Francisco I. Madero,Coah.-
Este jueves se presentó una demanda de juicio político, ante la Comisión Instructora del Congreso de Coahuila, contra el alcalde morenista Jonathan Ávalos Rodríguez.
El procedimiento lo solicitaron el primer regidor Juan Carlos Perales Esparza y Magaly Rodríguez Sotelo, quien participó como candidata a la alcaldía, postulada por el Partido del Trabajo (PT).
De acuerdo a la explicación que dio el abogado del edil, Rafael Macias Rodríguez, la denuncia es por violación a los derechos humanos, usurpación de funciones, prevaricación y uso indebido de recursos públicos, así como por violencia política de género y delitos electorales, en agravio de la también exdirectora de Salud Municipal.
Lo anterior dijo tras la simulación jurídica que hicieron contra el primer regidor, que derivó en una inhabilitación por parte de la Contraria Municipal, luego de que el edil entregó a El Siglo de Torreón un expediente que contenía detalladamente las inconsistencias que detectó la Auditoria Superior del Estado de Coahuila (ASEC), en el uso y manejo de los recursos de la cuenta pública del 2019.
“Son cuatro delitos que configuran un juicio político y de aquí van a recabar dos oficios que le estoy girando al Ministerio Público, sobre las demandas de orden penal; por violación a los derechos humanos, usurpación de funciones y uso indebido de los recursos públicos, pues no se solventaron las observaciones que hizo la Auditoria Superior del Estado de la cuenta pública, pero en su momento se presentaron también las denuncias en la Fiscalía del Estado, ante el INE (Instituto Nacional Electoral) , que luego se remitió ante el IEC (Instituto Electoral de Coahuila) por violencia de género y una de delitos electorales está en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales” recalcó.
Agregó que esas denuncias se tuvieron que acreditar, pues afirmó que hubo omisiones en la conducta o desempeño del cargo por parte del alcalde, incluso también podría haber sanciones contra el resto del Cabildo por ser omisos en la violación a los derechos del regidor, la indebida inhabilitación.
“Se hizo un procedimiento indebido, ilícito que carece de motivación y sobre todo que no tiene la formalidad legal, que lo hace nulo, por que ellos abren un procedimiento sancionador, por que la Auditoria Superior del Estado, les dice investiga y de acreditar una responsabilidad pero nunca le dicen que sancionen, por que la Unidad Jurídica de la Auditoria nunca ordena una sanción.”
El abogado declaró que, si bien la Contraloría tiene facultades para aplicación sanciones administrativas o llamadas de atención, siempre y cuando se cometió alguna falta no grave, pero si se determina que la falta es grave le corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues además la presunta falta fue en agravio de la Auditoria Superior del Estado por filtrar la información, pues fue el alegato del que se “agarraron” para inhabilitarlo y en este caso se pudo comprobar que la auditoria se reservó el derecho a fin de que el Congreso del Estado fincara la responsabilidad.
“La conducta de Juan Carlos no es sancionable, penable, por que no se afectó la hacienda pública, ni el patrimonio del municipio o la recaudación de impuestos. Aquí el chiste es saber quien filtró la información y el procedimiento era para sancionar esa conducta y esa información la tenía el contralor, el alcalde y la misma auditoria y aquí no se trata de quien hizo la publicación sino de quien entregó esa información, de donde salió”.
