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La premisa es ley: la separación del Estado y de la Iglesia nos costó mucho como nación, reformas constitucionales, guerras, sangre, y fue el presidente Benito Juárez quien finalmente logró quitarle al Estado mexicano siglos de sumisión ante la iglesia católica. La laicidad del Estado desde entonces es ley, por ello, la festividad de la navidad está ahora en la mira de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que prohíbe la instalación de los tradicionales nacimientos de Jesús en espacios públicos y desde luego con recursos públicos. Es cierto, se trata de una tradición cien por ciento religiosa, cristiana, que alude al nacimiento del hijo de Dios y también es cierto que todas las administraciones públicas decoran las plazas públicas con estos símbolos católicos cada diciembre. Si nos ponemos técnicos y legales, lo correcto es que los gobiernos de cualquiera de los tres ámbitos deberían de abstenerse de colocar estos adornos, mismos que ciertamente aluden a una religión en particular en detrimento de otras, y no por segregación, sino porque partimos de un pasado común que desde tiempos coloniales nos ha marcado dentro del catolicismo de manera obligatoria durante cientos de años hasta las primeras reformas liberales que permitieron la libertad de credo y con ello la apertura hacia nuevas expresiones religiosas, por ello es que mayoritariamente los mexicanos profesan el catolicismo y con ello la celebración de la navidad. Al tratarse de una tradición tan arraigada y que tiene también matices comerciales al enfocar la navidad hacia el festejo y el intercambio de regalos en donde no solo la religión tiene acto de presencia; me parece que la decisión puede provocar molestia en la sociedad en general que gusta de visitar los nacimientos cada diciembre. La última vez que el Estado intentó suprimir las manifestaciones religiosas en espacios públicos terminamos en una sangrienta guerra entre creyentes y gobierno que terminó con más muertos que la misma revolución mexicana. Desde luego que las condiciones no son las mismas, si bien existen muchos mexicanos fanatizados con la religión, los tiempos han disminuido la cantidad de personas capaces de todo con tal de defender sus tradiciones religiosas.  Si la corte decide sentar criterio sobre la prohibición de estos nacimientos en espacios públicos, basta con que cualquier ciudadano se inconforme en cualquier ayuntamiento para que la prohibición se haga efectiva con sanciones para las autoridades que se nieguen a no usar espacios públicos para los símbolos religiosos de la navidad y sobre todo usar recursos públicos para tales fines. En lo personal, estoy de acuerdo con la laicidad del Estado, no me parece que los gobiernos deban gastar recursos en símbolos religiosos, pero también pienso que los espacios públicos deben seguir con la tradición de estos eventos decembrinos y que busque a patrocinadores privados y a la misma iglesia y sus feligreses para que corran con los gastos de estos eventos, para garantizar por un lado la separación de iglesia y Estado y para evitar seguir favoreciendo a una religión sobre todas las demás.