POR: MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO L.
Aquí estamos, siempre estamos/
No nos fuimos, no nos vamos/
Aquí estamos pa que te recuerde/
Si quieres mi machete, él te muerde.
Canción This is not América. Residente
Desde la noche del miércoles 25 de mayo y, sobre todo, el jueves 26 circularon notas informativas con encabezados como el de “individuos armados habían ingresado a la empresa vitivinícola Casa Madero”, y ya en el cuerpo de esas notas se leía que individuos desconocidos armados con machetes habrían violentado el acceso a las instalaciones de la empresa y causado considerables daños, así nomás, como si se tratara de integrantes del crimen organizado buscando intimidar para luego cobrar “protección”.
En el contexto de violencia criminal que estamos viviendo, no se necesitaba más para asumir que las notas de referencia presentaban un caso más de la ola de violencia irracional, esa que no necesita pretextos para hacerse presente en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, notas posteriores y, sobre todo, las declaraciones de los presuntos “individuos armados” mostraban que detrás de la auto victimización de Casa Madero se esconde un conflicto por el agua, un pleito entre la empresa y ejidatarios que aducen tener derechos sobre el líquido que requieren para sus respectivas actividades.
En realidad, los campesinos se hartaron de que año tras año se fuera reduciendo la cantidad de agua que llegaba a sus tierras para regar sus nogales mientras que, en contraparte, las tierras de la vitivinícola estaban cada vez mejor irrigadas. La explicación está en el hecho de que el curso del agua se controla desde una compuerta ubicada en terrenos de la empresa. Así que ese miércoles los campesinos simple y sencillamente destrabaron dicha compuerta, ubicada dentro de las instalaciones de Casa Madero, lo que permitió presentar a los ejidatarios como “asaltantes armados con machetes que irrumpieron para apoderarse de la infraestructura de riego”.
En realidad, el incidente muestra que la escasez de agua es un problema que está creciendo vertiginosamente, sin dar tiempo a la generación e instrumentos jurídicos que permitan hacer una gestión más justa de los recursos naturales. A ello hay que agregar la cultura del desperdicio que muchos ciudadanos tenemos, pero sobre todo la estructura legal de acceso al vital líquido, una estructura profundamente desigual en la que, para variar, los más débiles son los que resultan más perjudicados.
Uno de esos instrumentos que forman parte de la estructura legal e institucional lo constituyen los acuerdos firmados al interior de la Asociación de Tajos de Aguas de Parras, así como un decreto presidencial de 1993 que dota a los integrantes del ejido San Lorenzo de 50 litros por segundo de agua para uso agrícola que debe salir del compartidero La Parrita que se encuentra dos metros al interior de la propiedad de la empresa. Esta circunstancia es la que deja en indefensión a los ejidatarios y, precisamente por eso, ingresaron a las instalaciones para abrir la compuerta con la que Casa Madero había reducido el volumen a solo 30 litros por segundo para los ejidatarios, mismos que aseguran que a últimas fechas ya ni esa cantidad les llegaba.
Ya en 1992 el Tribunal Agrario había dictado sentencia favorable a los campesinos en esa disputa, sin embargo, es obvio que este tipo de conflictos exige una nueva institucionalidad, un mejor y más actualizado marco legal y, sobre todo, garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas. Hoy es el conflicto entre una empresa y un ejido, pero también los habrá entre pueblos, entre ciudades e incluso, entre países.
