La mejor columna política de La Laguna, por SinCensura®.
Gobernadores en la mira: descomposición morenista.
Tres gobernadores de Morena han saltado a los titulares este fin de semana. Y no por obras públicas, proyectos de seguridad o avances sociales. No. La noticia es el grado de descomposición institucional que representan: Salomón Jara (Oaxaca), Rubén Rocha (Sinaloa) y Marina del Pilar Ávila (Baja California).
Cada uno, desde su trinchera, representa un síntoma del agotamiento de un régimen que presume transformación… mientras se carcome por dentro.
Oaxaca: entre la cursilería y la violencia.
Salomón Jara se autoproclamó el poeta de la política con su “Primavera Oaxaqueña”. Pero la lírica le duró menos que un acto cívico.
Hoy Oaxaca vive su peor crisis de seguridad: ejecuciones, desapariciones y una delincuencia común desbordada. Ni los hospitales, ni las carreteras, ni las escuelas son ya zonas seguras. La población le gritó en público —y sin miedo— lo que muchos piensan en privado: ¡fuera Jara!
El rechazo social no viene de los conservadores que tanto invoca el discurso presidencial, sino de los que conservan apenas lo necesario: sus empleos, sus familias, su vida.
Sinaloa: el narco en las venas del poder.
Rubén Rocha tampoco canta mal las rancheras. En Sinaloa, los enfrentamientos entre grupos criminales se han convertido en parte del paisaje. Dos menores muertos en medio de la violencia, personal médico secuestrado, hospitales sin seguridad, carreteras bloqueadas, y un gobernador que “hace como que hace”.
La narcopolítica no es novedad. Lo que sí alarma es la naturalización del terror. Que un viernes cualquiera aparezcan mantas pidiendo la intervención de la presidenta para frenar secuestros colectivos en el sector salud no es normal. Pero lo estamos normalizando.
Y Los Mochis, considerado hasta hace semanas un oasis de calma, ya fue alcanzado por la guerra entre los “Mayitos” y los “Chapitos”.
Baja California: visa cancelada, escándalo asegurado.
Pero sin duda, el caso más escandaloso es el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California y presidenta de la famélica Conago. El Departamento de Estado de EE.UU. le canceló la visa a ella y a su esposo, Carlos Torres.
No hubo explicaciones públicas. No las necesitaban.
La gobernadora improvisada publicó un video en redes donde asegura que “no hay señalamientos formales”. Pero todos sabemos lo que implica que el gobierno estadounidense, bajo el nuevo mandato de Donald Trump, retire una visa diplomática a un alto funcionario mexicano. Y más aún, que también les congelen cuentas bancarias.
Esto no es diplomacia. Es un mensaje.
¿La respuesta mexicana? Hasta ahora, el silencio. Ni la Cancillería, ni Sheinbaum, ni el consulado han explicado cómo es que la presidenta de la Conago se queda sin acceso al país vecino mientras organizaba, irónicamente, un tianguis turístico con carácter binacional.
Trump manda señales… y no son suaves.
El endurecimiento de la política exterior de Trump no es nuevo, pero esta vez va directo a la yugular.
Según fuentes diplomáticas, hay una lista negra de funcionarios mexicanos bajo investigación por corrupción, lavado de dinero, extorsión a empresas norteamericanas y, en algunos casos, vínculos con el crimen organizado. La gobernadora bajacaliforniana fue la primera en caer, pero no será la última.
Los rumores ya hablan de una posible licencia, de sustituciones, de renuncias en su gabinete. Y lo peor: de una red de complicidades que no se limita al norte del país.
¿Y el gobierno federal?
La 4T se ha quedado sin discurso.
Porque si se valida la acusación desde Washington, se traiciona la narrativa del combate a la corrupción. Y si se la desacredita, se abre un conflicto con el principal socio comercial de México justo cuando Trump amenaza con dinamitar el T-MEC.
En otras palabras: la crisis no es local, es sistémica.
Los gobernadores de Morena ya no sólo son ineficaces: son peligrosos. Para sus estados, para la democracia… y para la frágil diplomacia que nos queda.
Ganado detenido, economía tocada.
No hace muchos días, el flamante secretario de Agricultura, Julio Berdegué, presumía en Palacio Nacional que se había alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para combatir la plaga del gusano barrenador… sin frenar la exportación de ganado mexicano.
Una pausa que no es menor: implica pérdidas millonarias para miles de productores en el norte del país, especialmente en estados ganaderos como Sonora, Chihuahua, Durango y, por supuesto, Coahuila.
Coahuila en la línea de fuego.
En Coahuila, donde la ganadería representa uno de los pilares del campo y una fuente clave de exportación hacia el mercado texano, la suspensión ha caído como balde de agua helada.
Y ahora, con la frontera cerrada al ganado, todo eso se tambalea.
¿Y Manolo?
El gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha apostado por convertir a Coahuila en un destino confiable para la inversión nacional y extranjera, enfrenta un nuevo reto inesperado. A la inseguridad contenida, ahora se suma el riesgo de una crisis ganadera.
Fuentes en la Secretaría de Desarrollo Rural señalan que el mandatario ya sostuvo comunicación con autoridades del Departamento de Agricultura de EE.UU. y busca, a través de la Cancillería, establecer un canal de diálogo técnico que permita reactivar cuanto antes las exportaciones.
Además, se ha reforzado la campaña de inspección y saneamiento en ranchos certificados en la región norte, con apoyo del Senasica y brigadas de veterinarios locales.
Lo que está en juego.
No se trata sólo del ganado: lo que está en juego es la estabilidad de miles de familias que dependen directa o indirectamente del campo y de las exportaciones agropecuarias.
Y también está en juego la credibilidad de una política federal que un día presume acuerdos bilaterales y al siguiente los ve derrumbarse con un simple memorando gringo.
Mientras tanto, en el norte, los corrales están llenos… pero la economía comienza a vaciarse.
El ministro Alberto Pérez Dayán cumplió su promesa.
Lo hizo en silencio, sin conferencia de prensa, pero con una eficacia quirúrgica: rompió el bloque de resistencia dentro de la Suprema Corte y otorgó el voto decisivo que dio vigencia a la reforma que, irónicamente, busca desaparecerlos.
Fue un golpe directo al corazón del sistema judicial como lo conocemos desde mediados de los noventa. Y lo dio alguien que hasta hace meses aparecía como uno de los contrapesos más firmes del Ejecutivo.
Norma Piña, Luis María Aguilar, y en menor medida Janine Otálora, quedaron en minoría. No pudieron contener la embestida, ni mucho menos el desmoronamiento interno.
¿Y a dónde iría el ministro ahora que ya se ha vuelto prescindible para el relato de resistencia?
La respuesta ya se rumora: a Madrid.
Condecoraciones a la carta.
Y si de premios hablamos, ¿qué decir de los cuatro magistrados electorales que validaron la sobrerrepresentación de Morena en el Poder Legislativo?
Apenas uno se negó: Janine Otálora.
El resto asumió sin reservas su rol en la consolidación de un Congreso a modo, con Morena y aliados alcanzando curules no por votos, sino por favores.
La república, la corona y la esposa del expresidente.
Mientras tanto, allá en España no hay excepciones.
Ni para expresidentes como Carlos Salinas o Enrique Peña Nieto, ni para figuras del espectáculo, la cultura… o la política tropical.
La embajada española en México fue clara: la solicitud de Beatriz Gutiérrez Müller para obtener la nacionalidad ibérica sigue un trámite ordinario, sin tratos preferenciales.
La revisión será rigurosa. Se analizarán sus documentos, argumentos y… su lealtad.
Uno de los requisitos —dice la fuente diplomática— es jurar obediencia a la Corona, actualmente representada por Felipe VI, a quien el mismo gobierno mexicano pidió disculpas por la conquista, en una carta que generó más memes que reflexiones.
Pero lo interesante no es el juramento.
Lo interesante es que, según revelan desde la sede diplomática, Gutiérrez Müller no invoca su relación con el presidente ni hace uso de su historial político. Presenta su petición como ciudadana individual, sin palancas ni discursos.
Justicia en campaña: arranca la elección judicial en Coahuila.
Coahuila vive un proceso inédito: por primera vez en su historia, los magistrados y jueces del Poder Judicial local se someterán al juicio de las urnas.
El que realmente ha tomado el liderazgo de esta contienda es el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup.
A pesar de los dimes y diretes, las versiones cruzadas y la grilla habitual en los pasillos judiciales, Miguel Mery Ayup ha mantenido el orden, la neutralidad operativa y sobre todo la claridad jurídica.
Mientras algunos se empeñan en contaminar el proceso con rumores o intereses ajenos, el mensaje desde la presidencia del Tribunal de Justicia del Estado ha sido contundente: aquí se compite con méritos, no con padrinos.
Y eso ha marcado la diferencia.
El 9 de mayo iniciaron formalmente las campañas para aspirantes a magistrados del Poder Judicial del Estado, y el próximo 19 de mayo lo harán quienes buscan convertirse en jueces locales.
Es la primera vez que la ciudadanía podrá elegir de manera directa a quienes imparten justicia en Coahuila. Y aunque muchos se preguntan si esto traerá verdaderos cambios, el movimiento ya comenzó y hay perfiles que destacan con fuerza.
Los nombres que toman ventaja entre quienes compiten para el cargo de jueces de distrito, los que ya llevan clara ventaja en territorio, estructura y presencia pública son Jorge Trejo Veloz y Maribel Villanueva Salas.
Jorge Trejo Veloz ha sabido conectar con un electorado nuevo: el del ciudadano que por primera vez verá una boleta con nombres judiciales. Con una campaña firme desde muy temprano —literalmente— ha recorrido mercados, foros y redes sociales bajo la bandera de una justicia veloz, cercana y sin disfraces.
Maribel Villanueva Salas, por su parte, construye desde la experiencia y la solidez, pero efectiva. Su posicionamiento avanza con pasos concretos, sin escándalos, pero con estrategia.
Valeria, la magistrada imparable.
Pero si hay una candidata que parece haber descifrado con precisión lo que requiere esta elección, esa es Valeria Delgado Urby.
Tiene presencia, conocimiento, discurso, técnica y, lo más importante, legitimidad. No hay un foro donde no haya dejado huella, entre las aspirantes, es quien mejor contenido de redes sociales ha logrado consolidar.
El resto del tablero. Detrás de este tridente, aparecen otros perfiles como Jasmín Ramos y Lupita Carranza, quienes se han esforzado por mantener visibilidad y discurso, aunque sin lograr aún el arrastre territorial ni mediático de las punteras.
Y muy atrás —tratando de colarse— aparece Jorge García Sotomayor, su campaña parece haberse quedado sin oxígeno desde el arranque. No basta con tener un apellido; hace falta mensaje, presencia y estructura.
Este proceso, más allá de las boletas y las urnas, será una medición real de legitimidad para el nuevo modelo de justicia en Coahuila.
Coahuila pone la ley en manos del pueblo. Y el pueblo, por primera vez, decidirá quién debe impartir justicia… y quién debe regresar al archivo muerto.
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