Autoproclamado pre candidato al gobierno del estado, Román Alberto Cepeda González, alcalde en funciones para desgracia de Torreón y los torreonenses, ya empieza a dar muestras de su voracidad y de lo que le espera a los ciudadanos de este municipio en los próximos meses, cuando inicie la operación recaudatoria que presuntamente soportara sus infundadas aspiraciones políticas.
Y es que si la luna de miel de Cepeda González con la ciudadanía fue sumamente breve, con la política recaudatoria que ha empezado a desplegar para financiar sus sueños guajiros terminará por abrir una brecha que será insalvable y que finalmente acabará por sepultar su ya de por si muerta pre campaña, y a la que solo él y únicamente él, le veía posibilidades reales de concretarse.
Muy seguramente, a través del operativo alcoholímetro que será reforzado y el cobro de ingentes recargos a los morosos del impuesto predial logrará reunir decenas de millones de pesos, pero al mismo tiempo estará perdiendo el capital más importante y necesario para ganar una elección: la confianza de la ciudadanía, que se traduce en votos, y donde no habrá dinero que le alcance para recobrar lo que está perdiendo a una velocidad inusitada. Vaya decepción ha resultado el alcalde torreonense.
Durante la semana, Luis Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana, señaló que en los próximos meses se endurecerán las sanciones entre los conductores que se pongan tras el volante después de consumir bebidas alcohólicas. Dijo que, de acuerdo a la Ley General de Movilidad Vialidad y Movilidad Urbana, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, se ajustará a la baja el valor para considerar a una persona en estado de ebriedad.
Actualmente, se considera estado de ebriedad cuando una persona registra 0.40 grados de alcohol en la sangre, mientras que con la nueva disposición bajaría a 0.25, lo que equivale a tomarse una copa de vino. De tal manera, que en dado caso de que un conductor registre ese valor en la prueba de alcoholemia ya no sería acreedor a una multa administrativa por aliento alcohólico, sino que se le retiraría la unidad para enviarla al corralón y el conductor pasaría la noche detenido.
De acuerdo con funcionario municipal, la medida no pretende ser recaudatoria, pues en el ayuntamiento torreonense “no estamos en contra de que la gente tome, sino en que conduzca después de hacerlo”.
Morales Cortés ya había intentado anteriormente convertir el operativo anti alcohol en una mina de hora, cuando meses atrás intentó aplicarlo de manera aleatoria, entre semana y en horario vespertino, pero la medida encontró una férrea oposición de la ciudadanía y del gremio restaurantero, por lo que finalmente se le dio para atrás. Actualmente, el alcoholímetro se aplica de jueves a domingo en horario nocturno, y representa un ingreso muy importante para el municipio, pues genera millones de pesos mensuales, de los que no se informa cuál es su destino final ni en qué se aplican dichos recursos, y ahora van por mas, mucho más.
De igual manera, se han empezado a aplicar multas desproporcionadas a los ciudadanos que no han pagado el impuesto predial, tal como se puede apreciar en diversas notas de medios regionales, como la que publicó el jueves 6 de septiembre El Siglo de Torreón, cuando una ciudadana denunció que solo por tener pendiente el pago del presente año, le hicieron llegar una notificación donde la multa por no pagar a tiempo era prácticamente el 100 por ciento del adeudo, algo totalmente desproporcionado.
Ese mismo medio reportó que decenas de ciudadanos se encontraban en la misma situación, como el caso de un ciudadano cuya deuda ascendía a los 3 mil 440 pesos, la multa por no pagar a tiempo era de 2 mil 862 pesos, a los que le agregaron gastos de notificación y ejecución, y cuotas de protección civil, centro histórico, bomberos, entre otros, para un total de ¡9 mil 193 pesos!, es decir, tres veces el adeudo del ciudadano identificado como “Vicente”. Sin embargo, el afectado solicitó un descuento mediante un formato, que seguramente será utilizado en tiempos electorales, con lo que le descontaron un porcentaje de la deuda y finalmente pago 3 mil 758 pesos. No cabe duda que la voracidad de Román Alberto Cepeda, fallido aspirante a la gubernatura, no tiene límites.
