear por una cubeta de agua a nivel del barrio, o a las empresas justificando su altísimo consumo hidráulico con la justificación de que son fuente de empleo para los regiomontanos, aunque sea a cambio de dejarlos sin el líquido vital. Empresas con agua y ciudadanos sedientos. Todo eso se olvidó una vez que Elon Musk dejó en claro que su problema es la rentabilidad de su empresa. Quizá sea cierto que la fábrica de autos no consuma mucha agua, pero ¿y todos los nuevos proveedores que se instalarán en esa región para obtener alguna pequeña tajada del pastel de Tesla? ¿Y todos los miles de trabajadores que serán atraídos desde otras regiones?
Mientras tanto, por acá en la Región Lagunera el agua también vuelve a tomar protagonismo, por lo menos en la prensa y en la discusión pública, porque ambientalistas, académicos y ciudadanos diversos solicitaron el amparo de la justicia federal contra la sobreexplotación de los acuíferos de la región. Esto es importantísimo porque, finalmente, la máxima autoridad en términos de justicia emite una sentencia que obliga a las autoridades correspondientes a la aplicación de una política que proteja y garantice la sustentabilidad ambiental. Es el reconocimiento legal de que la explotación de los mantos acuíferos llegó a tal nivel que el agua para consumo humano ya está contaminada con arsénico.
Los problemas de salud que se derivan de lo anterior son conocidos por todos, especialmente por las autoridades encargadas de regular la extracción del agua del subsuelo y que, sin embargo, no cumplían. La demanda presentada por organizaciones como Encuentro Ciudadano Lagunero, Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero y Pro Defensa del Nazas lograron que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votara de manera unánime a favor de conceder el amparo.
La decisión tiene implicaciones importantes, de entrada obliga a dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Semarnat y el Organismo de Cuencas Centrales del Norte a revisar la forma en que desde hace mucho tiempo otorgan las concesiones de extracción de agua. Según Francisco Valdés Perezgasga la resolución judicial obliga a las dependencias mencionadas a subsanar sus omisiones, sobre todo en lo referente a “cuidar el equilibrio de la extracción con la recarga, recargar el acuífero y dejar de otorgar concesiones para que se pueda recuperar el acuífero”. Se trata de poner límites ambientales a una concepción depredadora del desarrollo regional. Ya era hora.