POR: AGENTE 57
Arrancamos… Abrir una empresa en México es relativamente sencillo. Primero, se acude a un notario para constituir la empresa. El único requisito es que sean dos socios, uno de los cuales puede fungir como representante legal. Segundo, con el acta ya expedida, el notario la preinscribe en el SAT a través de internet y tramita la clave del RFC. Y tercero, quien haya sido nombrado como representante legal acude en persona al SAT para, en un mismo día, tramitar la firma electrónica y así poder emitir facturas. Por último, se acude a un banco a dar de alta una cuenta, y listo. Incluso, estos cuatro pasos se han simplificado aún más desde febrero de 2016, tras la última reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual la Cámara de Diputados aprobó una figura que se denomina Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). En esencia, esta figura busca la creación de empresas a través de internet hasta en un solo día y a costo cero, favoreciendo la reducción de trámites burocráticos que complicaban y encarecían la constitución de una compañía. Con esta reforma ya no es necesario acudir ante un notario porque el proceso se puede hacer en línea. Además, se pueden crear empresas de manera unipersonal, debido a que ya no se requiere tener un socio para crearla. «Nunca antes había sido tan sencillo, rápido y económico iniciar una empresa», presumió el presidente Peña Nieto durante la entrega del premio Nacional del emprendedor 2015. Y según las estadísticas, parece que es cierto; en 2008, México ocupaba el lugar 75 de 180 países en la lista Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad para abrir una empresa y poder hacer negocios en un país. Para 2016, México había avanzado 10 lugares, hasta la posición 65. Y, según el último informe de 2017, México escaló otros 18 puestos hasta situarse en el lugar 47, por delante de naciones como Brasil, Chile e Italia. Pero no todo son buenas noticias. La facilidad para abrir rápidamente una sociedad mercantil a través de internet también ha generado que, evidentemente, constituir empresas fantasmas sea algo rápido, sencillo y económico. También las estadísticas oficiales así lo evidencian en junio de 2014, cuando el SAT comienza a publicar su «lista negra» de sociedades que simulan operaciones, tan sólo ocho empresas fueron declaradas oficialmente como «fantasma». En junio de 2015, la cifra aumentó a 248. Menos de un año después, cuando en mayo de 2016 se publicó la investigación «Las Empresas Fantasma de Veracruz», la cifra se disparó a 681. Y para noviembre de 2017, ya sumaban 2 mil 181 empresas declaradas oficialmente como fantasma. Se estima que esas miles de empresas fantasma han facturado operaciones inexistentes por más de 900 mil millones de pesos. Toda una fortuna con la que, por ejemplo, se podría pagar dos veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública o pagar 15 veces el presupuesto para los servicios de educación superior, o hasta 20 veces el costo de la UNAM, la máxima casa de estudios del país. Los tocos rojos que alertaron de este aumento masivo de empresas fantasma, comenzaron a prenderse tras detectar múltiples compañías con socios cuyos perfiles socioeconómicos evidenciaban que no tenían la capacidad para cumplir con los servicios. Otro foco de alerta se encendió cuando empresas con giros comerciales totalmente distintos para los que eran contratadas empezaron a ganar millones para dar supuestos servicios; esto es que una empresa que se dedica a organizar charradas o a vender zapatos, por ejemplo, fuera contratada para dar asesorías a Pemex. ¿Y quién o quiénes están detrás de esa trama? El verdadero crimen organizado. Una empresa fantasma por si sola no sirve para nada, no funciona. Requiere de toda una ingeniería ideada y Operada por abogados, contadores públicos, notarios, asesores financieros y ejecutivos de bancos. Y, evidentemente, se necesita del contubernio de funcionarios en el Gobierno, para simular contratos de obra o de prestación de servicios con dichas empresas, maquillando licitaciones o adjudicaciones directas, para que el dinero público fluya y se reparta entre los bolsillos de la corrupción. Ese «conjunto de agentes, de abogados y contadores, son los operadores de la trama; esto es, son quienes se encargan de buscar a prestanombres para constituir las empresas. Algunas veces, estos prestanombres dan su credencial de elector porque les ofrecen apoyos de todo tipo; en otras, porque los amenazan o extorsionan; y, en muchas otras, porque les dan unos pocos pesos para que sus datos personales sean los que figuren en las actas de la sociedad, siendo ellos quienes quedan expuestos ante la autoridad en caso de ser descubiertos. En otros casos, el mecanismo para «fabricar» accionistas al por mayor es aún más rápido y sencillo: los operadores falsean documentación o roban las identidades de personas. De tal forma que, en muchos casos, los prestanombres se enteran de que lo son cuando el SAT inicia una investigación en contra de ellos y la empresa de papel de la que eran supuestamente dueños ya se esfumó. Posteriormente, con las credenciales de los prestanombres se abren cuentas de cheques, en las que las firmas registradas son las de los operadores reales de la trama delictiva Así, éstos se aseguran el control del dinero en todo momento. Y por último, los rendimientos de las transacciones por servicios simulados se transfieren a los verdaderos dueños del negocio que permanecen ocultos en la sombra o a las personas que estos designen, por lo general familiares u otros operadores allegados a ellos. En definitiva, se trata de una trama «plenamente armada» en la que los verdaderos dueños del negocio ganan millones asumiendo riesgos mínimos, puesto que los prestanombres, que viven en rancherías o en colonias marginales, son quienes ponen la cara por ellos sin recibir un solo céntimo de las ganancias. MI VERDAD. - Estamos ante empresas que desvían recursos, lavan dinero y actúan como delincuencia organizada.
