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No podía ser de otra manera; las policías tanto estatales como municipales en la mayor parte del país siguen siendo débiles, por ello el ejército debe seguir en labores de seguridad pública. No se trata de darle la razón a nadie ni tampoco de hacer que alguien se trague sus palabras, pues cualquier persona con poco razonamiento entiende que el crimen organizado ha crecido tanto durante sexenios que ha infestado como cáncer a las corporaciones de seguridad pública a grado tal que la presencia de las fuerzas armadas para enfrentarlo es y será hasta el momento el último recurso. Felipe Calderón tenía razón en parte, pues el ejército era la única corporación con la fuerza suficiente para hacer frente a la hidra del narco en México, en lo que se equivocó fue en la estrategia, pues solo lo lanzó a las calles sin planeación y sin acciones alternas que le cerraran la puerta al crecimiento del crimen como golpear sus finanzas y trabajar en crear condiciones sociales para evitar que los jóvenes cayeran en las garras del crimen. Además de que sus perfiles principales que se dedicaban supuestamente a enfrentar el mal terminaron siendo parte del monstruo al cual enfrentaban. García Luna es el mejor ejemplo de lo señalado. Por ello, la iniciativa no encontró resistencia en la cámara de diputados en donde con 339 votos fue avalada y ahora seguirá su camino en las 32 legislaturas estatales en donde seguro estoy será también ratificada. Hasta el momento la iniciativa parece tener elementos positivos en su contenido, pues no solo se trata de avalar la permanencia del ejército en las calles, sino también fortalecer durante los próximos seis años a las policías locales y al sistema de seguridad pública nacional. La creación del fondo permanente para fortalecer los cuerpos policiacos en Estados y municipios y que se dé un informe semestral sobre el uso de estos recursos al congreso es un paso positivo, pero no suficiente, pues se tiene que trabajar al menos en los siguientes puntos: I. Vigilar el respeto a los Derechos Humanos durante las labores de seguridad pública del ejército, II. Atacar el financiamiento del crimen organizado con inteligencia financiera; III. Depurar las policías municipales y estatales de elementos viciados y perniciosos; IV. Establecer una coordinación real entre los tres órdenes de gobierno en materia de inteligencia en seguridad pública; V. Fortalecer los programas sociales que alejen a los jóvenes de la pobreza que los obliga a emplearse en el crimen organizado y VI. Discutir seriamente la posibilidad de la legalización de la mariguana para cortar fuentes de financiamiento de los grupos delincuenciales. No todo se arregla con dinero, se trata de sumar diversas acciones en una gran política pública de seguridad en donde se ataque el mal desde diversas aristas y que al final sea diseñada como una estrategia transexenal, es decir, que no se limite a los caprichos de un gobierno, sino que se le dé seguimiento sin importar el gobierno en turno hasta que los resultados comiencen a verse y solo entonces estaremos en condiciones de que los soldados regresen a sus cuarteles.