Luego de que la semana pasada representó el más alto síntoma de rompimiento en la alianza “Va por México”, debido a que el PRI se puso del lado de la Cuarta Transformación.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que la iniciativa priísta presentada en la Cámara de Diputados por la legisladora Yolanda de la Torre, para prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para realizar labores de seguridad pública hasta el 2029, viola un acuerdo firmado por los partidos PRI, PAN y el PRD.
Con el actual gobierno se tiene que reconocer que muchas cosas han cambiado. Quizá los cambios han sido menos de los que el gobierno cree y pregona, pero en muchos años las cosas han adquirido una dimensión diferente.
Sin embargo, la vida cotidiana en temas como la seguridad se mantiene en niveles similares, se han repetido estrategias que no estaban dando resultados. Quienes gobiernan eran severos críticos hacia dichas estrategias. Sus opiniones hacían ver que cuando ellos llegaran al poder las cosas cambiarían de manera tajante, se llegó a hablar de seis meses a un año.
En 2018, el triunfo del presidente López Obrador no solamente pasó por el hartazgo de años de panistas y priistas, sino también por ofrecimientos de cambio en salud, educación y particularmente seguridad.
Éstos son los renglones en que se deberá centrar el análisis sobre la presente administración. Los resultados han sido magros, sería lamentable que al final del sexenio la gran esperanza se convirtiera en otro paso atrás en la historia reciente del país.
La sociedad no lo merece. A pesar del optimismo del discurso, la realidad nos va alcanzando a la vuelta de la esquina. Entendiendo la función del discurso político sería de alto riesgo que no existiera conciencia al interior del gobierno, el hecho de que las cosas avanzan poco.
El tema de la militarización, más allá de que es otro centro de enfrentamiento, ha evidenciado, como lo ha reconocido el presidente López Obrador, un inquietante cambio de opinión respecto a quien lo que dijo durante décadas. Las y los legisladores morenistas parten de que, como ellos gobiernan, la militarización adquiere otra dimensión, lo cierto es que, en los hechos el cambio del que hablan no ha llegado.
No se cuestiona que la mayoría de las y los gobernadores quieran a los militares. Sin embargo, esos mismos gobernadores no han hecho absolutamente nada para fortalecer y crear fuerzas de seguridad civiles. Les resulta más fácil estirar la mano, porque, además poco o nada invierten y terminan dejando en los militares las responsabilidades sin que estén desarrollando estrategias locales.
Las críticas de López Obrador a quienes se oponen a la integración de la Guardia Nacional a la Sedena son excesivas. De nuevo está la máxima de si no estás conmigo, estás contra mí, no se acepta la crítica en un asunto en donde fueron los propios morenistas quienes se oponían de manera tajante a la presencia militar en las calles.
El tema militar nos tiene atrapados bajo aspectos legales que peligrosamente están pasando por encima de la Constitución. Se confunden la sumisión y la militarización de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional con la prolongación castrense en la seguridad pública hasta 2028. La primera ya fue aprobada y su destino es la Corte de Arturo Zaldívar, donde la Constitución se juega su vigencia en todas las controversias. La segunda ataca un artículo transitorio, el quinto, en contravención a la promesa de López Obrador de encuartelar a la milicia el 31 de diciembre de 2024.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien también es parte del pasado coahuilense, apela a que, anteriormente, los tenían sujetos a actuar sin un marco legal. Lo que no puede soslayarse es que con marco legal o sin él, los militares, entre los cuales está él, en diferentes ocasiones violaron los derechos humanos y fueron partícipes de hechos lamentables, los cuales están en la memoria colectiva.
A quien Rubén Moreira trató como gobernador de Coahuila cuando el general estaba adscrito a la Guarnición de Piedras Negras. Y sí, el coordinador de los legisladores priísta tiene una cercanía de tiempo atrás con el titular de la Sedena, convertido en exitoso cabildero político, habrá que subrayar que también el dirigente partidista, “Alito” Moreno sostiene una cultivada amistad con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Un antecedente que explica las palmadas y los secretos que intercambiaron el 1° de septiembre en el recinto de San Lázaro.
El gobierno federal dio a los diputados priístas una probadita de lo que puede ser su futuro si deciden acercarse, todavía más, a la coalición gobernante, aunque sea de pajes. Por primera vez en lo que va del sexenio el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que también le entra a la grilla, se dio tiempo para recibir a los diputados del tricolor encabezados por “Alito” Moreno, a quien de repente los secretarios de la Cuarta Transformación apapachan como si se lo mereciera. Hace pocos días se disponían a quemarlo en leña verde.
El golpe que recibió la alianza opositora la semana pasada será de difícil recuperación. Y en buena medida es verdad que “Alito” Moreno les cambió la jugada y los acuerdos, pero también que Marko Cortés y Jesús Zambrano cayeron en la trampa de ir por la oposición frontal al tema de seguridad cuando ni sus gobernadores ni las encuestas los respaldaban.
El paso ya está decidido. Y para formalizarlo, “Alito” Moreno garantizó que los 70 diputados federales del tricolor votarán a favor de que el Ejército se quede en labores de combate al crimen y narco hasta 2028. Una decisión que es apoyada por los gobernadores panistas, de MC y del PRI y por supuesto por los de Morena.
Aunque algunos senadores priístas como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Eruviél Ávila, ya han manifestado su rechazo, no se descarta que algunos otros integrantes de la bancada tricolor puedan votar de forma diferenciada y avalar la propuesta. Al ser reforma constitucional, se requieren dos tercios necesarios del pleno —86 si acuden los 128 senadores— para darle vigencia.
Eso de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, que dio paso a la impensable alianza entre PAN, PRI y PRD, parece que ya no aplicará más.
La coalición electoral permitió arrebatar a Morena algunas alcaldías en la Ciudad de México, descalabro, del que todavía no se recupera el partido guinda en la capital. También, ganaron la gubernatura de Durango, pero los panistas consideran que el costo de oportunidad que han pagado ha sido mayor a los dividendos. Ahora piden replantear y corregir la alianza con el PRI y con el PRD.
Si la oposición no tiene fuerza propia no hay manera de ganar elección alguna. La presencia e influencia del PAN, PRI y el PRD, están siendo cada vez menos trascendentes, a lo que se suma que no ofrecen alternativa alguna de su sistemática crítica al gobierno obradorista.
No se ve por dónde pueda cohesionarse la oposición. El ruido que ha metido el PRI empieza a dejar secuelas y enconos difíciles de superar. Algunos cuadros panistas han entendido lo que está pasando de manera clara, por lo que han planteado el rompimiento de la alianza con el PRI.
El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, quien está bien evaluado en su estado, ha lanzado una voz de alerta de lo que puede venirse con la alianza si el PRI se mantiene en ella. Empieza a vislumbrarse el hecho de que PAN y PRD mantengan el acuerdo a condición de que cambie la dirección en el PRI, lo cual se ve cada vez más complicado porque “Alito” Moreno se ha fortalecido de la mano de los acuerdos bajo la mesa con el gobierno y porque tiene en los estatutos del partido elementos para mantenerse como presidente hasta el segundo semestre del 2023. En el PAN la alianza empieza a ser un problema interno que le puede costar la cabeza a su presidente, Marko Cortés.
En política quien traiciona una vez, traiciona dos veces y hasta tres. No hay espacio para la duda. El presidente López Obrador encontró la fórmula para doblegar a los principales dirigentes del PRI, y lo seguirá haciendo. En vista de los nutridos expedientes judiciales en su contra y los escándalos de corrupción que lo acompañan a todas partes, “Alito” Moreno y Rubén Moreira, hoy están de rodillas y a las órdenes de Palacio Nacional. Así entonces, “Alito” Moreno entregando el PRI al presidente López Obrador y con ello dando una fuerte patada de mula a la oposición. Pudo más su pellejo que su convicción por México.
En el pecado llevaron la penitencia. Los gobernadores del PRI entregaron uno por uno todos los estados que encabezaban para evitar ir a prisión, y los más cínicos, para obtener una embajada o consulado.
El arresto de Jesús Murillo Karam fue un mensaje contundente para ambos. No hay alianza que sirva para ganar elecciones locales si los gobernadores temen perder su libertad. Van a cooperar y facilitarle la victoria a Morena. Pobres de los militantes priístas a quienes pondrán a trabajar inútilmente.
Así las cosas, resultaría más provechoso dejar morir al PRI e invitar a su militancia de oposición a sumarse al PAN
El presidente López Obrador está determinado a cerrar los acuerdos que sean necesarios con la oposición, particularmente, con el PRI para mantener al Ejército en labores de seguridad pública. El acuerdo con los priistas, en primera instancia, consiste en cesar la persecución político—judicial en contra del exgobernador campechano, “Alito” Moreno. Pero la jugada política puede ser de tres bandas, y a cambio, la Cuarta Transformación busca fortalecer a los priístas para que, de una forma u otra, influyan de manera determinante en las elecciones del Estado de México y Coahuila, en 2023. Es un acuerdo en el que, incluso, podrían sacrificar a la morenista Delfina Gómez, para que sea un hombre o una mujer —afín a “Alito” Moreno— el o la que gane las elecciones del próximo año.
En el caso de Coahuila, la idea es que Rubén Moreira haga una alianza de facto con el subsecretario de Seguridad Pública de México, Ricardo Mejía Berdeja, el candidato oficial de Morena, y juntos impidan que el gobernador Miguel Riquelme se apropie de la elección. Está claro entonces que, tanto en lo político como en lo judicial, hay un interés común entre Andrés Manuel López Obrador y el Clan “Moreno—Moreira" que controlan un sector importante del PRI, incluso, por encima del líder tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. De hecho, los priístas en el Senado podrían quedarse solos, ya que Ricardo Monreal —su principal aliado de Morena— trabaja en una operación cicatriz con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y es muy probable que, en los próximos días, veamos desayunando al zacatecano con el primer mandatario en Palacio Nacional, después de dos años de no reunirse con él. Y de esa forma ir allanando el camino para la militarización de la Guardia Nacional
Y a propósito del primer mandatario, con motivo de las Fiestas Patrias, literalmente, echo la casa por la ventana. Primero, ofreció el concierto de “Los Tigres del Norte” después del Grito de Independencia, donde proclamó el fin de la pandemia en el Zócalo capitalino. Y luego, al día siguiente, la ceremonia oficial del inicio de la gesta histórica, donde hubo invitados de honor de talla internacional, entre ellos, el hijo de Martin Luther King, el Dalai Lama, y familiares de Julian Assange y Evo Morales.
Vayamos descartando las alianzas opositoras para el 2023. La apuesta es temeraria. Los dos principales dirigentes del PRI, con el apoyo del Grupo Atlacomulco —o lo que queda de él— y de los gobernadores salientes Alfredo Del Mazo y Miguel Ángel Riquelme impondrán a sus candidatos Ana Lilia Herrera y Manolo Jiménez Salinas a las gubernaturas de sus estados.
En espera de que se oficialice la ruptura de la coalición política—electoral “Va por México”, lo cierto es que, a nivel local, los principales operadores de los partidos en los estados aún trabajan su propia estrategia de cara a los siguientes comicios, independientemente, de lo que definan las dirigencias nacionales, no solo en el Estado de México o Coahuila.
Ahora, comienzan las definiciones en Toluca. La voz de arranque la dio el gobernador Alfredo Del Mazo en su penúltimo Informe de Gobierno. Con esto dará luz la mezcolanza a la cual han sido llevados no nada más Coahuila y el Estado de México, sino también la alianza “Va por México” para 2024.
Las dos principales aspirantes, Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera, ya mostraron su interés por la postulación, su méritos curriculares y capacidades de crecimiento. En primera instancia contará las tendencias en encuestas serias, donde Alejandra y Ana Lilia se presentan con números del 30 al 35 por ciento de preferencias.
El mensaje de Alfredo Del Mazo en su Quinto Informe de Gobierno fue esperado con interés, informó, pero de los logros de Claudia Sheinbaum. El PRI ya entregó el Estado de México.
Un puñado de personajes de alto nivel de la Cuarta Transformación acompañaron a Alfredo Del Mazo en el evento con motivo de su Quinto Informe de Gobierno. Fue un alarde de civilidad política entre integrantes de partidos que están por emprender, dentro de pocos días, una competencia más que áspera, despiadada, por la gubernatura del Estado de México.
Estuvieron Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, juntos en el mismo evento, pero no revueltos. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se llevó los elogios, ya que Del Mazo reconoció su liderazgo en un tema complejo y trascendente como lo es el Plan de Abastecimiento de Agua para el Valle de México. A su vez, el secretario de Gobernación tuvo palabras de reconocimiento para el mandatario mexiquense que ha sabido, dijo, privilegiar la cooperación sobre la ideología.
A pesar de que formalmente la convocatoria de Morena para elegir a su candidato en Coahuila será dada a conocer en octubre, ya al interior del partido guinda se menciona que el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, es quien se enfila como el gran favorito para abanderar a la Cuarta Transformación. Pese a los embates que ha recibido por parte de la estructura del gobernador Miguel Riquelme. Ya las primeras impresiones que han llegado a la dirigencia nacional de Morena dejan entrever que Don Ricardo Mejía está dejando muy lejos a un muy molesto expanista, Luis Fernando Salazar.
Antes de que concluya septiembre habrá nuevos gobernadores en Durango y Quintana Roo, con lo que el mapa político del país se reajusta.
En Durango, el gobernador electo, Esteban Villegas, asumió el poder el 15 de septiembre,
en un evento al que acudieron representantes de primer nivel de los partidos políticos que lo postularon. Sin embargo, nos comentaron, que el gran ausente fue el dirigente nacional del PRI, “Alito” Moreno, a quien las dirigencias estatales de los partidos que integraron la coalición duranguense, lo ven como una persona non-grata, tanto por sus controversias como por las decisiones que ha tomado recientemente en perjuicio de la alianza “Va por México”. En Quintana Roo, donde no hubo alianza “Va por México”, diez días después, el 25 de septiembre, Mara Lezama será gobernadora.
En la Cuarta Transformación tienen más oportunidad de ser embajadores los gobernadores de oposición afines al gobierno que los integrantes de servicio exterior de carrera. Los políticos solo tienen que cumplir un requisito: no obstaculizar el triunfo de Morena en sus estados, y de ser posible, darle un empujoncito al partido oficial, y de ahí a entregar las cartas credenciales vestidos de gala, solo hay un paso.
Carlos Joaquín no tuvo empacho en sumarse a los esfuerzos de la Cuarta Transformación como tampoco lo tuvo cuando abandonó al PRI para irse a PAN. Va donde mejor lo traten y seguro la embajada en Canadá es una de esas ofertas que no se pueden rechazar, si no hay contratiempos, viajará pronto a Ottawa.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, enfrentará una prueba de fuego al final del año, cuando se discuta su presupuesto en la Cámara de Diputados. De entrada, el organismo aprobó un proyecto para el 2023 de 14 mil 439 millones de pesos. El monto incluye recursos para organizar el proceso electoral del Estado de México y Coahuila. Asimismo, considera el arranque del esperado 2024, que oficialmente iniciará el mes de septiembre del próximo año.
Además, contempla un presupuesto precautorio de 4 mil 025 millones de pesos para organizar una eventual consulta popular. Ese gasto operativo del INE representará el 0.9% del Presupuesto de Egresos de la Federación —PEF—, equivalente a 20 centavos por cada 100 pesos del gasto. Sin embargo, sobre el INE y sus consejeros cierne la amenaza de Morena para desaparecerlo y eventualmente aplicarle un recorte.
La Interpol ha emitido una ficha roja contra Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, propietarios de la empresa El Pinabete, y contra Cristian Elois Solís Saavedra, el encargado de la explotación de la mina en Coahuila en cuyo interior 10 mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto. Los trabajadores que consiguieron escapar no tardaron en denunciar las pésimas condiciones de seguridad bajo las que se veían obligados a trabajar.
En cuanto tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una investigación para el caso, que terminó con la imputación de estas tres personas. La institución señaló que buscaban a una persona que presuntamente manejó la “dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo”, y otras dos personas más que “incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral del pozo”.
Se programó una fecha para que los acusados se presentaran ante la justicia, pero no aparecieron. Fue entonces cuando se solicitó la ficha roja a la Organización Internacional de la Policía Criminal —Interpol, por sus siglas en inglés—, en la que participan 194 países.
La Fiscalía pretende juzgarles por el delito de “explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación”. La Ley de Bienes Nacionales sanciona con entre dos y 12 años de prisión “a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente”. Además, los dos propietarios serán acusados de haber permitido que “de manera ilegal se realizarán actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero”, según aparece en el comunicado emitido por la institución el pasado 4 de septiembre.
Desde que los 10 mineros quedasen atrapados en la mina, se ha especulado mucho sobre quién podría ser el responsable de esta. Para que el gobierno otorgue una concesión de explotación de una mina, la empresa debe cumplir unas condiciones mínimas de seguridad a sus trabajadores. En este caso, la concesión de la mina colapsada en la zona de Las Conchitas fue otorgada a la sociedad Minera Río Sabinas que después la transfirió a la empresa El Pinabete. Cristian Elois Solís Saavedra figuraba en los papeles como el dueño de esta empresa, pero este periódico ha informado de que existe la posibilidad de que sólo sea “un prestanombre”, alguien que firma los documentos pero que no toma las decisiones.
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