El reciente caso de la enorme deuda que enfrenta el estado de Durango de más de 24 mil millones de pesos, ha puesto de nuevo bajo la lupa a los gobiernos estatales que en no pocos casos han demostrado una política financiera laxa y sin controles ni contrapesos, lo que ha provocado que varias entidades enfrenten un agujero en sus finanzas que compromete seriamente la viabilidad de los servicios más básicos que debe proveer el estado.
Como ya es de conocimiento público, el ex gobernador José Rosas Aispuro Torres, le heredó al actual mandatario duranguense, Esteban Villegas Villarreal, una multimillonaria deuda que, de acuerdo con las más conservadoras estimaciones, se estabilizara hasta dentro de dos años, lo que tendrá sumido al nuevo gobierno en una parálisis casi total para llevar a cabo obras de infraestructura, desarrollo económico y bienestar social, entre otros.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cada mexicano debe en promedio 4 mil 657 pesos, sin embargo, esta cifra puede variar de acuerdo al estado de residencia de cada ciudadano. De tal manera, que la cifra puede incrementar o disminuir si se vive en Nuevo León o Querétaro, entidades que en cuanto deuda pública estatal enfrentan realidades diametralmente opuestas.
El caso más crítico es el de Nuevo León, entidad donde cada ciudadano tendría que desembolsar 15 mil 237 pesos cada uno para saldar la deuda pública, luego de varias administraciones desastrosas que dejaron al estado sumamente endeudado.
Pero en Coahuila las cosas no están como para celebrar, pues cada coahuilense tendría que aportar 11 mil 458 pesos por habitante para pagar la megadeuda que se generó durante el gobierno de Humberto Moreira, que legó a su hermano Rubén, su sucesor, una deuda superior a los 35 mil millones de pesos, producto de varios créditos millonarios que se solicitaron, algunos de ellos, con documentos falsos y que luego legalizó el congreso local. Miles de millones de pesos se destinan anualmente del presupuesto estatal para el pago solo de intereses, pues el monto total ciertamente no ha reducido ni un peso. En la actualidad, la deuda coahuilenses es superior a los 37 mil 800 millones de pesos, lo que ubica a nuestro estado, según el semáforo la Secretaría de Hacienda, en color amarillo.
Pero el caso de Durango es especial, al tratarse de uno de los estados más pobres del país, y que nada más durante el segundo trimestre de este año registró un endeudamiento superior a los 9 mil 400 millones de pesos, para un acumulado de más de 25 mil millones de pesos, que lo ubica como la única entidad de México en semáforo rojo, de acuerdo con la SHCP.
El propio gobernador Esteban Villegas Villarreal, reconoció que la deuda estatal es la peor en la historia duranguense, de acuerdo a sus declaraciones en una gira por La Laguna de Durango: “sí, es el peor momento en la historia de Durango. Nunca había pasado esto”, dijo ante los medios de comunicación durante la presentación de su equipo de trabajo en la Comarca Lagunera.
La situación es tal, que en este momento la entidad no puede solicitar un crédito a ninguna institución, lo que agrava la falta de liquidez para cubrir los más de 12 mil 500 millones de pesos que tiene el estado en el corto plazo con proveedores y prestadores de servicios. Será por eso que el ex gobernador Aispuro Torres no se presentó a la toma de protesta de su sucesor, a sabiendas de la crítica situación en que dejaba las arcas estatales: vacías y endeudadas.
Por supuesto, la situación genera un efecto dominó, pues el gobierno duranguense adeuda a los municipios participaciones federales por el orden de los 146 millones a Gómez Palacio y 54 millones a Lerdo, ambos municipios gobernados por el PRI. Los recursos, que ya vienen etiquetados y no deben utilizarse para otro fin, seguramente ya no llegarán a los municipios, como reconoció la alcaldesa Leticia Herrera Ale, pues el estado no está en posibilidades de cubrir el adeudo. Esta situación ha comprometido las finanzas de todos los municipios, y los obliga a hacerse de recursos propios para enfrentar el desfalco generado por la anterior administración.
Lamentablemente, el de Durango no es el único caso, pues la mayoría de los estados que enfrentan esta situación, tienen como común denominador una administración que hizo y deshizo a su antojo, sin medidas de control ni contrapesos, y cuyo único gran legado será el triste recuerdo de quien se sirvió de su puesto para engrosar su patrimonio y el de sus allegados, sin importar dejar empeñado el futuro de la entidad que le tocó gobernar, llámese Durango, Coahuila o Nuevo León, entre muchos más.
